Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

El reino de la improvisación

Fulvio Gutiérrez
Por

Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez.
Una de las características de la actividad política, es su facultad de previsión. Es decir, la política sirve –entre otras cosas- para prevenir situaciones que aparecen sin previsión jurídica alguna, o que la tienen, pero necesitan una adecuación o modificación a las nuevas realidades, que generalmente son diferentes a la realidad que existía cuando se crearon las viejas normas. Eso es lo que ha pasado con las normas del procedimiento penal. Uruguay se obligó internacionalmente a revisar todo su sistema procesal penal, viejo, y por viejo obsoleto, inadecuado a los tiempos que vivimos y fuera de un concepto casi universal aplicado por los demás países. Con esa idea, hace muchos años comenzó un larguísimo proceso – demasiado largo- de elaboración de un nuevo código procesal penal. Al final se aprobó un nuevo código. Pero no se lo pudo aplicar, porque su aplicación, como ahora pasa de nuevo, supone reformas orgánicas que a su vez, suponen previsiones financieras que el gobierno no hizo. Si a eso agregamos imprevisiones en la redacción del articulado, contradicciones gravísimas (de trataron de arreglar a último momento pero el “arreglo” fue parcial e insuficiente), y falta de infraestructura material y humana, precisamente por falta de recursos que tampoco se previeron, en tiempo y forma, entonces todo se vuelve en una especie de caos en la aplicación de las normas.
Como consecuencia de tal situación, se produjeron las graves discrepancias públicas entre el Fiscal Dr. Gustavo Zubía, Vicepresidente de la Asociación de Fiscales, y el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, lo que en definitiva culminó en la renuncia de aquél.
Zubía criticó las demoras en la aprobación de órdenes de captura y allanamientos durante procedimientos urgentes, agregando que si bien está de acuerdo con el nuevo sistema acusatorio, en la práctica, las demoras burocráticas terminan dejando libres a los delincuentes. La gravedad de estas declaraciones llevó incluso a que el Fiscal de Corte dispusiera la iniciación de una investigación administrativa contra Zubía (Resolución 032/2018, de fecha 17/01/2018 Exp. 2018-33-1-00071)), ya que los hechos que denunciaba éste, al parecer justificaban aclarar debidamente y por esa vía, la veracidad de los mismos. Sin perjuicio de la puntual y no sustantiva situación reseñada, consideramos que lo esencial de esta controversia se desprende de aspectos a los que seguidamente nos referimos.
El clima de esta discusión, que en su mayor parte se exteriorizó a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, fue creciendo rápidamente y las mutuas referencias entre ambos jerarcas, tomaron un tinte personal. Zubía expresó que Díaz no podía haber apoyado tanto al nuevo código si después afirmó que su puesta en práctica, requería un número cinco veces mayor de fiscales que los que actualmente hay, agregando que al Dr. Díaz lo “mata el ego”; y éste señaló, por su parte, que el Dr. Zubía tendría aspiraciones políticas. Más aún, en determinado momento se cambiaron opiniones en cuanto a que uno de los dos fiscales o ambos, estarían cometiendo una violación jurídica en la medida que los comentarios políticos les están vedados, por la Constitución de la República y por leyes que reglamentan la actividad del Ministerio Público. Todo muy poco serio, no solo por la jerarquía de quienes discutían públicamente estos puntos, sino porque un tema de la trascendencia del nuevo sistema procesal penal, requiere un tratamiento técnico profundo, porque afecta sin duda a un aspecto tan sensible como lo son los derechos humanos fundamentales.
Y todo porque nadie se acordó de que una ley que no se ajusta a la realidad o no tiene el sustento material y humano suficiente, no se aplica o se aplica mal. Por todo eso recordamos las palabras del jurista francés Renée Pascal, cuando le dijo a quienes en el mundo lo quisieran escuchar: “el Derecho sirve para la realidad, o no sirve para nada”. Nuestras máximas autoridades (integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo) deberían leer a Pascal, y abocarse en forma urgente a arreglar lo que está mal y a votar los recursos suficientes para que la organización del Ministerio Público tenga la infraestructura acorde con la nueva norma procesal.