Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

El proyecto de reforma de Larrañaga

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Diario

Dr. Fulvio Gutiérrez
El Senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga, realizó el lanzamiento público de su propuesta de reformar la Constitución, para incluir en ella los siguientes temas:
1) Levantar la prohibición de realizar allanamientos nocturnos. Se pretende modificar el art. 11 de la Constitución, que permite los allanamientos en los hogares solo de día, con el consentimiento de su jefe, o con orden escrita de un Juez, pero los prohíbe por la noche. La fuente de esta norma es el art. 135 de la Constitución de 1830, aunque en lugar de hablar de “hogar”, decía “casa”. Me parece una buena iniciativa, porque los tiempos cambiaron y las realidades también, y la noche es una buena aliada de la delincuencia que se debe eliminar como requisito para hacer un allanamiento. Como afirmara el Dr. José Korzeniak, el sentido de una norma no podrá ser interpretado de manera tal que no guarde contacto con la realidad. Si se exige la orden judicial escrita, no le vemos ningún inconveniente. Se ha dicho que los tratados internacionales prohibirían tal cosa, aunque no se individualiza el tratado con lo que el argumento pierde vigencia. El Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de los Derechos Humanos) en su art. 11.2 prohíbe “injerencias arbitrarias” en los domicilios de las personas. Pero en el proyecto nada es arbitrario, porque interviene la Justicia en forma directa y muy precisa en cuanto a los requisitos de su intervención. Entendemos por ello, que las garantías individuales están resguardadas.
2) Establecer el cumplimiento efectivo de las penas por parte de los condenados por delitos graves, que no podrán recibir el beneficio de la libertad anticipada.  Por fin Uruguay comenzará a salir de una mala costumbre de crear procedimientos que en definitiva tergiversan las penas a aplicar, las disminuyen en el tiempo, y van contra el principio de que la pena debe ir en proporción a la gravedad del delito.
3) Crear una nueva pena: la “reclusión permanente revisable” para delitos especialmente graves, como violación o abuso sexual seguido de muerte, sicariato y homicidios múltiples.  En los hechos, es una pena de prisión perpetua, pero que podrá ser revocada a los 30 años de cumplida la condena, siempre que el delincuente demuestre haberse recuperado. Nos parece lógica y compartible.
4) Creación de la Guardia Nacional, que como “segunda fuerza” tendrá la misión de colaborar en la seguridad pública, integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas.  Los efectivos que se sumen a esta fuerza seguirán dependiendo funcionalmente del Ministerio de Defensa, y coordinarán operativamente con el Ministerio del Interior en la manera que lo disponga el Poder Ejecutivo. Esta es la reforma que ha traído más resistencia. Creemos que hay un prejuicio de que las Fuerzas Armadas son por esencia “golpistas”, como consecuencia de la dictadura que desgobernó al país entre 1973 y 1985, y por lo tanto, hablar de militares es “mala palabra”. Diríamos que hoy por hoy, hay un absurdo temor a un “golpe de estado”. No debe ser así porque el rol que se le pretende dar a la intervención de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la seguridad interna (combate a la delincuencia), es muy preciso y concreto y estará acotado a tal finalidad.
Hecho el lanzamiento del proyecto de reforma, inmediatamente aparecieron los integrantes de esos “comités de impedir”, que siempre quieren tener algún protagonismo en cuanto tema sirva para sacar alguna ventaja política (en verdad, politiquera), y por supuesto, los voceros del gobierno tratando de hacer sesudos razonamientos artificiales y vacíos de contenido, porque para ellos, aceptar la propuesta, será un reconocimiento del fracaso rotundo de la política de seguridad interna nacional. En ambos casos es entendible, porque ambos forman parte de la fauna política uruguaya que busca protagonismo, y están esperando ver a qué se pueden oponer para salir en los medios de comunicación.
Se ha dicho también que la reforma, de aprobarse, sería aplicable dentro de dos años, y que lo que se necesitan son soluciones pronto y ya. Sí, es verdad. Pero nadie propone esas soluciones inmediatas y las propuestas hechas por la oposición, no tienen el apoyo del gobierno. Para muestra basta un botón: La Cámara de Senadores aprobó hace unos días el proyecto de ley que aumenta las penas para los homicidios que son cometidos contra policías, jueces y fiscales cuando se compruebe que el delito fue cometido a raíz de esa condición, y considera a estos asesinatos como muy especialmente agravados. Todavía falta la aprobación por la Cámara de Representantes Hace dos años que se presentó esta iniciativa por la oposición, pero había quedado “trancada” porque el gobierno no se ponía de acuerdo en su interna para votarla. Por tanto, esta crítica carece de sentido.
Entendemos que todas las medidas sobre protección de la seguridad interna, no coliden con el proyecto del Senador Larrañaga. Entonces, seamos sensatos, y dejemos la politiquería de lado, porque en definitiva esos proyectos más que oponerse, antes bien van a complementar la propuesta de la reforma constitucional, y por supuesto, deberán ajustarse a ella.
Por lo afirmado, damos nuestro apoyo jurídico y político al proyecto analizado.