Domingo 19 de mayo, 2019
  • 8 am

Entre secretos y errores políticos

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
Las graves consecuencias que a nivel militar primero y político después, trascendieron luego de la cesantía del Gral. Guido Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército, no estaban en los cálculos de nadie. Para estar acorde con el tema militar que nos ocupa, fue como cuando se saca la espoleta de una granada. Se dio una “explosión” de hechos y de actos que pasaron a conocimiento público, y que eventualmente pueden estar cercanos a la ilicitud, pero que en verdad y sin duda alguna, están dentro de una falta de idoneidad y hasta de inmoralidad en el manejo político por parte del Poder Ejecutivo.
No vamos a entrar en los detalles de esos hechos y actos, ni de las actitudes de agentes políticos y militares de jerarquía. Ya son harto conocidas, pero además son demasiado confusos pese a la publicidad de las famosas actas del Tribunal de Honor. Estamos seguros que aún hay hechos, conductas y actitudes, que no se conocen. Y en verdad no sabemos si algún día se van a conocer.
Para nosotros, lo que surge de todo esto como consecuencia realmente importante, es la confirmación de la existencia de un pacto secreto entre militares, referido a las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de facto o incluso antes, cuando regía el “estado de guerra” previsto en la Ley de Seguridad del Estado, que culminó el 10 de julio de 1972. En este segundo caso, el pacto secreto fue entre militares y tupamaros.
Las declaraciones del ex militar José Nino Gavazzo sobre la forma de haber matado al tupamaro Roberto Gomensoro, terminó con una duda de años. Ahora se pueden entender muchas cosas. Parece claro que aquellos hechos que fueron calificados de “subyacentes” o “sobrevolantes” en el Pacto del Club Naval, no fueron otros que la aceptación expresa o tácita entre las partes (recordemos que el Partido Nacional no fue parte de este entuerto), de asegurar la impunidad de los militares. Impunidad que en definitiva fue el fundamento de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Jamás vamos a saber la realidad de lo que efectivamente ocurrió. Que ese fue el precio que se debió pagar para salir de la dictadura, no lo sabemos. Ya no es el momento de repensar que era lo mejor: dejar que la dictadura cayera sola por su propio peso (o falta de peso) como lo quería Wilson Ferreira Aldunate; o salir del paso en aquel momento al precio referido (además de las interdicciones políticas para determinados partidos y personas), como lo resolvieron los firmantes del Pacto del Club Naval.
Pero si ese fue el origen del secreto, está claro que el secreto no se reduce solo a los militares, sino a los civiles que fueron los cretinos útiles que sirvieron a la dictadura, y a los tupamaros, que fueron partícipes directos de acuerdos realizados antes del golpe de estado, cuando algunos traicionaron a sus compañeros de guerrilla y facilitaron su arresto casi masivo. No olvidemos que cuando la dictadura, los tupamaros estaban todos presos, por lo cual su lucha armada, fue contra la democracia. Esa es la verdadera historia.
No obstante la gravedad de lo señalado, hay otra consecuencia que realmente es muy grave. Las actuales jerarquías militares, que en la época del golpe de estado no estaban en las fuerzas armadas o no tenían edad para estarlo, ni tener grado de jerarquía en el mando, conocen ese secreto. Y lo mantienen como tal. También lo mantienen lo tupamaros que hoy hasta ocupan cargos de gobierno, para los cuales, incluso, fueron electos por nuestra ciudadanía. Así son las cosas en este maravilloso Uruguay. Es decir, que hubo un pacto secreto no hay duda, y que hay un grupo de militares y civiles que lo mantienen a más de cuarenta años, tampoco.
Pero además del secretismo precitado, los errores políticos cometidos por Tabaré Vázquez luego de la destitución de Manini Ríos, no habían sido imaginados por nadie. Sobre todo por disponer la cesantía del Dr. Jorge Menéndez como Ministro de Defensa (ya gravemente enfermo), cuando en verdad, fue el único jerarca político que hizo lo que tenía que hacer: comunicar personalmente al Presidente Vázquez los presuntos delitos que surgían de las Actas del Tribunal de Honor (obrantes en el expediente de marras), a los efectos de que su superior (es decir el propio Vázquez), denunciara los hechos a la Justicia. El expediente fue entregado al Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel Ángel Toma, que es el asesor de confianza de Vázquez desde hace años. Este señor no procedió como debía hacerlo y esa omisión, de una gravedad enorme, fue repudiada por todo el espectro político, incluyendo a la Departamental del Partido Socialista de Durazno que solidarizándose con la familia del ex Ministro Menéndez (fallecido en esos días), familia que rechazó los honores fúnebres que había dispuesto el Presidente. Vázquez, socialista él, tampoco tuvo la delicadeza de concurrir al velatorio de Menéndez, transformando una omisión política en una ofensa a la memoria de Menéndez y al dolor de sus familiares. Tampoco destituyó al responsable directo como lo fue su Secretario, dando lugar a una serie de comentarios sobre la existencia de presuntos beneficios de uno hacia el otro por favores recibidos en años anteriores.
Por eso lo del título: secretos develados y omisiones agraviantes del Presidente de la República a un Ministro fallecido (que además era socialista como él), y a su familia.