Viernes 26 de febrero, 2021
  • 8 am

La prohibición del nepotismo en el Estado

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez.
El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos de jerarquía y con facultades para designar funcionarios subalternos, para dar empleos a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o incondicional obediencia o sumisión. ¿Esto está bien? No, está mal. Muy mal. Y está muy mal porque en estos casos, la designación es una especie de premio o favor a una persona, aunque sea un total y absoluto inepto para el cargo. Y quien no tiene aptitud para ocupar un cargo, sencillamente no lo debería ocupar.
Ahora bien, estamos en un Estado de Derecho, por lo cual lo que debe hacerse es una clara y precisa reglamentación que regule tales situaciones, poniendo límites y estableciendo sanciones para el caso de violación de dichas normas. Y aquí es donde estamos fallando, porque buscamos normas que limiten tales designaciones y nos encontramos con que esas normas no existen, o por lo menos no existen para la mayoría de los organismos del Estado. Lo que sí existen son disposiciones que prohíben que en una “oficina” (que no es un organismo estatal, sino una simple repartición de dicho organismo), trabajen funcionarios que tengan determinada relación de parentesco. Aclaro: está prohibido que trabajen, no que sean designados. Nada más.
Entonces, Srs. Legisladores, Sr. Presidente, Srs. Intendentes; Srs. Ediles, tengan un gesto de sinceridad y promuevan proyectos de ley o de decretos departamentales que establezcan prohibiciones en tal sentido y terminen con esta inmoral corruptela.
Porque vamos a sacarnos la “careta” y dejémonos de hipocresías: Integrantes de los tres partidos políticos que han gobernado el Uruguay desde su fundación como Estado (Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio), siempre han cometido actos de nepotismo. En todas las épocas y en todos los organismos del Estado. ¡No se escapa nadie! más allá de que el actual gobierno ha batido records en esa “materia”. Creemos que llegó el momento de parar esto que es una aberrante inmoralidad, creando las normas jurídicas que prohíban esta práctica.
Ha trascendido públicamente, una serie designaciones casi que en todos los niveles de gobierno, que generan observaciones éticas. Casi que a diario aparece algún caso de nepotismo nuevo. Lo de ASSE y lo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es de una gravedad tal que afecta la seguridad jurídica del país. Eso motivó que el Senador Dr. Pedro Bordaberry presentara un proyecto de ley que pretende reglamentar este tipo de designaciones y establecer los límites que hasta ahora no existen.
El proyecto establece una serie de prohibiciones en la cuales quedarían comprendidos, quienes ocupen cargos de Presidente, Vicepresidente, Ministros y Subsecretarios de Estado, Secretario y Prosecretario de Presidencia, Directores y Subdirectores de la OPP y la ONSC, legisladores nacionales y departamentales, intendentes, secretarios generales de las intendencias, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, integrantes del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y directores de las personas de derecho público no estatales, como la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Comisión Nacional para el Desarrollo, Uruguay XXI o el LATU.
Más allá de que se debería hacer un análisis más detallado de la casuística, y prohibir beneficios económicos especiales a ese tipo de funcionarios fruto del nepotismo ya designados, entendemos que el proyecto tiene una clara inconstitucionalidad al comprender a los Intendentes y Ediles.
En efecto, por expresas disposiciones constitucionales, los Gobiernos Departamentales tienen –entre otras- autonomía legislativa y administrativa. Como consecuencia de ello, los Gobiernos Departamentales aprueban sus propios Estatutos para sus funcionarios, que obviamente son elaborados por normas departamentales, fundamentalmente por Decretos de la Junta Departamental o Resoluciones de la Junta Departamental en el caso de sus funcionarios. Jamás una ley nacional puede regular la designación y el Estatuto de los funcionarios departamentales.
No obstante hay una excepción prevista en la propia Constitución (art. 64), que podría dar pié a que una ley nacional pueda establecer disposiciones referidas a los funcionarios departamentales (cualquiera sea su naturaleza) en el caso que sea aprobada por 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Si se lograra ese “quórum”, entonces sí una ley nacional puede establecer disposiciones sobre los funcionarios departamentales. En virtud de la generalizada indignación que el nepotismo descubierto en el actual gobierno ha originado, no debemos dudar que ese “quórum” debería ser fácilmente alcanzado.