Lunes 16 de diciembre, 2019
  • 8 am

El “fracking” y los gobiernos departamentales – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez. (*)
La prospección de nuestro suelo en busca de petróleo y gas natural, trajo a la consideración pública y especializada, dos discusiones importantes: la procedencia del "fracking", y la competencia en este tema de los Gobiernos Departamentales.
En cuanto a lo primero, digamos que hay dos técnicas para la extracción de petróleo o gas natural: 1) El procedimiento tradicional de extracción, se hace mediante una perforación vertical hacia la napa de la roca en la cual se encuentras el yacimiento. 2) Una nueva técnica denominada "fracking", que consiste en llegar a la napa de roca y fracturarla (de ahí su nombre), mediante una perforación horizontal. Es decir, cuando se llega a la napa de la roca con petróleo, se hace una perforación horizontal, introduciéndose un tubo que tiene varias perforaciones pequeñas. Luego, desde la superficie, y a altísima presión, se introduce una mezcla de agua, arena y productos químicos. Esa altísima presión es la que provoca la fractura de la roca, la arena es la que mantiene abiertas esas fracturas y los productos químicos son los que mezclan las burbujas de petróleo y las conecta entre sí. Desde la superficie se extrae el fluido que es una mezcla de gas y petróleo y luego se procede a separar uno del otro.
Los productos químicos introducidos en la mezcla, son altamente tóxicos; y el 50% no queda bajo la superficie, sino que con el tiempo, comienza a subir y entonces se mezcla con aguas subterráneas e incluso superficiales, provocando una fuerte contaminación ambiental. Por eso, hoy la tendencia mundial se orienta a prohibir la tecnología del "fracking", como está ocurriendo en EEUU, Australia, Canadá, Francia, Rumania, República Checa, Sudáfrica y Alemania.
En cuanto a lo segundo, en el Uruguay se ha comenzado a discutir, cual es la competencia que tienen los Gobiernos Departamentales para proteger sus territorios. El art. 47 de la Constitución estableció que la protección del medio ambiente es de "interés general", y la Ley No. 17.283 sobre la protección del medio ambiente que reglamentó ese artículo, establece entre otras cosas como obligación del Estado (el Gobierno Departamental lo es) la de abstenerse de cualquier acto que lesione ese medio ambiente; y si éste fuere deteriorado, recuperarlo o exigir que sea recuperado.
Queda claro entonces, que todo lo referido al ordenamiento territorial y a la protección del medio ambiente, tiene rango constitucional.
En cambio la minería no aparece mencionada en la Constitución. De acuerdo al Código de Minería, todos los yacimientos de sustancias minerales son propiedad del Estado y se dividen en "clases". El petróleo y el gas natural están dentro de la "Clase I", literal a), cuya prospección, exploración y explotación, están a cargo del Estado a través de su ente autónomo ANCAP, la que podrá hacerlo por sí mismo o mediante una concesión a empresas privadas nacionales o internacionales. Pero la Ley No. 18.308, conocida como Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, ha modificado el Código de Minería, disponiendo que los Gobiernos Departamentales también tengan una indirecta competencia en esta materia. Gracias a esa ley, son los Gobiernos Departamentales los que tienen competencia exclusiva para la categorización de los suelos en todo su territorio, que pueden ser rural, urbano o suburbano; facultad declarada de orden público y además catalogada como cometido esencial del Estado.
Entre esas categorizaciones, está la denominada "rural productiva", en la cual está permitida la explotación minera o extractiva; pero también podrá ser "rural natural", y en este caso se prohíbe todo tipo de explotación minera o extractiva.
Queda claro entonces que un Gobierno Departamental, bien puede prohibir a ANCAP o a otra empresa pública o privada, nacional o internacional, a que realice una perforación y prospección petrolera en el suelo de un departamento, por el simple mecanismo de declarar dicho suelo como "rural natural" y no como "rural productivo".
Por otra parte, la Nueva Ley de Municipios (No. 19.272 de 18/9/14) incluyó expresamente dentro de la "materia departamental" (art. 6 Nral. 3) "La protección del ambiente y el desarrollo sustentable de los recursos naturales dentro de su jurisdicción"; y la Ley No. 16.466, referida a la protección del medio ambiente, establece que toda persona física o jurídica, debe abstenerse de todo acto que cause impacto ambiental, señalando especialmente dentro de esos "actos" a "la extracción de minerales y de combustibles fósiles"; lo que solo podrán realizarse previa autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con el asesoramiento de los Gobiernos Departamentales que tuvieran que ver con dichas obras o trabajos. Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha reconocido que en esta materia hay competencia concurrente del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental; lo que en buen romance, no es otra cosa que reconocer que los Gobiernos Departamentales tienen, sin duda alguna, su propia competencia.
El Dr. Héctor de Santa Ana, Gerente de Exploración y Producción de ANCAP, ha expresado que en Uruguay no habrá fracking, porque técnicamente -hoy por hoy- no es posible. No obstante los contratos celebrados por el Ente, no han sido tan categóricos y explícitos como tales afirmaciones verbales. Debería indicarse tal prohibición en una cláusula expresa en defensa de nuestro territorio y el medio ambiente.
En síntesis sostenemos: el "fracking" debe prohibirse como técnica de prospección de petróleo o gas natural; y los Gobiernos Departamentales tienen las armas jurídicas para hacerlo.
*El Dr. Fulvio Gutiérrez es Profesor Adjunto Grado 3 Efectivo, de Derecho Público Iº y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de Salto, de la Universidad de la República.