Jueves 13 de agosto, 2020
  • 8 am

El blindaje tributario a las pasividades

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
Se ha iniciado un procedimiento jurídico con la finalidad de que el monto de las pasividades, no sean afectadas por cualquier tributo (impuesto, tasa o contribución), detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las referidas a obligaciones alimentarias, de salud o las que consienta el titular de la pasividad.
La modificación consiste en establecer en la Constitución, la prohibición a que se pueda aprobar cualquier forma de descuento, que pretenda imponerse al monto de cualquier pasividad. Esto es, los jubilados y pensionistas tendrán la garantía y por ende la seguridad, que nunca más su pasividad podrá ser objeto de descuentos de tipo alguno.
En efecto. El actual art. 67 de la Constitución, establece que las jubilaciones y seguros sociales deben garantizar a sus titulares los retiros adecuados y las garantías necesarias para su manutención, y sus montos se deberán reajustar conforme a la variación del Índice Medio de Salarios, en las mismas oportunidades en que se establezcan los ajustes o aumentos a los funcionarios de la Administración Central.
Esta redacción no impide que las pasividades sean objeto de descuentos por diversos procedimientos legales, como ocurrió primero con la imposición por ley del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas), y cuando este fue declarado inconstitucional, también por ley se creó el IASS (Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social), que continúa actualmente vigente.
Por eso, el objeto de la reforma proyectada es agregar un segundo inciso al actual art. 67 de la Constitución, en el que se expresaría: “Las pasividades, las pensiones y en general, todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el Banco de Previsión Social, o entidades estatales, paraestatales o privadas no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las que consienta su titular”.
La generalidad absoluta de la redacción de la propuesta de reforma significa, sin duda, un claro blindaje a las pasividades, prohibiendo todo tipo de gravamen o descuento, cualquiera sea su origen y cualquiera fuere su naturaleza.
El fundamento es muy claro pero sobre todo, muy justo: quienes toda su vida activa, han aportado los dineros que la ley ha dispuesto, precisamente, con la idea de que constituyan un fondo del cual saldrán sus pasividades, deben estar seguros de que ese fondo no se podrá tocar. Esto va a impedir que el Estado pueda crear gravámenes o descuentos a los montos de las pasividades.
Se parte de la base de que el trabajador activo debe cumplir y aceptar los gravámenes que la ley impone en su etapa laboral; pero el pasivo debe disfrutar íntegramente de su pasividad, sin descuento de clase alguna. Así de simple. El trabajador activo cuando paga sus aportes a la previsión social, ahorra para su vida no laboralmente remunerada, y ese ahorro tiene una única finalidad: ser la previsión económica para cuando ya no pueda trabajar más. La única forma de mantener esos principios, es establecer en la Constitución, una norma que claramente prohíba hacer cualquier tipo de descuento económico a las pasividades.
El art. 331 de la Constitución, prevé cinco procedimientos para su reforma. Uno de ellos es la iniciativa popular que fue la que se eligió en esta oportunidad: el 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, pueden presentar un proyecto de reforma constitucional, ante el Presidente de la Asamblea General, para ser sometido a plebiscito en la elección más inmediata. Eso se hace firmando papeletas que ya están a disposición del público, las que se deberán presentar antes del 30 de mayo de 2019. Si se reúnen aproximadamente 250.000 firmas, la reforma se somete a plebiscito en la próxima elección (último domingo de octubre de 2019), debiéndose obtener por lo menos la mayoría absoluta de los votantes (mitad más uno), que a su vez representen el 35% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
Compartimos totalmente la justicia y razón de esta reforma constitucional desde el punto de vista jurídico. Los demás principios que la sustentan, lo analizaremos el próximo domingo.
¡Entre tanto….. vayamos firmando!