Viernes 3 de abril, 2020
  • 8 am

El ingreso a Termas del Arapey

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrrez.
¿Es jurídicamente procedente el cobro de la “entrada” que dispuso el Intendente Lima a quienes ingresan al predio del Centro Termal “Termas del Arapey”?
En primer lugar, siempre se cobró la “entrada” al predio de la Intendencia en Termas del Arapey. También a quienes ingresan al predio de de la Intendencia en Termas del Daymán. Lo que pasa es que antes de la Resolución de la actual Administración que trajo consecuencias públicas que luego analizaremos, los hechos se daban de esta manera. Después que se construyó el actual “Arapey Thermal Resort & Spa” (antes se lo conocía como Hotel Barceló), al ingresar al predio donde se encuentra enclavada Termas del Arapey, el camino se bifurca en dos: si se sigue derecho, luego de una larga curva y pasar las vías del ferrocarril, hay una construcción un poco rara que el popular de la gente lo llama “El Pañuelo”. Ahí se pagaba la “entrada”. Pero si quien ingresa va a uno de los dos hoteles privados (“Arapey Thermal Resort & Spa” y “Altos del Arapey Golf Spa”), entonces dobla a la izquierda, donde una amplia avenida lo conduce a dichos hoteles.
El Intendente Lima dispuso la construcción de un control de ingreso al predio termal, antes de la mencionada bifurcación; y en ese control, se estableció la obligación estricta del pago de una “entrada” a la que la Resolución departamental llama “tarifa”, cuyo último monto es: entrada general $150; jubilados, menores de 12 años (sin importar lugar de residencia) $60; Residentes Salteños $60; y menores de 6 años gratis (Res. No. 266/2017). Como consecuencia de esta Resolución, los propietarios de los hoteles privados protestaron; y como consecuencia de dicha protesta, es que surgió el análisis jurídico de la situación planteada. La protesta tuvo su efecto, pues el Intendente dio “media marcha atrás” y dictó otra Resolución No. 274/2017 de 23 de noviembre de 2017, en la cual se establece que todos los turistas, salteños o no salteños, que se alojen en los centros privados, pagarán una sola vez durante toda su estadía una “entrada” de $. 60, que es lo que se les cobra a los residentes salteños para ingresar a Termas del Arapey. No obstante, la absurda decisión del Intendente Lima se mantiene: es como si en Termas del Daymán, se pusiera un control y se cobrara la “entrada” en la denominada “Mini Terminal”, a todos los que ingresen, aunque no fueran a utilizar el predio que es propiedad de la Intendencia, ni los servicios que allí se brindan. En Daymán, se cobra entrada para ingresar al predio de la Intendencia. No a los demás centros privado. Así es y así debería ser.
Ahora bien: ¿Es jurídicamente procedente el cobro de esa “entrada” (independientemente de su monto) a las personas que ingresan al predio termal pero para alojarse en los hoteles y moteles privados?
Sin perjuicio de opiniones jurídicas que se han vertido sobre este tema, vamos a dar nuestra opinión. El art. 297 de la Constitución, describe las fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, y en el Numeral 5) menciona a las “tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental”. Es decir, se paga por como una contraprestación a un servicio que brinda la Intendencia. Si no hay servicio, no puede haber cobro. En los hoteles privados de Termas del Arapey, el servicio lo brinda la empresa propietaria del hotel privado, y no la Intendencia. Por lo tanto no es ajustado a la Constitución el cobro de la referida “entrada” cuando el visitante se aloja en dichos centros hoteleros privados.
Se nos puede decir que el visitante puede, además de alojarse en dichos hoteles, concurrir a las piscinas de la Intendencia. Es verdad. Si así fuere, entonces sí correspondería el pago de la “entrada”. Por lo tanto lo que la Intendencia debe disponer es un control que permita identificar a aquellas personas que ingresan a Termas del Arapey para alojarse en los hoteles privados, pero igualmente utilizan los servicios del Gobierno Departamental. Se nos dirá que es difícil controlarlo. No es cierto. La pulsera de colores de los hoteles privados que llevan en sus muñecas quienes allí se alojan, es muy visible y cualquier funcionario de la Intendencia los puede identificar claramente. De esta forma se estará actuando con corrección jurídica y con sentido de elemental lógica.
No hacerlo así, supone una violación constitucional. Así de sencillo. Lo que nos cuesta entender es la reiterada y porfiada actitud del Intendente de Salto de violar normas jurídicas, cuando se puede actuar dentro del Derecho.