Jueves 12 de diciembre, 2019
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Los sueldos que no se pueden modificar – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez*.
La Constitución de la República ha establecido una serie de normas que bien podemos llamarlas “moralizadoras”, en la medida que tienden a evitar la “veleidosa acción de los hombres” que mencionaba Artigas, fijando una serie de límites muy estrictos y prácticamente inviolables. Obligan a actuar dentro de la ética, de la transparencia y de la honestidad.
Ese es el caso de las retribuciones que se deben fijar a quienes van a ocupar determinados cargos de gobierno, como lo son el Presidente de la República, los Legisladores y los Intendentes.
Y tan importante ha considerado nuestro Constituyente a este tipo de normas, que para evitar cualquier desvío, ha establecido muy precisas limitaciones, y además, ha creado las tres únicas normas jurídicas de nuestro Derecho Positivo, que no se puede modificar durante los cinco años que dura el período de gobierno.
Por ejemplo, en el art. 154 se estableció que “las dotaciones del Presidente y del Vicepresidente de la República serán fijadas por ley previamente a cada elección sin que puedan ser alteradas mientras duren en el desempeño del cargo”. Es decir, es una ley muy especial que la fijan los legisladores antes de cada elección nacional, que va a regir para los próximos cinco años y que rompe con el principio de derogación e impide que sea modificada durante todo un período de gobierno.
Por su parte, el sueldo de los legisladores, será fijado por los dos tercios de votos de los componentes de la Asamblea General, en el último período de cada Legislatura (es decir en el último año de cada quinquenio), para los miembros de la siguiente legislatura. Es decir, dura cinco años o sea el período de gobierno, y fuera de ella, los legisladores no pueden recibir beneficios económicos de ninguna naturaleza que deriven del ejercicio de su cargo. Por tanto, ese sueldo no se puede modificar de forma alguna.
Finalmente, el art. 295 de la Constitución prescribe que “los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos”. Por tanto, por más voluntad que tengan los señores Intendentes en modificar (en más o en menos) sus retribuciones, personales, ello es jurídicamente imposible. En consecuencia, será durante el tiempo que queda hasta el día de la elección departamental del domingo 10 de mayo de 2015 (exactamente 20 días a partir de hoy), que la Junta Departamental deberá fijar el sueldo del próximo Intendente de Salto.
En cuanto a su monto, la Constitución no establece ninguna pauta ni fija parámetros, por lo cual los Sres. Ediles podrán fijar el monto que estimen pertinente. Sin embargo, la práctica conocida ha seguido dos requisitos que nacieron de la costumbre: uno es partir de la base de fijar el mismo sueldo que tenía el Intendente anterior; y otra es que los Jefes de cada Bancada de la Junta Departamental se entrevisten con los candidatos al cargo de Intendente de sus respectivos partidos, recojan su opinión, y luego se busque un consenso sobre el monto del mismo.
La pregunta es: ¿qué pasa si la J.D. no fija el sueldo del Intendente antes del 10 de mayo próximo?
La respuesta es muy simple: queda vigente el mismo sueldo del período anterior. En efecto, en materia departamental, las normas presupuestales siguen los mismos principios que en materia nacional, por lo cual si una norma presupuestal no se aprueba dentro de los plazos que establece la Constitución de la República, queda vigente la misma norma presupuestal que rigió en el período anterior. El sueldo del Intendente, es claramente una norma de carácter presupuestal, por lo tanto sigue ese mismo principio. El art. 222 dice que se aplican al Presupuesto del Gobierno Departamental varios artículos del Presupuesto Nacional, entre ellos dos, que son los que interesan a estos efectos, el art. 86 y el 128.
El art. 86 dice, entre otras cosas, que la fijación y modificación de dotaciones (o sea sueldos), se hará mediante leyes de presupuesto. Y el art. 228 inc. 2º, dice que “mientras no se aprueben proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes”. En conclusión: siendo la dotación o sueldo del Intendente una norma presupuestal, en el caso que no se apruebe un nuevo sueldo para el próximo Intendente, continuará rigiendo el sueldo o dotación vigente, o sea el aprobado en el año 2010, por el Decreto No. 6470/2010 de fecha 7 de mayo de 2010, en el cual no solo se fijó el sueldo, sino también los denominados gastos de representación, sus reajuste conjuntamente con los salarios de todos los funcionarios y los demás beneficios generales que gocen los funcionarios de la Intendencia de Salto.
Aclaro también, que este es el sistema es de estilo, y por tanto es el que se sigue en todas los Gobiernos Departamentales.
*Prof. Adjunto Grado 3 Efectivo de Derecho Público y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de la Udelar en Salto.