Sábado 11 de julio, 2020
  • 8 am

El sueldo de los ediles – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez*
De acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República, el cargo de Edil de la Junta Departamental es honorario. Por tanto, quienes ocupan dichos cargos, no perciben retribución de clase alguna en concepto de sueldo. Se trata obviamente de una norma muy antigua que proviene de nuestra primera Constitución codificada, es decir la de 1830, en la cual se consideraba el cargo de Edil como una especie de carga de los vecinos, cuando éstos resolvían participar en el Gobierno del Departamento y lo hacían a modo de colaboración.
El tema de si el cargo de Edil debe ser remunerado o no, es de vieja data, y hay opiniones en uno u otro sentido. Es más, en una oportunidad se incluyó en una reforma constitucional declarar retribuido al cargo de Edil, pero la reforma fracasó. Y fracasó seguramente porque la consideración pública de los Ediles es mala, como también lo es la del órgano Junta Departamental.
Frente a esta situación, lamentablemente fueron proliferando en los Gobiernos Departamentales, la idea de buscar formas indirectas de favorecer a los Ediles con partidas económicas, que en verdad son sueldos encubiertos que a veces se denominaban “gastos de secretaría”, o “vales para combustible”, u otros curiosos “inventos” de beneficios especiales, los que siempre fueron considerados inconstitucionales por el Tribunal de Cuentas; sin perjuicio de que en otros casos se han establecido en beneficio de los Ediles exoneraciones tributarias, entrega de celulares con consumo pago por la Junta Departamental, computadoras portátiles, tablets, etc. Es decir, hay una costumbre ya definitivamente impuesta en todos los Gobiernos Departamentales, en cuanto a otorgar a los Ediles beneficios económicos ya sea en dinero, en especie o en servicios, que en algunos casos hasta puede encajar dentro del concepto de corrupción, pero que ha sido tolerada (y avalada) por la clase política, aceptada silenciosamente por el común de la gente, y reiteradamente cuestionadas jurídicamente por el Tribunal de Cuentas. No obstante, como las observaciones de este órgano no tienen efecto vinculante, la situación ha seguido aplicándose como si nada pasara.
En nuestra opinión, entendemos que el cargo de Edil necesariamente debe ser remunerado, y en tal caso, deben prohibirse expresamente todo otro beneficio cualquiera sea su naturaleza.
En primer lugar, porque la falta de remuneración crea en forma natural una discriminación totalmente inaceptable. Véase que no es lo mismo el ejercicio de la tarea de Edil por una persona que vive de rentas porque su condición económica personal se lo permite, y por tanto tiene todo el día para ocuparse de dicha tarea; que aquel Edil que trabaja ocho horas por día, y recién luego de esa jornada laboral, está en condiciones de ocuparte del cumplimiento de la tarea inherente a su cargo de Edil.
En segundo lugar, porque la tarea de Edil, es en definitiva un trabajo, como lo es la que cumple un Senador o un Representante Nacional (Diputado), en los órganos legislativos y de contralor nacionales. Por tanto, no tiene sentido ni lógica, que a unos se les pague y a otros no.
En tercer lugar, porque la primera ley que creó los Municipios (No. 18.567), dio libertad a los Gobiernos Departamentales, para que retribuyeran o no a quienes ocuparan el cargo de Alcalde (sí se estableció que los Concejales eran honorarios), y en verdad, todos fueron remunerados con una retribución mensual. No parece razonable que un titular de un cargo dentro del Gobierno Local, como lo es el Alcalde, cumpla una tarea retribuida, y los Ediles, que cumplen un cargo Departamental –que por tal tiene una trascendencia mayor- y sin embargo son honorarios.
Pero por si esto fuera poco, en la nueva ley de Municipios (No. 19.272) se les quitó a los Concejales la condición de honorarios, por lo cual cada Gobierno Departamental podrá decidir remunerar o no sus tarea, y no dudamos que –siguiendo el criterio utilizado con los Alcaldes- todos los Gobiernos Departamentales, a la corta o a la larga, van a disponer un sueldo para los Concejales. Menos razonable parece entonces, que un Concejal tenga sueldo, y no lo tenga un Edil.
En cuarto lugar, no dudamos que la decisión de modificar la Constitución en el sentido de establecer que el cargo de Edil sea remunerado, va a traer en forma inmediata un mejoramiento en la calidad personal de los miembros de todas las Juntas Departamentales. Y eso porque los Partidos Políticos podrán exigir a quienes aspiren a ser Ediles, que deberán contar con un nivel personal acorde a una tarea que se está volviendo cada día más compleja y más técnica, porque la política en sí, exige que cada vez quienes a ella se dedican, tengan una mejor preparación personal, cultural y en algunos casos, que también tengan conocimientos especiales en actividades vinculadas a la política departamental.
Claro, todo esto choca con un obstáculo difícil de remover: habrá que reformar la Constitución.
*Profesor Adjunto Grado 3 Efectivo de Derecho Público Iº y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de la Udelar en Salto.