Martes 10 de diciembre, 2019
  • 8 am

Entre la ignorancia y la demagogia – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
Por

Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez*.
Con sorpresa, asistimos a una campaña electoral en el departamento de Salto en la que, salvo honrosas excepciones, padece en argumentos, fundamentos y promesas de una pobreza franciscana.
Sin perjuicio de que en algún caso el nivel ha bajado tanto, que hemos escuchado y leído expresiones lanzadas con una notoria mala fe, como queriendo agraviar al adversario para desacreditarlo o utilizar adjetivos fuertes que lo descalifican. Como si con tales actitudes pretendieran ganarse el voto de un ciudadano al que consideran manejable, que no sabe o no se da cuenta de la realidad de las cosas.
¡Cuidado! Miren que el pueblo no es tonto y el domingo 10 de mayo, a la nochecita, algunos candidatos se van a dar cuenta; aunque obviamente ya será demasiado tarde.
Pero, aclaremos una vez más: no estamos cuestionando consideraciones políticas que hasta ahora tratamos de evitar, sino estrictamente jurídicas. Porque ahí está lo grave del problema, muchos candidatos no conocen el Derecho, y por lo que escuchamos, algunos no tienen la menor idea de lo que es ocupar el cargo de Intendente. Es más, hasta parece que no lo quieren conocer, pues debo imaginar que quien se lanza a la carrera política por una Intendencia, debe pensar en que si gana, necesariamente debe contar con asesores y los asesores están precisamente para eso, para decirle al candidato que es lo que la Constitución o la ley les permite hacer y lo que no.
Seguramente la pobreza de las afirmaciones electorales de algunos candidatos tiene dos motivos; ignorancia por un lado (esto es desconocimiento de lo que dice o habla), y demagogia por otro, que es cuando se apela a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público, para ganar su apoyo, mediante la retorica y la propaganda.
Si la ignorancia es el real desconocimiento de los temas sobre los cuales se emite opinión, resulta claro que un candidato a Intendente no puede desconocer los problemas que eventualmente deberá afrontar si gana las elecciones. Pero menos puede desconocer elementales normas jurídicas que hacen al funcionamiento mismo del cargo de Intendente, que es a lo que el candidato aspira. Para evitar ese pecado, debería consultar con sus “asesores”, discutir con ellos y analizar si habla o no habla de un tema, y si habla en qué sentido lo hace y cómo lo hace.
Por ejemplo, hace unos días leímos que una candidata al cargo de Intendente afirmó, enfáticamente, que si gana las elecciones va a rebajar su sueldo en un 30%. Tal afirmación fue sin duda una mezcla de ignorancia con demagogia.
¡Jamás debió decir eso! ¡No lo puede hacer porque la Constitución se lo impide! Fue un grave error que denota ignorancia, agravada por ligereza en sus dichos, porque evidentemente no consultó con su Asesor Letrado, que obviamente lo debe tener. El sueldo del Intendente no lo fija el Intendente; lo fija la Junta Departamental antes de las elecciones del próximo 10 de mayo. Lo tiene que fijar en este mes de abril y lo que diga la Junta será el sueldo del Intendente durante los cinco años. ¡Le guste o no le guste al candidato!
Veamos. El art. 225 inc. 2º de la Constitución dice: “Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de su mandato”. Es decir, lo fija la Junta Departamental por una Resolución (no es un Decreto) que se aprueba por mayoría simple, o sea 16 votos y no puede ser modificado durante los cinco años siguientes. Ni en más ni en menos.
Luego, en una columna política de este diario pluralista que se llama “Cambio”, uno o dos días después, se afirma que el ex Intendente Ramón Fonticiella tenía 40 cargos de confianza, y que el ex Intendente Germán Coutinho tenía 70 cargos de confianza.
¡Qué barbaridad lo que escribió! Esto no es ignorancia, esto es mala fe, porque quien dijo eso sabe que los cargos de confianza también lo fija la Junta Departamental en el Presupuesto del Gobierno Departamental que cada Intendente envía al órgano legislativo dentro de los seis meses siguientes a la toma del mando. También lo dice la Constitución en el art. 223 y en el art. 62 inc. 2º. ¡Jamás hubo un Intendente en Salto que tuviera semejante cantidad de cargos de confianza!. Invitamos al autor de esa columna a que se desasne de ese tema, leyendo el Presupuesto de Fonticiella (2006-2010) y leyendo el Presupuesto de Coutinho (2011-2015). Allí va a encontrar que en el art. 8º literal b.1 del Presupuesto de Fonticiella se había fijado un tope máximo de 35 cargos de confianza (a los cuales no llegó) y que Coutinho, en el mismo artículo que lógicamente modificó, tenía y tiene (su Administración aún no finalizó) 19 cargos de confianza más la Secretaría General que lo prevé la propia Constitución, o sea 20.
Esa es la verdad, y es muy fácil demostrarlo: lean los Presupuestos que humildemente les recomendamos. ¡No hay ni puede haber más cargos de confianza que los autorizados por la Junta Departamental!
Pero además les damos un consejo, ¿Por qué no leen la Constitución? Miren que no muerde y además enseña bastante y evita estas “metidas de pata” que mucho mal le hacen a la calidad de la discusión política en nuestro departamento y le quitan votos a quien las afirma.
Porque jamás deben olvidarse de una máxima elemental, el pueblo no es tonto. A esta altura del “campeonato” ya sabe quién es quién.
Después: ¡a llorar al cuartito!
*Profesor Adjunto Grado 3 Efectivo de Derecho Público y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local de la Facultad de Derecho de la Udelar en Salto.