Sábado 10 de abril, 2021
  • 8 am

El destino institucional del Ministerio Público y Fiscal – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Por el Dr. Fulvio Gutiérrez *
Sorprende que el actual Gobierno, a pocos días de su cese constitucional, remita al Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley que crea la Fiscalía Nacional como un "servicio descentralizado", en sustitución de la actual Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Por una razón de lógica pura y hasta de sentido común, una reforma institucional de tal importancia o debió haberse presentado hace bastante tiempo, o debió dejarse la iniciativa al Gobierno recientemente electo.
O por lo menos, debió ser consultada con el Gobierno electo, pues las discrepancias se conocieron en forma inmediata.
Primero, personeros del Gobierno electo manifestaron que la referida reforma se iba a realizar mediante un Decreto y no mediante una Ley. Imaginamos que para hacerla mediante un Decreto, quienes sostuvieron tal posición habrán pensado en aplicar el instituto de la "redistribución de atribuciones y competencias" de los Ministerios que establece el art. 174 de la Constitución, aunque no se expresaron en tal sentido. Es decir, el Consejo de Ministros podrá redistribuir las atribuciones y competencias de los Ministerios mediante un Decreto, aunque éstas hayan sido establecidas por una Ley. Es lo que se denomina "competencia contra legem".
Inmediatamente conocimos posiciones de otros representantes del Gobierno electo, que criticaron la utilización de tal procedimiento constitucional, afirmando que una modificación de tal naturaleza, solo se puede hacer mediante una Ley; sin perjuicio de que al parecer, desconocían que ya el Presidente Mujica había enviado al Parlamento un proyecto de Ley en tal sentido.
En segundo lugar, surgió otra discrepancia -ahora con la manifestación expresa de políticos de la oposición- que se centró en la naturaleza jurídica del Ministerio Público y Fiscal. Es decir; ¿conviene que continúe de alguna forma bajo la égida del Poder Ejecutivo, o conviene que se cree algún organismo autónomo que lo separe definitivamente del Poder Ejecutivo? Obviamente que también surgieron posiciones intermedias, como la del proyecto mismo que propone transformar al Ministerio Público y Fiscal en una Secretaría del Poder Ejecutivo.
Todo esto, sin perjuicio de que el texto remitido al Parlamento, también fue objeto de críticas en varios de sus artículos.
Con referencia a la primera discrepancia de orden formal, entendemos que la reforma proyectada o cualquiera que surja en el mismo sentido, necesita sin duda alguna de una Ley Nacional. En efecto, la facultad de redistribuir atribuciones y competencias de los Ministerios que se le otorga al Consejo de Ministros, es precisamente eso, "redistribución", o sea cambiar determinadas atribuciones o competencias de un Ministerio a otro. Pero nada más. No sería constitucional entonces, crear bajo la máscara de "redistribuir", una nueva organización del Ministerio Público y Fiscal, con nuevas atribuciones y nuevas competencias, como en definitiva es lo que se pretende, cambiando incluso su naturaleza jurídica. Por otra parte, ningún Decreto del Poder Ejecutivo, puede en modo alguno, modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, o en su caso, el Código General del Proceso, que refiere a él en sus arts. 27 a 30.
El argumento que se ha expresado por algún jurista, en el sentido de que ni siquiera por Ley se puede sacar de la competencia del Poder Ejecutivo al Ministerio Público y Fiscal, no es correcto. El art. 168 Nral. 13 de la Constitución, lo que claramente establece es la competencia que tiene el Poder Ejecutivo (ya sea mediante "acuerdo" o por decisión del Consejo de Ministros) para la designación del titular del cargo de Fiscal de Corte o de los cargos de Fiscales Letrados de la República (requiere venia del Senado o de la Comisión Permanente con una mayoría de 3/5 de sus integrantes); pero no prescribe que dicho Organismo deba permanecer en la órbita de dicho Poder del Gobierno.
Reconocemos que la salida del Ministerio Público y Fiscal de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y por ende del Poder Ejecutivo, es una antigua aspiración de muchos operadores del sistema judicial, que consideran negativo que el servicio dependa administrativamente del Poder Ejecutivo, lo cual compartimos. Es más, si analizamos las normas constitucionales y legales de los países americanos, como Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela, vamos a encontrar que los Ministerios Públicos de estos países, tienen autonomía y descentralización, más allá de que en varios de ellos, el Poder Ejecutivo interviene en la designación de sus titulares, pero siempre con venia del Parlamento, y en algunos casos, utilizando el sano procedimiento del llamado público a aspirantes, siempre y cuando cumplan exigentes requisitos vinculados a sus conocimientos técnicos y correcta conducta personal.
Lo real es que la importancia de un Organismo de dicha naturaleza, nos inclina a apoyar todo proyecto de ley que pretenda, en primer lugar, otorgarle una independencia y autonomía técnica, similar a los Órganos de Contralor de nuestro Estado, como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral; y en segundo lugar, a que cualquiera sea lo que se pretende, se ajuste estrictamente a nuestra Constitución.
* Profesor Adjunto Efectivo de Derecho Público Iº y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local, en la Facultad de Derecho de la Regional Norte de la Universidad de la República.