Viernes 3 de abril, 2020
  • 8 am

La primera ola: ir contra las políticas sociales

Gustavo Chiriff
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Gustavo Chiriff

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Téc. Univ. Gustavo Chiriff
PCU – 1001 – Frente Amplio
El pasado martes 2, en la cámara de Diputados, se consideró el formar una investigadora sobre la denuncia del diputado del Partido Nacional Martín Lema, contra el MIDES. Esta investigadora no se formó, porque la Cámara entendió, que no existía mérito suficiente para la conformación de la misma, ya que esta no son para realizar valoraciones políticas de las gestiones y lo que había en los planteos eran valoraciones políticas.
En la denuncia había 16 puntos, de los cuales el diputado por la 1001-Frente Amplio, Gerardo Núñez, rebatió la falsedad de las mismas.
En la denuncia se establecía la falta de transparencia y falta de información del MIDES, cuando desde marzo de 2015 ala fecha, hay más de 120 pedidos de informes respondidos por el MIDES a legisladores.
En otro punto se afirma que el MIDES no toma en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, cuando en 2016, el Tribunal de Cuentas observó más del 20% del gasto del MIDES, en 2017 fue un 14%. En función del gasto, hubo una reducción del 45% de las observaciones y se desmintió las afirmaciones del diputado Lema de contrataciones de asociaciones civiles de funcionarios del MIDES leyendo las resoluciones del propio Tribunal de Cuentas.
Una de las afirmaciones de la denuncia, decía que existe un descontrol en la gestión de la Tarjeta Uruguay, cuando desde el 2012 a la fecha se hicieron más de 270.000 visitas a los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social y que, a raíz de esas visitas, se dieron de baja 44.000 y de alta 45.000 y el 97% de los hogares recibió una visita; el 3% restante tiene declaración jurada. Y se sigue trabajando para llegar a ese3%. Además todos estos datos son públicos.
En sus denuncias el diputado del Partido Nacional, también va contra los trabajadores del MIDES y los trabajadores nucleados en ONGs y Cooperativas, con una clara mal intencionalidad e irresponsabilidad sobre el trabajo de muchísimos profesionales.
Sobre las Becas socio-educativas y la contratación de 70 instituciones, Gerardo Núñez indicó que “las becas de inclusión socio-educativa son una prestación para que niños y niñas desde los cuarenta y cinco días hasta los tres años que residen en territorios con insuficiente oferta pública puedan tener acceso a cuidados y educación infantil”, y que la asignación se brinda de acuerdo al lugar donde vive el niño para que este no tenga que realizar grandes traslados, “el organismo establece que se entiende necesaria la realización de un llamado a registros de centros interesados en prestar servicios de cuidados y educación infantil a los niños postulados a través de los programas referidos, el cual permanecerá abierto en forma permanente” explicó.
En definitiva, no se encontró mérito para realizar la investigadora, y donde el único objetivo fue hacer ruido mediático. Acá se pretende deslegitimar las políticas sociales, para justificar el shock de austeridad que propone el candidato del diputado Lema, Lacalle Pou, y cuando en los cuestionamientos a las contrataciones no se tiene en cuenta que el 70% de los funcionarios contratados de forma directa son de las intendencias blancas.
La contundencia del informe en mayoría presentado por los legisladores frenteamplistas y de la intervención de Gerardo Núñez fue tal, que la mayoría de los legisladores de la oposición que se habían anotado para intervenir se borraron de la lista, y ni siquiera Lema, el diputado que realizó la denuncia, se animó a fundamentar su voto.