Miércoles 20 de febrero, 2019
  • 8 am

Uruguay tiene información pública confiable

Pablo Mieres
Por

Pablo Mieres

225 opiniones

Publicite aquí

Pablo Mieres
La campaña electoral ya ha ingresado en su primera etapa y, como sabemos, amenaza convertirse en un debate muy duro, en el que la tentación de bajar el nivel aparece de manera constante.
Nosotros creemos que es imprescindible mantener las miras altas y buscar que el debate de campaña sea respetuoso, auténtico y basado en información seria y fundamentada. En tal sentido, la existencia de indicadores confiables en los diferentes sistemas de información del Estado es un componente fundamental para promover el debate.
En efecto, conocemos lo que ocurrió en Argentina en donde las cifras oficiales sobre diferentes asuntos de la vida de esa sociedad fueron rotundamente alteradas a favor del gobierno kirchnerista de la época. Toda la información era de dudosa confiabilidad y estaba sesgada para sostener al gobierno con datos tramposos.
Cuando ello ocurre buena parte del debate político se desnaturaliza, porque los argumentos y propuestas no tienen una base común ni aceptable para los diferentes contendientes.
Pues bien, en Uruguay no tenemos ese problema y conviene reafirmarlo de manera enfática.
Contamos con un sistema de indicadores en las diferentes instancias del Estado que nos permiten generar una base de referencia sólida para que la discusión, el debate y la contraposición de ideas y propuestas tenga como punto de partida la existencia de registros comunes para todos.
Por ejemplo, nos pareció muy valioso que el propio Ministerio de Economía haya reconocido en la última medición del déficit fiscal (variable crucial para evaluar la situación de la economía del país) que la reducción de dicho déficit a fines de 2018 era resultado de la ley referida a los “cincuentones” y que, por lo tanto, dicha reducción no era genuina, por lo que efectivamente el déficit fiscal no sólo no había disminuido, sino que había crecido hasta el 4%. Que todos los actores políticos, gobierno y oposición, aceptemos esta realidad y que no se discuta sobre la cifra real del déficit fiscal es un elemento muy positivo que nos ayuda a centrar el debate en el punto que corresponde.
Lo mismo debemos decir sobre las cifras que brinda el INE, el BCU, el INEED o las divisiones de estadísticas de las diferentes reparticiones del Estado. Podemos discutir que representan los diferentes indicadores, o valorarlos de diferente manera.
Por ejemplo, los porcentajes de población en situación de pobreza podrán ser defendidos por el gobierno como un gran logro, otros diremos que la pobreza es sólo una dimensión del problema social y que se mide por ingresos monetarios, lo que no explica la profunda crisis de integración social que vive nuestro país en estos últimos años, pero nadie discute el indicador.
Incluso en un tema tan crucial como el incremento de la delincuencia, más allá de aspectos puntuales, lo cierto es que el propio gobierno reconoce el aumento de los delitos, tanto en rapiñas como en homicidios y lo que es sustancialmente diferente es la interpretación de los datos y la discusión sobre las políticas de seguridad del país.
También podemos decir lo mismo sobre los indicadores educativos que prueban una profunda crisis de la educación uruguaya. El gobierno defiende su gestión (no entendemos cómo), pero nadie discute sobre cuáles son los datos de cobertura, deserción, repetición, etc.
En definitiva, lo que importa es que nuestro aparato de información pública es confiable y este patrimonio lo tenemos que preservar y proteger. Habla además muy bien de los profesionales y técnicos que trabajan en el Estado en las diferentes oficinas y reparticiones.
Por eso, nos pareció preocupante que, por primera vez desde un espacio social, en oportunidad del acto de Un Solo Uruguay, se haya levantado una voz poniendo en “tela de juicio” la veracidad o confiabilidad de las estadísticas públicas.
Es un grave error de ese movimiento pretender dudar de la información pública. Los reclamos de ese movimiento tienen mucho fundamento y los compartimos, pero no es correcto incorporar como parte de las críticas, un cuestionamiento a la información disponible. Por el contrario, precisamente con la información oficial se ratifica la contundencia de los reclamos por competitividad y por la necesidad de reducir el gasto público que nuestro país enfrenta.
Reafirmamos la importancia de seguir asumiendo como elemento de consenso la veracidad y seriedad de las estadísticas públicas. Junto con nuestro apego a la institucionalidad democrática y a la transparencia electoral, son parte de nuestro patrimonio. En cualquier caso, la mantención de cierto nivel elevado en el duro debate político de este año, tiene en la consideración de la confiabilidad de los datos un componente importante.