Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

Los inmigrantes y ciudadanía

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Diario

Dr. Fulvio Gutiérrez
Son demasiadas las oportunidades en que personas que nos conocen y saben que ejercimos la abogacía y fuimos docentes de Derecho, nos preguntan con un dejo indisimulado de alarma, si es verdad que el gobierno actual puede otorgarle la ciudadanía en forma rápida a los miles de inmigrantes centroamericanos que se han radicado en nuestro país. Porque estas personas razonan en forma muy clara: si lo puede hacer, entonces el gobierno se está aprovechando de la situación difícil que rodea siempre a cualquier inmigrante, y a cambio del voto en las próximas elecciones, le otorga –además de beneficios del MIDES- la carta de ciudadanía. Y como se ha dicho que los inmigrantes caribeños son 30.000, cualquier persona sin mayores conocimientos y a la ligera, piensa entonces que el Frente Amplio se va a “rebuscar” de 30.000 votos.
No es así. El razonamiento está equivocado por donde se lo mire.
Nuestra Constitución, claramente establece dos clases de ciudadanía, además de lo que se denomina “elector no ciudadano”. Por un lado la ciudadanía natural, que solo la pueden tener los “hombres y mujeres nacidos en cualquier parte del territorio de la República”; y “los hijos de padre o madre orientales cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico Nacional”. En esta categoría los inmigrantes no entran.
Los inmigrantes –precisamente por su condición de extranjeros- pueden entrar en esta segunda categoría, que son los ciudadanos legales, pero siempre y cuando cumplan alguno de estos requisitos: que acrediten buena conducta, tener familia constituida en la República, que además tengan capital en giro, propiedades, o profesen alguna ciencia, arte u oficio, y tres años de residencia en la República.
También puede ocurrir que el extranjero cumpla todas esas características, pero no tenga familia constituida en la República, en cuyo caso se le exige cinco años de residencia en la República.
Hay un tercer caso de ciudadanía legal, que es cuando se la otorga la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes. Esto tampoco comprende a estos inmigrantes caribeños y en verdad, se conocen seis o siete casos en toda la historia del país.
Por otra parte, la Constitución prevé el caso de una persona extranjera que no quiera ser ciudadano, pero que acredita las condiciones antes mencionadas y una residencia de quince años, y una vez probados dichos requisitos, también puede votar aunque no sea ciudadano. El lector se preguntará por qué no quiere ser ciudadano. Porque es extranjero, y su país de origen establece que si adquiere otra ciudadanía, pierde su ciudadanía y nacionalidad de origen. Se hizo para contemplar a los inmigrantes extranjeros que vinieron en los primeros años del siglo XX y querían ser ciudadano uruguayo pero no perder su propia ciudadanía de origen.
Es decir, para todos los extranjeros, obtener la ciudadanía legal, supone necesariamente que primero, acrediten una serie de condiciones y además acrediten una residencia de tres o cinco años en el Uruguay.
Tenemos que entender que ciudadanía y residencia son dos cosas muy diferentes, y para obtener aquella, hay que acreditar la residencia. Eso se hace administrativamente ante la Corte Electoral. Es un trámite complicado, exigente y que lleva mucho tiempo. La propia Corte Electoral, en su página web, define al certificado de residencia como el documento que acredita la residencia en el país de los extranjeros que desean adquirir el derecho al sufragio y se expide solo a los efectos de inscribirse en el Registro Cívico Nacional. Es decir, el extranjero que no acredita residencia, no puede ser ciudadano legal.
En la última Ley de Presupuesto, No. 19.355, el art. 162 estableció algunas facilidades para obtener la residencia, pero solo para “extranjeros que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad”, y además de cumplir con la reglamentación que se dicte, “carezcan de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad” (art. 37). Es decir, se habla de residencia, y no de ciudadanía que es una calidad que se obtiene si primero se acredita la residencia.
Pero además, en el caso de que a un extranjero se le otorgue la calidad de ciudadano legal, no quiere decir que pueda ejercer el derecho al voto en forma inmediata, porque el art. 75 inc. 3° dice que el ejercicio de la ciudadanía legal (la que se otorga a los extranjeros), solo puede ser ejercida tres años después de su otorgamiento.
Quedó claro: ninguno de los inmigrantes que ingresaron en el correr del presente gobierno, podrá votar en las próximas elecciones, y dudo que lo puedan hacer en las elecciones 2025. La Constitución como norma de cumplimiento obligatorio, y la burocracia en su máxima expresión, puede que se lo impidan.
Entonces todos tranquilos: los inmigrantes caribeños en las elecciones de 2019, no pueden votar.