Miércoles 3 de junio, 2020
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Inconstitucionalidades de la Ley de Municipios – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez*.
Prácticamente desde su inicio –como lo señalábamos el pasado domingo- la novísima legislación de nuestro país sobre los Municipios, como tercer nivel de gobierno y administración en el Uruguay, ha padecido errores y horrores, sin perjuicio de varias inconstitucionalidades. Hablemos hoy de estas últimas.
Por eso nos vemos obligados a afirmar que nuestro legislador se ha empeñado en actuar con suma ligereza, despreciando todas las consideraciones y consejos básicos que deben orientar su tarea, y que constituyen la denominada “técnica legislativa” a la cual también nos referíamos el pasado domingo.
En una apretada síntesis, podemos enumerar las inconstitucionalidades que encontramos en la Ley No. 19.272, y que serían a nuestro juicio las siguientes:
1)El art. 12, que se refiere a las atribuciones de los Municipios, establece en su Nral. 10), que los Municipios podrán “requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones”.
El art. 306 de la Constitución, dice textualmente que “la fuerza pública prestará su concurso a las Juntas e Intendentes Municipales y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones”. Es decir, la Constitución dice claramente que el auxilio de la fuerza pública es para la Junta Departamental, para el Intendente y para las Juntas Locales. No para otro órgano.
Los Municipios fueron creados recientemente y no están entre los órganos indicados por la Constitución. Por lo tanto, pretender agregarlo a los beneficios del art. 306, significa lisa y llanamente modificar la Constitución mediante una ley, lo cual constituye una violación de la Constitución. Es cierto sí que tal vez el error en este caso, fue del constituyente de 1997, pues en aquel momento, debió sustituir las palabras “Juntas Locales” por “Autoridades Locales”. Si así hubiera procedido, hoy no tendríamos este problema. Pero no lo hizo.
2)El art. 15, que se refiere a las atribuciones de los Concejales, establece en su Nral. 8), que ellos también podrán requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones. Los mismos fundamentos ya mencionados caben para señalar la inconstitucionalidad de este Nral. 8) del art. 15.
3) El art. 16, que se refiere a la iniciativa y el control, establece un mecanismo en el caso de que se presente una iniciativa popular, siguiendo un procedimiento muy especial, que no se sabe bien lo que es, y que no se ajusta a la Constitución, en la medida que la única forma de expedirse el Gobierno Departamental, a través de la conjunción de voluntades del Intendente y de la Junta Departamental es mediante un Decreto cuyo procedimiento lo establece la Constitución. Sin embargo la ley “inventa” que la iniciativa se presenta ante la Junta Departamental, que ésta debe consultar con el Intendente que debe pronunciarse dentro de los 60 días, agregando que transcurrido dicho plazo, la Junta Departamental resolverá por una mayoría especial de 2/3 de sus integrantes. Una innovación fuera de las previsiones constitucionales en cuanto a la forma de expedirse conjuntamente la Junta Departamental y el Intendente.
4)El art. 17, que se refiere a los recursos administrativos viola totalmente el art. 317 inciso final de la Constitución.
En efecto, el art. 317, inciso final de la Constitución de la República dice los actos que emanan de los órganos del Gobierno Departamental, “se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley”. Es decir, el constituyente cometió al legislador que instrumentara los recursos a nivel de los órganos de los Gobiernos Departamentales, pero no cualquier recurso ni de cualquier manera, sino los que la Constitución dice en forma expresa: reposición y apelación.
Sin embargo, el art. 17 crea un sistema de recursos administrativos totalmente fuera de los preceptos constitucionales, creando una estructura jurídica que no está prevista ni autorizada por la Constitución, por lo cual no cabe duda que el legislador extralimitó sus facultades.
5)El art. 24, prevé un procedimiento también muy especial que no está establecido en la Constitución, a los efectos de determinar el número de municipios y sus distritos electorales. Dice que en el caso de que los Gobiernos Departamentales no definan el número de Municipios, el P. Ejecutivo elaborará una nómina y la remitirá a la Asamblea General para su aprobación. Cumplido los 30 días la nómina se tendrá por aprobada. ¡Fuera de toda regularidad constitucional!
Si será inconstitucional esta previsión, que el P. Ejecutivo no la utilizó, y lo que hizo fue enviar un proyecto de ley ordinaria que en definitiva se transformó en la Ley No. 19.319, que actualiza el número total de Municipios, oficializando la creación de otros en varios departamentos.
6)El art. 30, que se refiere a la elaboración del Reglamento Interno de los Municipios, crea un sistema también muy especial, que no está previsto en la Constitución, y que además padece de imprecisiones. La iniciativa es de los Municipios, que la presentan ante la Junta Departamental, quien deberá recabar la opinión del Intendente, y luego resolver en un plazo no mayor a 60 días por mayoría absoluta. Otro “invento” inconstitucional pues no sigue el trámite de un Decreto, que además es impreciso, pues no se prevé que pasa si el Intendente no da su opinión, y en el caso que la dé pero sea negativa, tampoco se aclara que efectos tiene esa “opinión” del Intendente.
*Profesor Adjunto Grado 3 de Derecho Público Iº y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de la Udelar en Salto.