Martes 18 de diciembre, 2018
  • 8 am

La dignidad no se toca

Fulvio Gutiérrez
Por

Fulvio Gutiérrez

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Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La situación inhumana en la cual viven la enorme mayoría de las personas que se encuentran privadas de libertad en el Uruguay, es la más clara expresión de una brutal violación de los derechos humanos. Que no es de ahora, pero que se ha agravado en los últimos años Nuestro país es una vergüenza internacional, al punto que autoridades internacionales que han visitado nuestras cárceles, concluyeron que se trata de uno de los peores sistemas carcelarios del mundo. A tal punto, que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, manifestó que Uruguay debe mejorar las condiciones de vida de algunos centros carcelarios, a las que definió como “deplorables e insalubres”.
Nadie puede poner en duda que nuestras cárceles destruyen la dignidad de las personas, padecen de un hacinamiento crítico, de un ocio que es compulsivo, pésimas condiciones de habitabilidad, déficit alimentario crónico, déficit en cuanto la prestación de servicios de salud, altísimo nivel de violencia que en demasiados casos llega al homicidio y a un constante peligro para el personal carcelario, y como consecuencia de todo ello, un alto nivel de reincidencia. Si sintetizamos todo esto, no tenemos otra cosa que concluir que nuestras cárceles (con poquísimas excepciones en algún establecimiento de reciente construcción, aunque ya con precoces problemas edilicios), son lugares de castigo, infiernos humanos donde los presos salen peor de lo que ingresaron, y sin ninguna posibilidad de reinsertarse como personas dignas a la comunidad en que viven.
En los hechos, entonces, no se cumple ni por asomo el precepto constitucional del art. 26, que establece que las cárceles no deben servir para mortificar, sino solo para asegurar la reeducación de los procesados, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.
Esto es, nuestras normas internas, así como las normas internacionales que Uruguay se ha obligado a respetar, son hoy por hoy y desde hace años, continuamente violadas, sin que haya existido una decisión política firme y continua, y menos aún una política de Estado en esta materia, que permita siquiera pensar en que la terrible realidad necesariamente debe cambiar.
La sociedad necesita en primer lugar, castigar a quienes delinquen, castigo que tiene que estar basado en el principio de la proporcionalidad de la pena que se aplica, la cual debe estar adecuada a la gravedad de la conducta delictiva. Pero además, necesita reeducar al delincuente para volver a insertarlo en su vida normal, a través de medidas educativas y logísticas tendientes a tales objetivos. Para ello, necesita una infraestructura adecuada; los recursos financieros necesarios; técnicos capacitados tanto en el cuidado del preso, como en su reeducación; así como el seguimiento de la situación de cada caso y de cada ex preso. Pero además necesita abrirse en sus preconceptos obsoletos, y pensar que hay delincuentes que no son en modo alguno recuperables. Lamentablemente es así, y nuestro déficit carcelario fundamenta esta conclusión.
Está claro que debemos partir de una base fundamental: la prisión o la penitenciaría se concreta en el arresto de una persona a quien se le quita la libertad, y eso está bien. Lo que no está bien es que además se pretenda -y se consiga en muchos casos- quitarle la dignidad al procesado. La dignidad, hace referencia al valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino inherente al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo sino que nace con cada individuo. Por eso la defendemos. Porque si bien es cierto, la realidad nos ha llevado a pensar que hay delincuentes que son irrecuperables, estos son los menos. La mayoría son recuperables pese al calvario que el Estado las hace pasar en sus inmundas cárceles. Entonces, está bien que le quitemos la libertad a un delincuente, pero lo que no está bien es que le quitemos su dignidad.
El problema carcelario en Uruguay debe ser tratado como un problema de Estado. No importa quien gobierne. No alcanza con cambiar el nombre al instituto que rige el sistema carcelario que dejó de llamarse Instituto Nacional de Cárceles y pasó a llamarse Instituto Nacional de Rehabilitación. La solución debe ser profunda, y partir de la base de institucionalizar la aplicación de las denominadas Reglas Mandela o Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que fuera aprobada por Naciones Unidas. Las Reglas Mandela establecen que la finalidad de la pena sea la protección de la sociedad contras el delito y la reducción de la reincidencia, lo que solo puede lograrse con una adecuada reinserción de la persona en la sociedad tras su puesta en libertad. Están basadas en una serie de principios fundamentales que incluyen el respeto a la dignidad humana y la prohibición inderogable de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante.
Falta poco más de un año para las elecciones de octubre del próximo año y los partidos políticos se deben abocar en sus programas en describir sus políticas de gobierno. Estaremos atentos a eso. Que nadie se olvide que las cárceles deben quitar la libertad, pero no la dignidad de los procesados, y que las Reglas Mandela, serán una buena guía en lograr un cambio radical en la actual política carcelaria.