Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

La protección de los montos jubilatorios

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez.
Como decíamos en la columna del pasado domingo, se ha iniciado un procedimiento jurídico que tiende a modificar el art. 67 de la Constitución, a los efectos de prohibir que el Estado pueda crear cualquier tipo de gravamen que signifique una disminución en los montos jubilatorios. Dicho con otras palabras, se pretende crear una garantía constitucional para que ninguna pasividad pueda ser objeto de descuento de clase alguna.
Ahora bien: ¿cuál es el fundamento de la reforma constitucional proyectada?
Digamos que hay un fundamento de sentido común y de pura justicia. Quienes toda su vida activa han aportado los dineros que la ley ha dispuesto, precisamente, con la idea de que se constituya un fondo del cual saldrán sus pasividades, deben estar seguros de que ese fondo no se podrá tocar. Para eso se creó ese fondo: para pagar las pasividades de cada uno cuando ya no esté en condiciones de trabajar en forma activa. Entonces, resulta inadmisible que el Estado grave esos fondos con cualquier tipo de impuesto o descuento. Así de simple.
Pero desde el punto de vista jurídico, y reafirmando aquel fundamento de sentido común y de pura justicia, hay otros fundamentos que no podemos dejar de señalar.
En primer lugar, nuestro derecho positivo, a través de la Ley No. 16.713, ha creado un doble sistema de financiamiento de la seguridad social: A)El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, que es aquel que establece prestaciones definidas y por la cual los trabajadores activos, con sus aportes económicos, financian las prestaciones de los pasivos, junto con los aportes patronales y los tributos afectados a la asistencia financiera estatal; y B)El régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, que se integra con parte de los aportes individuales de los activos, que se acumula en una cuenta personal, que tiene su actualización y reajuste, la que es administrada por las AFAPS. De la suma de las dos aportaciones, se forma un fondo económico, del cual sale la jubilación de cada pasivo.
En segundo lugar, el derecho a la Seguridad Social es un Derecho Humano. No cabe la menor duda que el reconocimiento del inalienable, inextinguible e irrenunciable derecho de acceso al servicio público de la seguridad social existe a lo largo de toda América y de suyo, en mayor o menor grado, en todos los países del mundo, al tratarse de una obligación inexcusable del Estado atento a lo contemplado por el artículo 22, y delineado luego su contenido por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que fue ratificada por nuestro país y por tanto, Uruguay debe cumplirla sí o sí. Es más, afectar este Derecho Humano, constituye una abierta inconstitucionalidad, atendiendo a la nueva teoría del control de convencionalidad que también se ha desarrollado en toda América, y a la que nuestra Suprema Corte de Justicia se ha adherido sin dudarlo. Esto es, las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, tienen jerarquía similar a la Constitución, por tanto lo que en ellas se disponga son de aplicación directa a nuestro Derecho Interno.
Nuestro gobierno se defiende diciendo que de alguna manera, el Estado debe tener sus recursos económicos propios, y que por tanto, los impuestos o los gravámenes o descuentos que se le hacen a las pasividades son procedentes y legales. La respuesta es muy simple: el gobierno necesita dinero, es verdad; pero el origen de ese dinero debe ajustarse al Derecho Interno e Internacional que el Uruguay aceptó. Por lo tanto es su obligación buscar soluciones económicas o financieras para su funcionamiento, pero sin violar normas jurídicas y respectando Derechos Humanos inalienables. Como lo es el Derecho a la Previsión Social.
Por eso también es contrario a Derecho, los topes que se mantienen a los montos jubilatorios. Recordemos que esos topes fueron obra de la dictadura, a través del Acto Institucional No. 9, y que luego, alguna terrible legislación lo mantuvo y hasta lo aumentó.
La dictadura creó el principio de que las jubilaciones deberían ajustarse a las posibilidades financieras del Estado. ¡No! Rotundamente no! Los montos jubilatorios deben ajustarse en proporción al monto de los aportes que activo hizo durante su vida laboral. Si aportó mucho, tendrá una buena jubilación; si aportó poco, tendrá una pobre jubilación. Eses es el principio correcto. Entonces el Estado no tiene derecho alguno a disminuir a su antojo los montos jubilatorios, ni gravarlos de forma alguna.
Claro, tampoco debemos olvidar que luego de finalizada la dictadura, ningún gobierno democrático, ninguno, corrigió este tremendo error y esta brutal injusticia.
El objetivo esencial del Acto 9 fue iniciar el proceso de desapoderamiento:                              En la página 73  sostiene que el derecho de fondo es un ajuste de todas las prestaciones a las posibilidades financieras del sistema.  Con esto Prat reafirma el principio de suficiencia desmentido por la reforma de  la Constitución en 1989, (artículo 67) que cubre la  insuficiencia  de los aportes obreros y patronales con impuestos.
“La obtención de paupérrimas jubilaciones lleva a muchos uruguayos a permanecer en sus cargos, impidiendo de esa manera el crecimiento de gente más joven y con ganas”. Vidalín expresó que Mujica vio con bueno ojos  una propuesta que prevé una derogación progresiva de los topes jubilatorios.  Admitió que, en procura de mayor celeridad, se ha propuesto presentar el proyecto con el  acompañamiento de legisladores de otras fuerzas políticas.
. La ley 18.119 es la madre de los topes, porque incluye tres topes: los del Acto 9, las Bases de Prestaciones y Contribuciones y la ley 16.713. Se repite lo que ha venido ocurriendo desde 1985 a la fecha, se denuncia, se promete y nunca se soluciona.