Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

Sobre “tarjetas corporativas”

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Diario

Dr. Fulvio Gutiérrez

El tremendo impacto que ha causado en nuestro país el mal uso de las denominadas “tarjetas corporativas” por parte de funcionarios estatales, nos lleva a realizar ciertas consideraciones sobre el uso en Uruguay de este medio de pago muy conocido a nivel empresarial internacional.

Porque acá se da, una vez más, la diferencia que hay entre un instituto jurídico (hay varios ejemplos en este sentido) o una herramienta financiera (como lo es la tarjeta corporativa) y el uso que se hace por parte de algunos funcionarios estatales de gobierno que se benefician de tales elementos. Es decir: las tarjetas son buenas, prácticas y facilitan el control de gastos, si son correctamente usadas y si quien la utiliza sabe de qué se trata y tienen una mínima ética personal para usarlas.

Con lo cual estamos diciendo, que no por el mal uso que han hecho y siguen haciendo algunos funcionarios del gobierno uruguayo de las tarjetas corporativas, y pueden seguir haciéndolo, eso nos lleve a cuestionar su utilización o a llegar al absurdo de solicitar su eliminación. Ya algún político dijo que va a proponer su prohibición lisa y llana, como si la culpa fuera del chancho y no de quien le rasca el lomo. Bien a la uruguaya. La tarjeta sirve, el que no sirve es aquel funcionario uruguayo que la mal utiliza.

Es común que las grandes empresas nacionales y multinacionales proporcionen a sus funcionarios de jerarquía, sobre todo cuando viajan fuera del país, este tipo de tarjetas. Sirven para gestionar y controlar sus gastos de manera cómoda y sencilla. De esa forma se evitan los anticipos en efectivo para dichos funcionarios por gastos de viaje y representación, y se controlan mejor por parte de la tesorería de la empresa. Por otra parte, este tipo de tarjetas, proporcionan al cliente otras ventajas como ofertas en el precio de los hoteles, alquiler de coches, trato preferente en algunas líneas aéreas, sin perjuicio de otros beneficios de menor importancia. Generalmente, estas tarjetas son gratuitas y tienen como mejor beneficio la gran flexibilidad en la forma de pagos de los gastos que con ella se realicen. Además, en una sociedad organizada y consciente, y con el buen uso que corresponde a esta herramienta financiera, hay varios tipos de tarjetas: como las de débito, de crédito, de servicio y de prepago.

Claro, aplicar este medio financiero en Uruguay, ponerla como un beneficio que otorgan algunos órganos del Estado, entregársela a funcionarios que lo único que sabían de la tarjeta era que servía para gastar, y no haber establecido alguna mínima reglamentación (la que establecieron no dio resultado, o no se la dieron a conocer a los funcionarios), y sobre todo, no haber controlado mínimamente su uso, fue realmente un suicidio. Entregar una tarjeta corporativa a determinado funcionarios del gobierno uruguayo (de antes y de ahora), es como entregarle una metralleta a un mono y soltarlo en Uruguay y Sarandí. Podía pasar cualquier cosa, y seguramente cualquier cosa mala.

Y pasó nomás. Y en el “ranking” que por lejos lo ganaba al trote nomás Raúl Sendic, aparece como de contra un palo y con grandes posibilidades de superarlo, Pablo García Pintos, ex Director del BROU por el Partido Nacional durante uno de los gobiernos de Sanguinetti. Este buen señor, muy suelto de cuerpo, dijo con total firmeza y claridad, lo que gastaba con dicha tarjeta (vivía haciendo regalos y de importante costo económico), pero para sorpresa de todos, confesó que sacaba dinero para pagar sus aportes como afiliado al Partido Nacional. Se “quemó” él,” quemó” al Directorio del BROU de aquella época, pero sobre todo, “quemó” al Partido Nacional, que si bien no sabía nada del origen del dinero con que García Pintos pagaba sus aportes, vaya alguien a convencer a la gente que eso era así. Ahora sale a decir que va a devolver todo aquel dinero que ilegítimamente retiró (se habla de U$S11.000), y que va a renunciar a su partido, como si esto –ahora- pudiera servir de atenuante.

En definitiva, el instrumento sirve. Lo que hay que hacer es reglamentarlo en forma estricta y clara, y establecer –también con total claridad- que aquel funcionario que utiliza mal el dinero que proviene de la tarjeta, comete un delito que habrá que tipificarlo en una ley especial, y sancionarlo con prisión, devolución de todo lo gastado e inhabilitación para siempre en la ocupación de cargos público.

Como dijera un viejo amigo: para que se “enduque”, y no joda más.