Jueves 20 de junio, 2019
  • 8 am

Malos mensajes

Gustavo Varela
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Gustavo Varela

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Por Gustavo Varela
Hace unos pocos días, en ocasión de que se desarrollaba la reunión del G20 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, un grupo de muchachos organizados en la ciudad de Montevideo marcharon en pleno centro por la Avenida 18 de Julio protestando por la misma. En dicha manifestación llevaron a cabo diversos destrozos en bienes públicos y privados como grafitear la cámara de filmación de un periodista de una canal de televisión y así también contra edificios, rompieron vidrios de emprendimientos comerciales, tiraron bombas de pintura y muchos otros desmanes más, ante la vista y paciencia de las autoridades policiales que no hicieron nada por impedir los mismos. Posteriormente las autoridades policiales expresaron que habían dado orden de actuar, aunque la misma no fue cumplida por quienes debieron hacerlo, lo que agrega confusión a la actuación del Ministerio del Interior que hasta el día de hoy no se ha podido aclarar.
Posteriormente, se detienen a dos personas que protagonizaron dichos desmanes, donde la Fiscalía llegó a un acuerdo con los defensores en cuanto a la pena que recibirán. Uno, como es carpintero ayudará a los damnificados en el arreglo de los daños ocasionados, y el otro, que será imputado por violencia, tendrá que cumplir tres condiciones, pedir perdón al periodista, fijar domicilio y durante 4 meses pasar semanalmente por una comisaría a firmar, lo que parece en principio no muy sensatas las penas, en virtud de los daños ocasionados, pero en definitiva, penas al fin.
Pero hete aquí, que la Justicia, le otorgó al último de los mencionados, el beneficio de cumplir con la pena impuesta, una vez que haya cumplido con sus vacaciones, que ya anunció, el imputado, que lo hará en el balneario de “Valizas”.
Reconozco que de derecho penal conozco muy poco, pero creo tener un poco de sentido común, y éste me indica que es un dislate total por parte de la Fiscalía, el suspender la pena hasta que el imputado regrese de sus vacaciones, pues se desvirtúa totalmente el fin último de la justicia.- El derecho no puede estar divorciado del sentido común.
A la hora de escribir ésta columna, se está conociendo la noticia de que el Fiscal de Corte reconoce el “gran error” cometido en éste caso, y que el Fiscal del caso se arrepiente del acuerdo logrado con el infractor, pero aun así, la medida va a seguir adelante, pues establecen que fue ajustado a derecho, lo que es peor aún, pues el mensaje que se envía a la ciudadanía es aquello que decía Confucio que “Cometer un error y no corregirlo es otro error”.
Realmente, la justicia no ayuda, con estas actitudes, en el actual clima de inseguridad que campea sobre el Uruguay.- Si a la inacción que del Ministerio del Interior tenemos hoy día, le agregamos estos confusos mensajes desde el Poder Judicial, se crea un cóctel muy peligroso, donde queda presa la gente, que está clamando que el Estado se haga cargo, de una vez por todas, de su responsabilidad de cuidar sus derechos que tan vulnerados se encuentran.
Hoy el Estado no da respuestas a la población en forma clara, pues tenemos un Poder Ejecutivo que no actúa, un Poder Judicial que envía estos tipos de mensajes confusos en sus resoluciones y un Poder Legislativo que no produce las leyes necesarias, en función de las mayorías automáticas que posee el Frente Amplio y que no quiere usarlas a tales fines.
Mientras tanto, la gente honrada, trabajadora, que está pasando por momentos económicos apremiantes, que le cuesta llegar a fin de mes por diferentes factores, siente que está huérfana de quien tiene la obligación de ser responsable, para asegurar un mínimo de convivencia social pacífica.
Ojalá que de los errores se aprenda, hoy no lo vemos así.-