Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

El presupuesto de la enseñanza

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez.
Ha quedado muy claro, que el tan mentado compromiso de votar, por parte del gobierno, un 6% del PBI para la educación, fue y es una tremenda mentira. Con el agravante de que fue una promesa electoral del Dr. Tabaré Vázquez en la campaña con vistas a las elecciones de 2015 (con el abierto y firme apoyo del Cr. Danilo Astori), lo que seguramente supuso que muchos ciudadanos votaran a favor del Frente Amplio. Eso transforma tal promesa, en una clara acción demagógica, entendiéndose por tal, el empleo de halagos, falsas promesas que son populares, pero difíciles de cumplir, solo para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de ambiciones políticas del gobierno de turno. Típica conducta de los gobiernos populistas. Hoy por hoy, vencido ya el plazo constitucional para la presentación de la Rendición de Cuentas que es obligatoria y la imposibilidad de presentar iniciativas de Modificación a la Rendición (modificaciones que solo son posibles a la Ley de Presupuesto), el engaño ha quedado al descubierto. Por su parte Astori, ahora, se opone abiertamente, en un acto de acrobacia política a lo que nos tiene acostumbrado, porque una voltereta similar realizó con respecto al impuesto a las pasividades (IASS).
Los gremios vinculados a la educación, e incluso el PIT-CNT como confederación, han insistido reiteradamente en el cumplimiento de aquella promesa; y como forma de lucha para conseguir dicho apoyo financiero, se han multiplicado los paros y las ocupaciones de centros de enseñanza, perjudicando abiertamente a la parte más débil de toda la estructura educativa: los alumnos. Claro, a los gremios eso no les importa, pese a que saben que esta conducta no modificará las decisiones del gobierno. Suficientemente cerca están del mismo para saber lo que siente y piensa.
Está claro también que los gremios sabían de antemano que el gobierno no iba a cumplir con la promesa de 2015. Pero como actúan pretendiendo ser un cogobierno, la situación les vino como anillo al dedo para movilizar al sector educativo, con la finalidad nada encubierta, de conseguir aumentos salariales. Ese es el cangrejo debajo de la piedra. ¿Eso está mal? Por supuesto que no. Todo gremio debe velar por mejoras para sus asociados, y nadie duda que una de las más importantes es el aumento del sueldo del personal docente y no docente. Pero eso es un aspecto a tener en cuenta. Hay otro que por su objetivo sobre los educandos, es de interés público: la calidad de la enseñanza.
No obstante tenemos que ser sinceros y decir una verdad: jamás la enseñanza tuvo un apoyo económico y financiero tan grande como durante los gobiernos frentistas. No obstante, si analizamos la relación costo-beneficio, tal apoyo económico no se ha traducido en una mejora en la calidad de la enseñanza, sino todo lo contrario. Y no nos estamos refiriéndonos solo al fracaso uruguayo en las famosas pruebas PISA, sino al desorden casi caótico en que está inmersa hoy por hoy la enseñanza pública.
Esto de fijar porcentajes del PBI en favor de determinadas actividades estatales, viene de lejos. En 1994, se realizó un plebiscito para incluir en la Constitución la obligación de que el presupuesto de la enseñanza debía ser el 4,5% del PBI. La ciudadanía no lo apoyó, como tampoco apoyó la iniciativa de fijar en la Constitución un porcentaje similar al cual debía ascender el presupuesto del Poder Judicial, como ocurre por ejemplo en Costa Rica.
Pero además, nos surgen algunas preguntas: ¿Por qué el 6% del PBI? ¿Por qué no el 4% o el 8%? ¿Cuál es el fundamento y destino del dinero que se solicita? ¿El rechazo ciudadano a un pedir por pedir, no estará fundado en la falta de justificación y de explicación lógica? ¿Es que la reforma no tenía como exigencia el hecho de que los organismos de enseñanza debían acreditar en qué iban a invertir los millones de pesos que esos apoyos suponían? Tal vez sí. Porque los hechos indicaron que la enseñanza no mejoró, que los planes y programas van y vienen, que se aprueban y se derogan, y que todo es un fracaso, salvo cuando se aceptaron algunas reformas del “Plan Rama”, que antes habían criticado con dureza. Seguramente los defensores de la iniciativa van a decir que el gobierno no puede imponer condiciones a organismos que gozan de autonomía. Seguramente otros piensan que no es bueno dar un cheque en blanco a los organismos beneficiados, y eso, desde el punto de vista de la razón, de la lógica y de la economía, tampoco está bien. Pero se olvidan que la Constitución establece en forma obligatoria el “presupuesto por programa”, lo que significa que los recursos que se piden, deben estar justificados en un programa detallado, fundado, donde la financiación precisa y de antemano esté perfectamente prevista, y por supuesto sometida al contralor del Tribunal de Cuentas. Lo dice la Constitución por lo cual la legalidad del procedimiento está jurídicamente avalado. ¡Por favor, lean el art. 214!
Claro, está lo otro: el gobierno no tiene dinero, porque en épocas de bonanza gastó más de lo que debía y además lo gastó mal; porque se resiste a disminuir el enorme gasto del Estado para no quitar beneficios o prebendas en un tiempo casi de elecciones; porque su propia gente lo estafó y le robó millones de dólares (Pluna, Ancap y otros etcéteras), que no recuperará jamás y porque en definitiva, hace rato que perdió la brújula, y por tanto, no tiene rumbo preciso.