Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

La inseguridad fuera de control

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
El asalto al supermercado de la empresa TATA ocurrido el pasado miércoles, da la pauta de la total inseguridad que tienen los salteños cuando realizan actos de su vida normal, como en este caso, hacer compras en un comercio de plaza. Es un eslabón más en esta loca seguidilla de delitos contra la propiedad privada que se ha incrementado exponencialmente en Salto, y que, en algunos casos, lamentablemente, terminaron también con ataques a la propia vida de quienes por circunstancias involuntarias se encontraban en determinado lugar o directamente estaban al frente del comercio asaltado. En este caso no hubo muertos ni heridos, como sí ocurrió en otras situaciones similares. La insuficiencia policial y el hartazgo de la gente, hizo que se dieran algunas movilizaciones populares tendientes a sensibilizar de una buena vez a las autoridades policiales, para que –también de una buena vez- buscaran alguna forma eficiente y eficaz de combatir a la delincuencia en nuestra ciudad. Salvo el envío de algunos policías ejecutivos de la Guardia Republicana, nada más pasó.
Parecería que pese a todo, los hechos delictivos ocurridos en Salto –y prácticamente en todo el país- no han sido suficientemente graves como para inducir al Ministerio del Interior a elaborar una nueva estrategia en la prevención y protección de la seguridad interna del Estado. Porque en definitiva, el gobierno ha fracasado estruendosamente en la materia seguridad interna del Estado. Por eso decimos que la inseguridad está fuera de control. Esto es una responsabilidad del gobierno actual, porque por ahora, es quien dirige nuestro Estado. Por algo el Director Nacional de Policía Carlos Mario, tan harto de la falta de idoneidad de sus subalternos como la gente común, no aguantó más y denunció públicamente y a viva voz, una situación interna muy preocupante en el Ministerio del Interior, haciendo vaticinios futuros que transformaban a nuestro país en una especie de Guatemala o El Salvador. Desde ese momento, y aunque tuvo el respaldo del Subsecretario del Ministerio Jorge Vázquez, Layera se “llamó a silencio”. O lo “silenciaron”, como es lo que cree la gente.
No puede aceptarse en forma alguna, que el Estado no sepa como cumplir una de sus funciones esenciales, como lo es la seguridad interna. Entendiéndose como esenciales, la función que el Estado no puede delegar en nadie más y las debe cumplir en forma directa. Esa función está asignada al Poder Ejecutivo, a través de dos de sus organismos: el Ministerio del Interior y la Prefectura Nacional Naval. Esta última en zonas costeras predeterminadas o en aguas territoriales. Pero en el resto del territorio nacional, la competencia es del Ministerio del Interior. Es precisamente en el ámbito territorial de nuestro país que está bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior (urbana, suburbana y rural), donde el fracaso llega a límites poco creíbles.
Ese fracaso no es de ahora. Lleva varios años de los casi tres períodos de gobierno frentista. Irresponsablemente el gobierno ha respaldado al Ministro Bonomi, y las interpelaciones siempre tuvieron el respaldo de la mayoría oficialista. Entonces, el fracaso en cuanto a la seguridad interna del Estado, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y en concreto, del Ministerio del Interior. Por tanto de su jerarca máximo Edison Eduardo Bonomi. Estamos de acuerdo con que Bonomi no puede seguir más al Porque en definitiva, lo que importa no es el hombre, sino el programa oficial en materia de seguridad interna, su estructura, su estrategia y la forma como se desarrolla la actividad material y humana que lo respalda. Es más, se habla de una creciente politización de la policía en perjuicio de su profesionalización. Por tanto, si se fuera Bonomi, pero se mantuviera todo ese esquema colectivo, nada va a cambiar.
Lo que se necesita es un cambio integral en cuanto a la política para combatir la delincuencia con mano dura pero legal, y fundamentalmente, policías ejecutivos en las calles. Muchos policías. ¡Muchos más que los actuales! Bien preparados para tal función, con armamento adecuado, con una retribución acorde a tan delicada tarea y con todo el apoyo estatal que fuere necesario. Todo eso, acompañado por un cambio en nuestra legislación penal y procesal-penal que es demasiado blanda y generosa con el delincuente. Para colmo, se han hecho una serie de reformas que han traído más problemas que buenos efectos, al punto que hoy por hoy, hay un caos interpretativo en esta temática jurídica, que nada bien le hace al momento de tomar decisiones. Sin perjuicio de que los cambios no fueron respaldados por los recursos económicos necesarios del que depende la efectividad de esos cambios. Por tanto, en cierta forma se trata de cambios virtuales.
¿Cómo solucionamos esto? No lo sabemos, porque no somos entendidos en la materia de seguridad interna y no es un tema para “payar” alegremente. Sí pensamos que la seguridad interna debe ser encarada como una política de Estado, que por ser tal, trascienda a los gobiernos que vendrán. Por tanto, nos parece que el gobierno debe llamar a la oposición, para elaborar una nueva estrategia en la materia lo antes posible, e imponerse un plazo muy corto, no mayor a 45 días, para corregir los errores, salvar las omisiones, y respaldar financieramente en la forma adecuada, todo lo nuevo que se proyecte o planifique. ¡Pero YA! Por tanto, el Parlamento dentro de su competencia, debe aprobar con urgencia las modificaciones legales que correspondan. No debemos descartar que existen las “leyes con declaratoria de urgente consideración”. Aunque haya sectores del oficialismo que –como viene siendo costumbre- pretendan “trancar” las reformas. Porque también existe aquello de que: ¡No hay peor astilla que la del mismo palo!