Martes 13 de abril, 2021
  • 8 am

Off the record

El uso de los vehículos oficiales para fines particulares de los jerarcas es un viejo tema.
Diríamos que su origen data del momento en que hubo un funcionario público con coche a su disposición.
Es demasiado fuerte la tentación -y demasiado débil la voluntad de los hombres- para resistir la seducción de utilizar un coche ajeno sin tener que pagar alquiler, ni siquiera el combustible.
Hay una antigua tradición nacional, enriquecida con múltiples ejemplos aportados en la marcha de los acontecimientos cotidianos.
* En los años 50, el diputado Carlos V. Puig pidió a un chofer de la Cámara de Diputados que fuera al puerto de Montevideo y retirara una caja de palmitos que le enviaba un amigo desde Asunción del Paraguay.
El hecho llegó a conocimiento de un colega, que seguramente le tenía inquina a Puig, y le dio estado parlamentario al suceso. La consecuencia fue un pequeño, aunque ruidoso, escandalete. Ah…el funcionario cumplió la misión en una camioneta del Parlamento.
* Más cerca en el tiempo, un ex ministro de Trabajo se dirigió, en tarde sabatina, en el coche oficial a un supermercado ubicado en el barrio Carrasco.
Cuando se retiraba con el surtido, un transeúnte lo increpó duramente por circular en el automóvil del Estado con fines ajenos a la función.
En materia de transgresiones de la normativa sobre locomoción oficial, ¿quién se anima a arrojar la primera piedra?