Lunes 16 de diciembre, 2019
  • 8 am

El reglamento interno de los municipios – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez*.
La nueva ley de Municipios, previó en su último artículo, una serie de procedimientos tendientes a instrumentar la elaboración de un reglamento de funcionamiento interno de los Concejos Municipales común para todos, que es sin duda un instrumento jurídico de enorme importancia en cuanto a precisar el funcionamiento práctico de este órgano colectivo.
La intención del legislador ha sido buena y necesaria, pero a nuestro juicio, equivocó el procedimiento propuesto –por lo que se dirá a continuación- y omitió recurrir para lograr igual fin, a la participación del Congreso de Intendentes. Hubiera sido acertado y lógico que dicho Congreso elaborara el Reglamento de Funcionamiento Interno Común, y luego todos los Gobiernos Departamentales se comprometieran a que fueran aprobados por la vía del Decreto de la Junta Departamental, para de esa forma darle la forma jurídica correcta. Mecanismo éste que ya ha sido utilizado por el Congreso de Intendentes para varios temas que se quiso uniformizar entre todas las Intendencias.
En cambio el legislador inventó un procedimiento que a nuestro juicio es inconstitucional, porque no encaja con ninguna de las formas que la Constitución prevé para que los Organos del Gobierno Departamental, por separado o como colegisladores, se expresan jurídicamente en forma obligatoria..
En efecto, no prevé la iniciativa del Intendente sino de los Concejos Municipales ante la propia Junta Departamental; sin embargo obliga a recabar la opinión del Intendente, y además fija plazos para su resolución (aunque no dice que pasará si la Junta Departamental no se expide en los 60 días fijados). A nuestro juicio, este procedimiento colide con la Constitución, pues es ésta quien determina la forma de expresarse de los órganos de los Gobiernos Departamentales, y si lo hace, ninguna ley puede crear un sistema diferente.
Analicemos las previsiones de la Ley en este sentido:
1)En el año 2015, dentro de los 30 días de su instalación (es decir antes del 9 de agosto de 2015), los Concejos Municipales presentarán un proyecto de reglamento de su funcionamiento ante la Junta Departamental. Es decir, la iniciativa la tienen los Concejos Municipales.
Es un plazo demasiado exiguo para que los Concejos Municipales puedan elaborar el proyecto exigido. Los Concejos Municipales recién han asumido un mes antes; seguramente el Alcalde y los Concejales (salvo que sean reelectos), no tienen experiencia en el funcionamiento del órgano; en muchos casos, seguramente ni siquiera cuentan con el Asesoramiento Jurídico necesario; pero además tratándose de un órgano colectivo, la redacción va a suponer varias sesiones de discusión. Todo eso lleva a pensar en la dificultad que seguramente se va a dar para la presentación del proyecto a la Junta Departamental en un plazo tan corto como los 30 días fijados por la ley.
2)La Junta Departamental deberá recabar la opinión del Intendente y resolver en un plazo no mayor a 60 días por mayoría absoluta (16 Ediles conformes). Sin perjuicio de que la ley no aclara si el tiempo que le lleva la consulta al Intendente está o no dentro de los 60 días, pensamos que este plazo también es exiguo. Se trata de la elaboración de un documento jurídico, por lo cual es de lógica pensar que cada Junta Departamental va a derivar el proyecto a la Comisión correspondiente para que emita su opinión.
3)La Junta Departamental podrá aprobar el reglamento proyectado; otro nuevo, o hacerle modificaciones al proyectado; pero sea cual fuere, tienen que cumplir las limitaciones que la nueva ley establece y que son: a)fijar el sistema de convocatoria a las sesiones; b)cantidad de sesiones ordinarias mínimas; y c) cantidad mínima de faltas injustificadas a las sesiones Ordinarias del Concejo que podrá motivar, previa notificación, considerar la renuncia tácita del Concejal que supere ese número, provocando la inmediata convocatoria de su suplente. Estas limitaciones hacen que el reglamento sea demasiado acotado. Hay muchas otras cosas sobre el funcionamiento de un cuerpo colectivo (sobre todo con referencia al accionar organizado de sus integrantes) que se debió tener en cuenta y no se menciona.
En síntesis, nos inclinamos por una urgente modificación del art. 30 analizado, pero mientras tanto eso no ocurra, sugerimos al candidato que sea elegido en Salto; que en forma urgente haga los contactos políticos para proyectar el reglamento interno de los Municipios de Salto.
*Prof. Adjunto Grado 3 Efectivo de Derecho Público y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de la Udelar en Salto.