Miércoles 12 de agosto, 2020
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La prohibición del fracking – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez*.
La Junta Departamental de Salto, por Resolución No. 380/2015, de fecha 5 de marzo de 2011, remitió a consideración del Sr. Intendente, una minuta de comunicación a los efectos de que “tome la iniciativa de prohibir la exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales bajo las técnicas de fractura hidráulica o “Fracking” en el Departamento de Salto”.
El Intendente Barreiro compartió la solicitud de la Junta Departamental, y ha dispuesto enviar a dicho órgano administrativo un proyecto de decreto disponiendo, precisamente, esa prohibición.
En otra columna dominguera, nosotros habíamos analizado con cierto detalle lo que era el “fracking”, y habíamos advertido las consecuencias nefastas que dicha técnica de extracción de petróleo y de gas natural, puede tener para el ecosistema de las zonas donde se extraigan esos minerales utilizando dicho procedimiento. Decíamos que la introducción de productos químicos sumamente tóxicos a altísima presión en las profundidades de la perforación, traía como consecuencia que gran parte de dichos productos, que quedaban bajo la superficie, con el tiempo, comenzaba a subir y entonces afectaba las aguas subterráneas y hasta las superficiales, provocando una fuerte contaminación ambiental. Y agregábamos que por tal razón, varios países como Francia, Alemania y Estados Unidos, han comenzado a prohibir el uso de la tecnología del “fracking”.
Frente a esta situación, surgió la pregunta de hasta dónde los Gobiernos Departamentales tienen atribuciones para intervenir en este tipo de procedimientos, y en su caso, hasta qué punto pueden oponerse y hasta prohibir su utilización dentro del territorio de cada departamento.
Señalábamos entonces, que en base a lo previsto en el art. 47 de la Constitución de la República, la Ley No. 17.283 de 28 de noviembre de 2000 que reglamentó dicho artículo, las disposiciones del Código de Minería, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable No. 18.308, principalmente en sus arts. 2, 14, 15 y 30 inc. 2º y 31, la Ley No. 19.272 de 18 de setiembre de 2014, que modificó y unificó todo lo referido a la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana (conocida como “Ley de Municipios”), y la Ley No. 16.466 de 1994, referida a la protección del medio ambiente, los Gobiernos Departamentales están perfectamente habilitados jurídicamente para regular la prohibición del “fracking” en sus territorios.
Es decir, no puede caber duda alguna, que los Gobiernos Departamentales, en base a las normas constitucionales y legales citadas, tienen competencia en todo lo que tiene que ver con la prospección en sus territorios para la determinación y/o extracción de petróleo o gas natural. Dicho esto sin perjuicio de señalar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha reconocido que en esta materia hay competencia concurrente del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental. Afirmar la existencia de tal concurrencia de competencias, no es otra cosa que reconocer que los Gobiernos Departamentales tienen competencia clara en la materia analizada.
En consecuencia, basta entonces que en la Junta Departamental, los partidos políticos con representación en ella, tengan la voluntad política para disponer la aprobación de un decreto por el cual se prohíba la utilización del “fracking” como técnica para la extracción de petróleo y gas natural.
La sugerencia de la Junta Departamental remitida al Intendente, no contó con el apoyo del Frente Amplio.
No obstante, la gravedad del tema, la necesidad de cumplir con normas constitucionales y legales que protegen el medio ambiente, la imperiosa decisión de no contaminar los acuíferos de los lugares de perforación y su entorno, deben conducir necesariamente a que dicho partido político, revise su posición, y se pliegue también a una medida que hasta podemos decir, se impone por razones de sentido común.
El problema no es político, es de protección al medio ambiente, y por lo tanto, a la salud de la población. Es más, el pasado viernes 5 de junio, fue el día del medio ambiente, y el Presidente Vázquez sostuvo que defenderlo es un problema de Estado, y una de las prioridades de su gobierno.
Hemos leído días pasados, que la empresa contratada por ANCAP para realizar perforaciones en el departamento de Salto señaló que no va a utilizar la técnica del “fracking”, lo cual nos alegra. Pero también dijeron que no lo van a hacer, pues dada las características de nuestro territorio, no es necesario. Esto nos alarma, pues si por razones técnicas deciden en algún momento que sí es necesario, entonces lo utilizarían.
Razón de más, entonces, para que el proyecto de Decreto sea aprobado.
*Profesor Adjunto Grado 3 Efectivo de Derecho Público Iº y Encargado de Cátedra de Derecho Departamental y Local de la Facultad de Derecho de la Udelar en Salto.