Miércoles 1 de abril, 2020
  • 8 am

La verdad de un acuerdo político (2) – Columnistas

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez*.
Como lo adelantamos el pasado domingo, hoy vamos a analizar las consecuencias jurídicas del acuerdo político al cual hicimos referencia en nuestra columna anterior.
1º) El acuerdo político que se tradujo en el Decreto aprobado por la Junta Departamental, no dice que se autoriza a la Intendencia a endeudarse por hasta 330.000.000 de Unidades Indexadas que se devolverán en un plazo de 15 años, como reiteradamente aparece en los medios de comunicación. Dice que la deuda que se contraiga “es pagadera en hasta 15 años, contados a partir de cada contratación”. En efecto, se trata de un “préstamo” (art. 301 inc. 2º de la Constitución), y a su vez, se trata de lo que se denomina “línea de crédito”. Es decir, el BROU le otorgó un préstamo a la Intendencia por un monto máximo de 330.000.000 de U.I, que la Intendencia irá tomando en forma parcial y de acuerdo a sus necesidades, oportunidad o conveniencia. Cuando pida un monto, firmará el correspondiente contrato, y es a partir de cada contrato, que se empiezan a contar los 15 años para la devolución de lo prestado, o los años que se acuerden en cada caso. Por ej: se acaba de firmar el pasado 16 de junio de 2015, un contrato con el BROU y fideicomiso con AFISA para cumplir los primeros pagos a los funcionarios departamentales (esto ya se efectivizó). Esa deuda hay que pagarla dentro de los 8 años de plazo, o sea antes del 16 de junio de 2023. Pero después del 10 de julio de 2015, el entonces Intendente, Dr. Andrés Lima, podrá solicitar otra entrega dentro del préstamo total de la línea de crédito, para lo cual deberá firmar otro contrato. A partir del día que los firme, le correrán 15 años para pagar esa deuda o el plazo de repago que se acuerde. Y así en cada préstamo que solicite. El plazo máximo para solicitar estas partidas de dinero, será para el Dr. Lima, el 30 de junio de 2020, es decir, 9 días antes de la finalización de su mandato.
2º) Se planteó la duda si el art. 18 del Decreto No. 6500/11 (que es el Presupuesto Departamental), se puede modificar o interpretar en este momento, o de lo contrario, habría que esperar a la aprobación del nuevo presupuesto para su modificación o interpretación. Nosotros entendemos que se puede modificar en cualquier momento (como en realidad ocurrió) pues pese a que esa norma está en un Presupuesto, no tiene naturaleza presupuestal. Es práctica reiterada incluir en los presupuestos nacionales o departamentales, normas que no son presupuestales. Pues bien; las normas presupuestales no se pueden modificar si no es por otra norma presupuestal; pero las que no tienen naturaleza presupuestal sí. El art. 18 no es una norma presupuestal, sino que lo que en verdad hizo, fue modificar el Estatuto del Funcionario del año 1955, el que –lógicamente- no tiene naturaleza presupuestal. Por lo tanto, la oportunidad de modificación del Decreto No. 6820/15 es formalmente correcta. Aclaro: la oportunidad; no su forma ni su contenido.
3º) ¿Qué validez jurídica tiene la interpretación del art. 18 dada por el Decreto No. 6820/15 en cuanto a los contratos ya firmados por los funcionarios departamentales? A nuestro juicio ninguna. Analicemos. Una ley interpretativa tiene la particularidad de que su vigencia comienza desde la fecha de la ley interpretada. Es decir, tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, en principio, el novel Decreto No. 6820/15, tiene efecto desde mayo de 2011, que fue la fecha de entrada en vigencia del Presupuesto Departamental. Ahora bien: esa norma interpretativa, ¿puede modificar los derechos adquiridos por los funcionarios? Terminantemente no. Puede modificar lo que se denomina “meras expectativas”, pero no “derechos adquiridos”. ¿Qué son los derechos adquiridos? Son aquellas situaciones jurídicas que ya han ingresado al patrimonio de una persona, entendiéndose por patrimonio, el conjunto de bienes y derechos que esa persona tiene. Todos los funcionarios que firmaron contratos permanentes con la Administración Departamental antes del novel Decreto No. 6820/15, tienen un derecho adquirido en cuanto a su situación funcional con relación al Gobierno Departamental de Salto. Por tanto, el Decreto interpretativo no puede modificarlas, y como lógica consecuencia, no tiene validez con respecto a dichos contratos.
Esto no es un invento jurídico de este Abogado. Es una viejísima opinión de la doctrina y jurisprudencia que así lo aprueba. Pero además, el nuevo Decreto, en verdad no interpreta el anterior, sino que lo modifica, pues hace referencia a los arts. 20 y 21 del Estatuto del Funcionario, que no figuran en lado alguno en el Presupuesto 2010-2015. En un caso similar a éste, la Suprema Corte de Justica, inició una jurisprudencia muy clara y contundente, a través de la Sentencia No. 23/2005, de fecha 23 de febrero de 2005, en la cual afirmaba la inconstitucionalidad de un Decreto Departamental que pretendió en vía interpretativa, modificar un Decreto anterior, y además lesionar los derechos adquiridos de determinadas personas, vulnerando el principio de la seguridad jurídica que se desprende del art. 7º de la Constitución de la República. Igual criterio tomó la Corte cuando declaró inconstitucional la ley que “interpretó” la Ley de Caducidad.
En consecuencia, parece claro que desde el punto de vista formal, la interpretación realizada días pasados por el Gobierno Departamental, como imposición y exigencia imperativa del Intendente electo Dr. Andrés Lima hacia el Intendente Barreiro (si no se aprobada eso, no salía el arreglo para el pago a los funcionarios), es inconstitucional y carece de valor para anular los contratos firmados por los funcionarios.
Y, aclaro: estoy hablando claramente desde el punto de vista formal y jurídico. Desde el punto de vista de fondo o político, que es otra cosa muy diferente, los contratos realizados tienen otras connotaciones muy distintas. Pero en ese tema no quiero ingresar.
*Profesor Adjunto Grado 3 de Derecho Público Iº y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de la UDELAR en la Regional Norte de Salto.