Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

Lavado de activos: un error imperdonable

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez.
(Segunda entrega).
El pasado domingo, señalábamos el tremendo error jurídico cometido en el art. 79 de la Ley No. la Ley No. 19.574, de fecha 20 de diciembre de 2018, al establecer en forma genérica la derogación de una serie de leyes (en algunos casos en forma parcial y en otros en forma total) sobre “lavado de activos” preexistentes a dicha nueva ley.
Lo que el legislador debió decir, es que la nueva norma “sustituía” las normas anteriores, con lo cual aquellas quedaban en vigencia pero con una nueva redacción.
Sin embargo, dispuso “derógase”, lo que –obviamente- las dejó sin efecto. Por tanto, la consecuencia fue que todos los delitos tipificados en esas leyes desaparecieron al entrar en vigencia la nueva ley, y por lo tanto, quienes habían sido procesados o condenados por lavado de activos, dejaron de ser delincuentes, se les disminuye la pena en su caso y obviamente deben salir en libertad. Eso es lo que surge de las previsiones del art. 15 del Código Penal, por aplicación de un principio de “in dubio pro reo”, es decir, en caso de duda, la solución siempre tiene que ser a favor del reo o delincuente.
¿Cómo arreglamos este mayúsculo error legislativo que creó un verdadero caos jurídico con consecuencias sociales”? La situación es muy difícil de solucionar.
Lo primero que escuchamos por parte de algunos legisladores, es recurrir al instituto de la interpretación de la Constitución que está prevista en el art. 85 Nral. 20, donde se establece entre las competencias de la Asamblea General: “Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con los arts. 256 a 261”. Lo que nos dice la Constitución, es que mediante una nueva ley, el Poder Legislativo puede interpretar una ley anterior con carácter obligatorio. Interpretación que tiene efecto retroactivo a la fecha de la ley interpretada. A nuestro juicio, este mecanismo no es viable en este caso. En efecto, la Suprema Corte de Justicia ha sentado una jurisprudencia firme, señalando que solo es válido utilizar tal mecanismo en caso de las dudas que puede plantear una ley, lo que se aclarará mediante otra ley. En el caso que nos ocupa, nadie puede sinceramente afirmar que el art. 79 de la Ley No. 19.574 tiene una redacción dudosa. Al revés. La norma es muy clara: dice “derógase” y ese término no admite dos interpretaciones. Significa dejar sin efecto una ley anterior.
Tratando de reafirmar aquella posición, alguien dijo que el espíritu de la ley, no fue jamás derogar leyes anteriores, sino reafirmarlas e incluso aumentar sus penas. Este argumento tampoco sirve. El art. 17 del Título Preliminar del Código Civil, que tiene valor genérico en materia de interpretación, dice: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su sanción.” Como ya lo dijimos, el art. 79 no es oscuro; es totalmente claro y contundente. Por tanto, debemos estar al “tenor literal” sin buscar soluciones en razones del “espíritu” de la ley, que por lo dicho, no está permitido.
¿Es que entonces van a quedar libres todos los procesados y condenados por lavado de activos? Nosotros opinamos que no, pero por otras razones. Pensamos que en el orden de las normas jurídicas de nuestro sistema democrático, los tratados que se refieren a derechos fundamentales del hombre tienen validez constitucional; y los tratados referidos a otras materias, están por debajo de la Constitución y por encima de la ley. Pensamos también, que una ley interna, jamás puede ir contra un tratado, y si así ocurriere, la ley es inconstitucional. Así las cosas, pensamos también que el art. 79, tal como fue redactado, es violatorio de varios tratados internacionales a los que se adhirió la República. De acuerdo a ello, y conforme a la opinión de los Drs. Héctor Gros Espiel, Gonzalo Ramírez, Ruben Correa Freitas, Carlos Mata – entre otros- posición que compartimos, el mencionado art. 79 es violatorio de la Constitución. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación puede plantear en forma urgente e inmediata, en cada uno de los procesos penales vinculados con el lavado de activos, un recurso de inconstitucionalidad contra dicho artículo a los efectos de que la Suprema Corte de Justicia haga lugar a dicha pretensión y declare inaplicable el mencionado artículo a cada uno de esos procesos penales. En definitiva, todo dependerá de la decisión de nuestro máximo órgano judicial.
Si la Suprema Corte de Justicia así lo entendiere, interpuesta la acción de inconstitucionalidad, el proceso de aplicación de la ley se detendría, y entonces se estaría a la espera de la opinión definitiva de nuestro máximo órgano de Justicia.
Sin perjuicio de la solución que en este caso se pueda alcanzar para evitar las desastrosas consecuencias señaladas, la situación debería aguzar el celo de quienes propusieron, legislaron y promulgaron una ley con tamaño error contenido en ella.
*El tema fue tratado en profundidad en un artículo titulado “La validez de una ley que aprueba un tratado y su trascendencia práctica”. Revista de Derecho Público. No. 35. . Año 2009. Pág. 15.