Viernes 3 de abril, 2020
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La verdad de un acuerdo político (1) – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Soledad

Dr. Fulvio Gutiérrez*.
Cuando el Intendente Dr. Manuel Barreiro y el Intendente electo Dr. Andrés Lima, comenzaron a conversar con referencia a la transición entre la actual administración y la que vendrá, el primer problema que se trató fue la crisis financiera por la que atraviesa el Gobierno Departamental de Salto. El tema interesaba a los dos: al Intendente Barreiro, para poder pagar sueldos atrasados, aguinaldo, retenciones no abonadas y la deuda con acreedores; y al Intendente electo Lima, para poder comenzar su período con los recursos financieros necesarios para el normal funcionamiento de los primeros meses de su futuro gobierno, y cumplir –también él- con las elementales obligaciones económicas que se originan mes a mes.
Entonces se concretó una reunión en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la cual concurrieron el Intendente Barreiro, el ex Intendente Coutinho, el Intendente electo Dr. Lima, algunos asesores, y obviamente el Director de la OPP Alvaro García y sus asesores. La situación financiera era grave, y por tanto, la solución tenía que ser integral y por un monto importante, que estuviera dentro de las lógicas posibilidades de repago de la Intendencia de Salto.
Se acordaron dos cosas: Por un lado, solicitar el auxilio financiero mediante un endeudamiento a través de una línea de crédito, un préstamo, un mutuo o un fideicomiso de un órgano estatal como el Bco. de la República y de su empresa subsidiaria AFISA (porque eso no exigía licitación previa conforme al TOCAF) por hasta la suma de 330.000.000 de Unidades Indexadas (unos $1.019.000.000). En primer lugar se dispuso firmar un fideicomiso para proceder al pago del sueldo de mayo, junio, julio y agosto de 2015, retenciones, obligaciones previsionales, aguinaldos, salarios vacacionales impagos y primas por escolaridad impagas. El resto, a partir del 10 de julio próximo, será utilizado a criterio de la nueva Administración para satisfacer sus necesidades financieras. La devolución de esa suma total, se realizará dentro de los próximos 15 años, contados a partir de cada contratación. Esto lo sabe todo el mundo, porque el Intendente electo se preocupó por difundirlo por cuanto medio de comunicación tuviera a su alcance, una y mil veces.
Por otro lado; el Intendente electo solicitó la derogación del art. 18 del Decreto No. 6500/2011 (Presupuesto del Gobierno Departamental) que establece una forma de ingreso a la función pública y crea la estabilidad de los funcionarios que ingresaron antes del año 2011, así como de otros funcionarios, pero en este caso, siempre que cumplan los requisitos que la misma norma establece. Esto no lo sabía nadie, fue establecido en forma algo solapada y lejos estuvo de tener la difusión del acuerdo anterior.
Precisamente, el gran problema fue la derogación del precitado art. 18. ¿Qué fue lo que pasó?
La redacción e inclusión del art. 18 en el Presupuesto Departamental, fue autoría de este columnista, con el lógico consentimiento del Intendente Coutinho. El motivo fue el siguiente. A mediados del año 2010, tuve una conversación con algún dirigente de ADEOMS (entre ellos Antonio Rodríguez), quien me señaló que había varios cientos de funcionarios de la Intendencia con muchos años de antigüedad, que carecían de estabilidad laboral pues jamás se les había regularizado su situación funcional. Me pareció que era de justicia y sentido común disponer su estabilidad laboral, porque era absurdo que un funcionario con tantos años de trabajo, con familia a cargo y un montón de obligaciones en su espalda, estuviera dependiendo del gobernante de turno en cuanto a su permanencia. Se lo plantié al Intendente Coutinho y el compartió mi criterio. Entonces se dispuso incluir en el Presupuesto el art. 18: en primer lugar, todos los funcionarios ingresados con anterioridad al año 2011, adquirían estabilidad funcional y por tanto, no podrían ser destituidos salvo cuando hubieran cometido una falta administrativa grave, y previo sumario con derecho al debido proceso. Después se dispuso que todo funcionario que ingresara a la Administración, tenía un provisoriato de 1 año (antes era de 6 meses); esto es, si en un año de permanencia la Administración nada disponía en cuanto a su cese, entonces adquiría estabilidad laboral. Y si el funcionario había sido contratado a término, ese año de provisoriato, se contaba desde la fecha de finalización del contrato. Finalmente se dispuso que los funcionarios presupuestados eran inamovibles, como ocurre en todo el Derecho Administrativo uruguayo. La previsión constituía un adelanto y una garantía en cuanto a la situación de los funcionarios departamentales y el artículo fue votado por los Ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional (19 votos).
Cuando el Intendente electo Dr. Lima solicitó la derogación de ese artículo, el Intendente Barreiro me encomendó la redacción de esa derogación lo cual hice previo a advertirle que ese artículo era fruto de lo conversado oportunamente con dirigentes de ADEOMS. Al día siguiente me llama uno de los Abogados del Dr. Lima, diciéndome que esa solución no les servía, pues ellos querían quedar con “las manos libres” en materia de funcionarios, y esa derogación tenía efectos solo para el futuro. Era obvio que lo que pretendían era cesar funcionarios contratados por la presente Administración, a lo que diere lugar.
Al día siguiente enviaron un proyecto de Decreto elaborados por los Abogados del Dr. Lima, en el cual por medio de una norma interpretativa (que tiene efecto retroactivo), se declaraba que el art. 18 solo regía para quienes hubieran ingresado por concurso o sorteo públicos (Estatuto del Funcionario de 1955); y se agregaba que los funcionarios contratados permanentes, los con contrato a término y los zafrales, podían ser cesados en cualquier momento por resolución del Intendente. Se dejó de lado a los funcionarios presupuestados que obviamente no podían estar comprendidos en la situación planteada.
No fue fácil aceptar esta propuesta, hasta que asesores del Dr. Lima, literalmente nos dijeron: o se firma así o no sale nada. En buen romance: necesitaban la norma que los amparara para cesar a todos los funcionarios que no fueran presupuestados.
Se lo planteé al Intendente Barreiro, y luego de analizar una vez más las consecuencias de un fracaso de las soluciones planteadas en forma conjunta y que fueron atadas una con la otra, Barreiro optó por los funcionarios que habían quedado de rehenes de todo el problema: aceptó las condiciones de pretender modificar el art. 18 por la vía interpretativa, firmó el mensaje a la Junta redactado como lo quería el Dr. Lima, y en definitiva, todo fue aprobado.
¿Qué valor jurídico tiene todo esto? Lo vemos el domingo que viene.
*Profesor Adjunto Grado 3 Efectivo de Derecho Público Iº, y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de la UDELAR en Salto.