Sábado 28 de marzo, 2020
  • 8 am

El voto consular y el voto epistolar

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez.
De acuerdo a la legislación electoral uruguaya, el ciudadano que pretenda ejercer su derecho a votar, tiene que presentarse personalmente en la mesa receptora de votos del circuito electoral que le corresponda de acuerdo a la serie y número de su credencial cívica. Hay casos excepcionales que permiten el denominado voto observado, o sea fuera del circuito que corresponde, pero son los menos. Por lo tanto, el ciudadano uruguayo que se encuentre radicado en el extranjero, si pretende ejercer su derecho al voto, deberá viajar a nuestro país y presentarse el día de la elección en el circuito correspondiente. Si no lo hace, no podrá votar.
Para cambiar esta situación, cada tanto escuchan rumores sobre la posibilidad de legislar en el Uruguay, para habilitar el denominado “voto consular” (es decir ejercer el voto en el extranjero presentándose en algún consulado uruguayo) o de lo contrario, el “voto epistolar”, esto es votar por medio de correspondencia. Es decir, la calidad de ciudadano no se pierde por radicarse en el extranjero; pero la posibilidad de ejercer el derecho de votar, sí se pierde por tal radicación.
Nosotros entendemos que no existe en nuestro derecho positivo, la posibilidad de que tales formas de ejercicio del derecho al voto, se puedan concretar. Y esto porque a nuestro juicio, una ley que así lo dispusiera, estaría violando la Constitución de la República. En efecto, de acuerdo a nuestra Constitución el ejercicio del derecho al voto solo se puede concretar si el ciudadano lo hace en el Uruguay.
Veamos: El art. 1°, de la Constitución define que “la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”. Es decir, señala en forma expresa que los habitantes de nuestro país que están dentro de su territorio, forman parte de ese contrato social que lo califica de asociación política. Obviamente que el concepto “habitantes” es mayor al de ciudadanía por lo cual éstos están comprendidos en aquel.
Por su parte, la Sección III, denominada “De la ciudadanía y del sufragio”, refiere expresamente al concepto de ciudadano, a los que clasifica como “naturales” y “legales”. Para diferenciarlos, se tienen en cuenta dos criterios: el denominado “jus soli” o derecho del suelo, esto es, el concepto que liga al ciudadano con el territorio donde nació, y el “jus sanguini” que liga al ciudadano con la nacionalidad de sus ascendientes.
En cuanto al ciudadano natural (art. 74), establece dos clases: los nacidos en cualquier punto del territorio de la República (jus soli) y los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, “por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico Nacional” (jus soli). Es decir, incluso a los ciudadanos naturales que nacen fuera del territorio nacional, se les exige para que puedan ejercer el derecho al voto, que se radiquen en el país (no otra cosa quiere decir avecinarse) y que además, cumplan con un requisito administrativo de inscribirse en el Registro Cívico Nacional, esto es, la obtención de la documentación correspondiente (credencial cívica).
En cuanto al ciudadano legal (art. 75), tenemos tres casos: a) Aquellos que tienen familia constituida en la República, con capital en giro o propiedad en el país, o que profesan alguna ciencia, arte o industria, y además, residan en forma habitual en la República durante tres años (jus soli). b) Aquellos que si bien no tienen familia constituida en la República, cumplen los otros requisitos, pero en este caso, deben residir en forma habitual en la República durante cinco años (jus soli). Es decir, la residencia o avecinamiento en el Uruguay es imprescindible, por lo cual constituye un elemento esencial para el ejercicio de la ciudadanía. c) El tercer caso, es muy especial y se ha dado en pocas circunstancias: se trata de la ciudadanía natural por gracia de la Asamblea General, que se obtiene “por servicios notables o méritos relevantes”. Si bien no se indica expresamente, parece claro que esos servicios o méritos se deben cumplir en nuestro país, o sea estando radicado en el Uruguay. Los pocos ejemplos que existen ratifican tal situación. Por otra parte, el mismo art. 75, cuando se refiere al ejercicio de la ciudadanía, vuelve a exigir el jus soli, ya que el ejercicio de la ciudadanía por parte de los extranjeros, solo lo podrán hacer recién tres años después del otorgamiento de la carta de ciudadanía, lo que en definitiva nos está diciendo que también después de ser ciudadanos, deben quedarse radicados en el Uruguay, para efectivizar su ejercicio, concepto que se reafirma en el art. 76.
Finalmente, el art 81 expresa que la nacionalidad no se pierde por naturalizarse en otro país, y para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, basta con “avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”. Es decir, una vez más, el avecinamiento o residencia es condición “sine qua non” para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía por aquel ciudadano que se hubiera naturalizado en otro país, para lo cual obviamente debió radicarse en aquel.
En síntesis; la ciudadanía no se pierde por radicarse en el extranjero, pero su ejercicio real efectivo, solo se puede hacer en el Uruguay.