Martes 16 de agosto, 2022
  • 8 am

Un programa para los ni-ni – Columnistas

Pablo Mieres
Por

Pablo Mieres

267 opiniones

Pablo Mieres.
La nueva propuesta del gobierno en materia de políticas sociales, orientada a buscar la reinserción social de un sector de los jóvenes que no estudian ni trabajan, parece reiterar una vieja práctica equivocada, consistente en otorgar subsidios a ciertos beneficiarios, sin que se exijan las imprescindibles contrapartidas y condicionalidades.
En nuestro país se ha transitado peligrosamente hacia un modelo de prestaciones pecuniarias dirigidas a personas y hogares de menores recursos que generan conductas que no van en la dirección adecuada para lograr la reintegración social de los correspondientes beneficiarios.
Nosotros antes que el Frente Amplio llegara al gobierno presentamos un proyecto de ley por el que se instrumentaba un sistema de Asignaciones Familiares dirigido y focalizado en los hogares en situación de pobreza. La propuesta implicaba un significativo aumento del monto de la prestación pero, al mismo tiempo, vinculaba el goce de este subsidio a la asistencia escolar, la que debía ser chequeada y confirmada más de una vez al año.
Obviamente, aquellos que no cumplían con la obligación de enviar y mantener a sus hijos a cargo en el sistema educativo perdían el derecho al cobro del subsidio.
El gobierno del Frente Amplio instrumentó un sistema de cobertura de las Asignaciones Familiares muy similar al que nosotros propusimos, sin éxito, a comienzos de este siglo. Sin embargo, nunca instrumentó la verificación de la contrapartida establecida.
La lógica de la contrapartida es que esta se convierta en una condición para el goce del beneficio, de otro modo no tiene otra significación que una mera referencia formal. Pues bien, el gobierno del Frente Amplio no ha cumplido con la normativa que el propio gobierno generó. Por razones que no conocemos no ha querido instrumentar un sistema de control que permita constatar que los hogares que reciben este aporte pecuniario, actualmente significativo cuando se trata de hogares con un número importante de menores a cargo, efectivamente cumplen con el deber de que sus hijos asistan y permanezcan en el sistema educativo.
No se controla porque no hay voluntad política de suspender el beneficio a los incumplidores, de este modo se promueve o alienta la despreocupación y la falta de seguimiento de las situaciones correspondientes. No debe olvidarse que, además, la asistencia de los menores al sistema educativo es una obligación que surge del instituto de la Patria Potestad.
Ahora se anuncia un plan para apoyar con dinero, alrededor de $ 4.000, a los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Se ha medido bien el impacto de esta medida? ¿Es un incentivo para la reintegración social o, por el contrario, es una nueva forma de generar dependencia del Estado y favorecer conductas contrarias a la integración social?
Pero, además, en el caso concreto, el problema de los que desertan del sistema educativo es, fundamentalmente, que la opción educativa no genera ningún tipo de atractivo. En efecto, hace unos meses un equipo de economistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República probó que la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, la aprobación de más años de estudio, no representaba mejoras en las oportunidades laborales. Para decirlo más fácil, no existe una relación entre el número de años aprobados y el tipo de empleo y los niveles de remuneración a los que se pueden acceder.
Entonces, la conducta de muchos jóvenes y adolescentes que se van del sistema educativo tiene una racionalidad muy clara, perversa pero muy nítida: ¡¡¡están perdiendo el tiempo al permanecer estudiando!!! Trágico pero real.
Entonces, alguien debería explicarnos cómo se va a resolver este problema mediante el mero hecho de darles a estos jóvenes una cantidad de dinero mensual para que vuelvan al sistema educativo. El único cambio auténtico que debe ocurrir es que la educación vuelva a cumplir una función cierta como mecanismo de ascenso social.
Si la educación recupera su capacidad de generar diferencias en las oportunidades laborales entre los que asisten y completan un ciclo de enseñanza y los que no lo hacen; entonces es muy probable muchos de los jóvenes que hoy se han retirado del sistema educativo no lo hagan, puesto que su asistencia escolar les proporcionará el correspondiente retorno laboral y de ingresos.
De lo contrario seguiremos alimentando una creciente batería de subsidios sociales, disfrazados de política social, que no tiene otro objeto que acentuar la dependencia del Estado y consolidar un modelo de la más rancia tradición asistencialista. Nada más lejano a una política social de izquierda.