Lunes 10 de agosto, 2020
  • 8 am

Otra vez con el voto desde el extranjero

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
La aviesa intención del gobierno de lograr de cualquier modo el voto de los ciudadanos que viven en el extranjero, haciéndolos válidos aunque no lo ejerzan en el Uruguay, nos obliga a reiterar nuestra opinión contraria, y a repetir la inconstitucionalidad absoluta de tal iniciativa.
El denominado “voto epistolar” (voto por correspondencia) y el denominado voto consular (votar en los consulados que Uruguay tiene en el extranjero), no son válidos en la normativa constitucional actual, y por tanto todo intento de aprobar una ley en tal sentido, resultará inconstitucional.
En estos días, el gobierno insiste sobre la aprobación de una ley en tal sentido, y para eso, pretende utilizar el mecanismo de las normas interpretativas con referencia a los arts. 77 y 81 de la Constitución, que regulan los derechos y obligaciones inherentes a la condición de ciudadanos. Aclaremos que la facultad de interpretar la Constitución, le corresponde al Poder Legislativo (art. 85 Nral. 20) mediante una ley. Por lo tanto, esa ley interpretativa, precisamente por ser ley, tiene carácter obligatorio. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, se han expedido en infinidad de oportunidades, señalando que el principio fundamental para que se aplique una ley interpretativa, es que lo que se pretende interpretar sea dudoso, y en ningún momento es viable ese mecanismo para modificar una norma que no es dudosa, como crear nuevas formas de votación, y menos aún para tergiversar conceptos que surgen de la propia Constitución.
No es la primera vez que el gobierno del Frente Amplio intenta aprobar estas nuevas formas de ejercer el derecho al voto. Todo ello con fines políticos y tratando de obtener más votantes para sí, lo cual confirma aquel nefasto principio de que lo político está por encima de lo jurídico. Lo hizo en el año 2009 mediante el mecanismo de reforma constitucional, pero el plebiscito correspondiente no llegó al mínimo necesario de votos, por lo cual significó un rechazo popular a la iniciativa. Intentó reflotarlos en el 2013, pero ante la indiferencia popular, dejó todo sin efecto. Ahora pretende crear una comisión para el estudio de la iniciativa, pero con vigencia para las elecciones de 2025.
Nosotros pensamos que un intento en tal sentido, es siempre violatorio de la Constitución. Por razones de fondo siempre; y además, por razones de forma en este caso.
El art. 1°, de la Constitución define que “la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”. Es decir, señala en forma expresa que los habitantes de nuestro país que están dentro de su territorio, forman parte de ese contrato social que lo califica de asociación política. Obviamente que el concepto “habitantes” es mayor al de ciudadanía por lo cual éstos están comprendidos en aquel. La Sección III, denominada “De la ciudadanía y del sufragio”, refiere expresamente al concepto de ciudadano, a los que clasifica como “naturales” y “legales”. Para diferenciarlos, se tienen en cuenta dos criterios: el denominado “jus soli” o derecho del suelo, esto es, el concepto que liga al ciudadano con el territorio donde nació, y el “jus sanguini” que liga al ciudadano con la nacionalidad de sus ascendientes.
En cuanto al ciudadano natural (art. 74), establece dos clases: los nacidos en cualquier punto del territorio de la República (jus soli) y los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, “por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico Nacional” (jus soli). Es decir, incluso a los ciudadanos naturales que nacen fuera del territorio nacional, se les exige para que puedan ejercer el derecho al voto, que se radiquen en el país (no otra cosa quiere decir avecinarse) y que además, cumplan con un requisito administrativo de inscribirse en el Registro Cívico Nacional, esto es, la obtención de la documentación correspondiente (credencial cívica).
En cuanto al ciudadano legal (art. 75), tenemos tres casos: a)Aquellos que tienen familia constituida en la República, con capital en giro o propiedad en el país, o que profesan alguna ciencia, arte o industria, y además, residan en forma habitual en la República durante tres años (jus soli). b)Aquellos que si bien no tienen familia constituida en la República, cumplen los otros requisitos, pero en este caso, deben residir en forma habitual en la República durante cinco años (jus soli). Es decir, la residencia o avecinamiento en el Uruguay es imprescindible, por lo cual constituye un elemento esencial para el ejercicio de la ciudadanía. c)El tercer caso, es muy especial y se ha dado en pocas circunstancias: se trata de la ciudadanía natural por gracia de la Asamblea General, que se obtiene “por servicios notables o méritos relevantes”. Si bien no se indica expresamente, parece claro que esos servicios o méritos se deben cumplir en nuestro país, o sea estando radicado en el Uruguay. Los pocos ejemplos que existen ratifican tal situación. Por otra parte, el mismo art. 75, cuando se refiere al ejercicio de la ciudadanía, vuelve a exigir el jus soli, ya que el ejercicio de la ciudadanía por parte de los extranjeros, solo lo podrán hacer recién tres años después del otorgamiento de la carta de ciudadanía, lo que en definitiva nos está diciendo que también después de ser ciudadanos, deben quedarse radicados en el Uruguay, para efectivizar su ejercicio, concepto que se reafirma en el art. 76.
Finalmente, el art 81 expresa que la nacionalidad no se pierde por naturalizarse en otro país, y para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, basta con “avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”. Es decir, una vez más, el avecinamiento o residencia es condición “sine qua non” para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía por aquel ciudadano que se hubiera naturalizado en otro país, para lo cual obviamente debió radicarse en aquel.
En síntesis; la ciudadanía no se pierde por radicarse en el extranjero, pero su ejercicio real efectivo, solo se puede hacer en el Uruguay.
Sin perjuicio de estas razones de fondo, desde el punto de vista formal, la Constitución exige que toda ley de elecciones, modificación o interpretación requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Por tanto, si el gobierno busca la aprobación de la ley por la mayoría absoluta que cree que tiene, no le alcanza para dar validez constitucional al proyecto en cuestión.