Jueves 28 de mayo, 2020
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Sobre el número de ediles

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
A casi diez años de la primera ley de Municipios No. 18.567 de 13 setiembre de 2009, el Poder Ejecutivo tiene a estudio un anteproyecto de ley a través del cual se pretende introducir modificaciones a la normativa departamental y municipal, para –dice su exposición de motivos- “profundizar la descentralización política en el Uruguay”, incrementando el número de municipios y realizado cambios en sus competencias y atribuciones.
Se pretende modificar varios aspectos vinculados a los Gobiernos Departamentales y Municipales y por lo tanto, los temas estarán abiertos a diversas opiniones jurídicas y políticas. Lo que opinemos en este momento, serán meras reflexiones parciales vinculadas a una de las reformas que se proyectan, y que refiere a disminuir el número de ediles integrantes de la Junta Departamental. Para eso no se necesita una reforma constitucional, sino que puede hacerse por ley aprobada por 2/3 del total de componentes de cada Cámara (art. 269 de la Constitución).
En verdad, no podemos entender que tiene que ver el número de ediles de la Junta Departamental, con la descentralización de los gobiernos departamentales o municipales.
El número de integrantes de las Juntas Departamentales ha variado a lo largo de nuestra historia. En las constituciones de 1830 y de 1918, no se preveía la existencia de Juntas Departamentales. En la primera, se creó una Junta Económico-Administrativa con facultades de iniciativas pero no vinculantes; y en la segunda se creó una Asamblea Representativa con limitadas funciones legislativas.
Pero ante la realidad de las exigencias y necesidades del momento, nuestro legislador se vio en la necesidad de crear algún órgano departamental que cumpliera tares legislativas y de contralor. La ley No. 2820 de 10 de julio de 1903, le otorgó a las Juntas Económico-Administrativas, ciertas tareas administrativas naciendo así una especie de separación de poderes funcional pero no orgánico. Estaban integradas por vecinos cuyo número, según la población, no podría bajar de cinco ni pasar de nueve. Años después, por Ley No. 7042 de 23 de diciembre de 1919, se concretaron mejor sus competencias legislativas y de contralor, sus integrantes se denominaban Diputados Departamentales, y el número de integrantes dependía de cada departamento: Montevideo tenía 90 miembros, Canelones 56, Colonia 40, Salto 37, Paysandú y Minas 32 y en los restantes departamentos 30 miembros cada una.
Es decir, la creación de estos órganos fue por la vía legislativa y por tanto por fuera de la Constitución. Sin embargo la violación constitucional sae toleró, porque en definitiva cubrían las necesidades y complejidades de los gobiernos departamentales, reforzando –eso sí- nuestro sistema democrático.
A partir de 1934 esta situación se constitucionalizó, pues las Juntas Departamentales fueron previstas como órganos legislativos y de contralor en la referida Constitución.
El número de Ediles era de 11 integrantes en Montevideo y 9 integrantes en los restantes departamentos. En la Constitución de 1942, el número de integrantes era de 31 en Montevideo y 15 en los restantes departamentos; y en la Constitución de 1952 se generalizar el número de 31 Ediles para todas las Juntas Departamentales de los diecinueve departamentos, lo que actualmente se mantiene.
Más allá de que el número de Ediles de la Junta Departamental ha variado como se indicó, no se entiende que tiene que ver el mayor o menor número de Ediles con la descentralización departamental o municipal.
La descentralización de un organismo (caso Gobierno Departamental) y de un órgano (caso Junta Departamental) depende de las competencias que se le atribuyan, de su autonomía (es decir su capacidad de dictar normas dentro de su competencia), y de sus recursos económicos y financieros, Por ejemplo, la descentralización y autonomía de los Gobiernos Departamentales es relativa, si lo analizamos a la luz de institutos de contralor que prevé la propia Constitución y su cada vez más importante dependencia financiera del Gobierno Central; y la tan difundida descentralización de los Municipios, no existe. A lo sumo es una mera desconcentración en la medida que estos órganos locales dependen claramente del Intendente.
En definitiva, cambiar el número de integrantes de la Junta Departamental, en nada incide en la mayor o menor descentralización departamental o municipal.