Miércoles 12 de agosto, 2020
  • 8 am

Lavado de activos: un error imperdonable

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
(Primera entrega).
De acuerdo a un informe de la Presidencia de la República, el “lavado de activos” es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva (tráfico ilícito de drogas, corrupción, contrabando, etc.) a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo. Es, por otra parte, una actividad que trasciende la frontera de los países por lo cual, desde hace mucho tiempo, se han aprobado diversos acuerdos internacionales a varios de los cuales nuestro país ha adherido.
Precisamente, y en cumplimiento de tales obligaciones internacionales, la Ley No. 19.574, de fecha 20 de diciembre de 2018, pretendió establecer una nueva regulación sobre el problema que plantea el denominado “lavado de activos”. En tal sentido, se dispuso la creación de órganos administrativos con competencia en esta materia; se establecieron nuevas obligaciones con referencia a determinados profesionales (abogados, escribanos y contadores) o personas jurídicas; se crearon nuevas figuras penales y se ampliaron las penas de otras, estableciendose innovaciones de procedimiento. El proyecto de ley fue analizado en profundidad por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, por especialistas en Derecho Penal y Constitucional, incluso a través de cursos sobre esta temática tan delicada, por el Banco Central del Uruguay, por la Dirección Nacional de Aduanas, y por una serie de organismos, especialistas e instituciones que, de una manera u otra, opinaron sobre la nueva norma a crearse.
Confesamos haber leído una serie de informes expedidos por conocidos estudios jurídicos de Montevideo, o por especialistas en Derecho Penal o legisladores que actuaron en la Comisión legislativa que analizó el proyecto antes de ser presentado en el plenario de cada una de las Cámaras. Ninguno de esos informes, y ningún legislador que votó el proyecto de ley (tampoco los legisladores que no lo votaron), se dieron cuenta de un tremendo error jurídico que pasó olímpicamente desapercibido por todos los estudios, discusiones y decisiones al más alto nivel: la derogación lisa y llana, que se dispuso en el art. 79, de una profusa legislación penal anterior a la nueva ley aprobada.
Los principios generales establecen claramente que una ley posterior en el tiempo, deroga a una ley anterior. Pero los principios sobre la derogación de las leyes dentro del Derecho Penal, tienen algunas particularidades muy especiales. El art. 15 del Código Penal, dice que “Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos, o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia”. Pero luego agrega: “Cuando se suprimen, en cambio, delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento o de la condena en el primer caso, y sólo la modificación de la pena, en el segundo, en cuanto no se hallare ésta fijada, por sentencia ejecutoriada”. Este es el conocido principio “in dubio pro reo”, o sea en caso de duda, la decisión debe ser a favor de reo o delincuente. En consecuencia, si una ley suprime delitos, todos los delincuentes que hubieran cometido ese delito dejan de ser delincuentes y si están presos, deben ser dejados en libertad. En el caso de que la nueva ley solo disminuya la pena (pero no elimine el delito) entonces la condena se reduce a lo que indique la nueva ley.
¿Qué fue lo que estableció la nueva Ley No. 19.574 en su art. 79? – “Deróganse los artículos 54, 55, 56, 57, 62 y 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en las redacciones dadas por las Leyes N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, N° 18.494, de 05 de junio de 2009 y N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, los artículos 4°, 5°, 13 y 20 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en las redacciones dadas por las Leyes N° 18.494, de 05 de junio de 2009, N° 18.914, de 22 de junio de 2012 y N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9,° 10 y 11 de la Ley N° 18.494, de 05 de junio de 2009, los artículos 2° y 3° de la Ley N° 18.914, de 22 de junio de 2012, el artículo 49 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013 y todas las normas que se opongan a la presente ley”.
Lo que el legislador debió decir, es que la nueva norma “sustituía” las normas anteriores, con lo cual aquellas quedaban en vigencia pero con una nueva redacción.
En cambio, si esas leyes fueron derogadas, es decir dejadas sin efecto, todos los delitos tipificados en ellas desaparecieron al tener vigencia la nueva ley, y por lo tanto, quienes habían sido procesados o condenados por lavado de activos, dejan de ser delincuentes, se les disminuye la pena en su caso y obviamente salen en libertad. ¿Cómo arreglamos este error legislativo y verdadero caos jurídico con consecuencias sociales”.
Lo analizamos el próximo domingo.