Lunes 16 de diciembre, 2019
  • 8 am

Abusos de la OSE

Leonardo Vinci
Por

Leonardo Vinci

37 opiniones

Por Leonardo Vinci.
OSE mediante un abuso descarado castiga a los usuarios del interior, obligando a los usuarios a pagar el doble que los montevideanos en las facturas mensuales. Es cierto que originalmente, la ley le reservó los servicios de saneamiento únicamente en el interior, pero no menos cierto es que el Poder Ejecutivo consideró oportunamente que éste no era “… un organismo mas de carácter industrial o comercial sino que (debía) ser conceptuado un servicio público de higiene, de contenido eminentemente social. Quiere decir que no se trata de la administración de un patrimonio, por lo que sea lógico obtener lucro, o aumentar la riqueza del Estado, sino que su finalidad es cumplir con funciones primordiales para la colectividad, cual es tanto el suministro de agua potable como la red de alcantarillado que requieren una permanente atención y una definida orientación del Gobierno.”
En el mensaje enviado por Luis Batlle en 1950 proponiendo la creación del Servicio descentralizado, se explicaban las razones por las cuales se limitaba la autonomía del Organismo, estableciendo que OSE “… ha de actuar, no con el celo industrialista o comercial, no con el interés de aumentar el patrimonio financiero del Estado, o de ostentar un balance floreciente, sino con la atención puesta en el cumplimiento de la misión fundamental de impulsar los servicios de agua y saneamiento en todos los rincones del país, a sabiendas que en la mayor parte de los casos han de ser prestados a pérdida, pero contribuyendo en cambio a asegurar la higiene y la salud de la población.”
Entonces, ¿cuál es la razón por la que todos los que viven tierra adentro son víctimas de la voracidad estatal?
En Montevideo, el costo del saneamiento se paga a la Intendencia como si se tratara de un impuesto “puerta a puerta”.
En casos de morosidad, los usuarios no enfrentan el corte del otro servicio a cargo de OSE, ni mas ni menos que el suministro del agua potable.
El Servicio descentralizado abusa de su condición y cobra la misma cantidad de dinero por el agua potable consumida que por la vertida, lo cual configura un dislate.
Lo cierto es que,- hasta ahora,- purificar el agua cuesta muchísimo más que arrojarla por los desagües, y sin embargo la OSE cobra lo mismo tanto por una cosa como por la otra.
No siempre fue así, dado que hace dos décadas, aproximadamente, una campaña popular formuló enérgicos reclamos y recabó firmas dirigidas al directorio solicitando la eliminación de esa y otras draconianas tasas.
En respuesta, la administración redujo considerablemente el monto de las mismas.
Pero tiempo después, se reimplantaron.
Peor aún, ya que para hacer frente a los costos de la crisis bancaria y a la imperiosa necesidad de recaudar por parte del Estado, se incluyó en las tarifas el gravoso IVA, el que se mantiene hasta el presente.
Como consecuencia, las facturas de la OSE en el interior terminaron siendo sumamente onerosas.
Apenas una parte corresponde al consumo de agua potable, ya que las tasas e impuestos totalizan cifras mayores.
A principios de los años cincuenta, la propuesta de Luis Batlle fue aceptada por el Parlamento, el que con pequeñas modificaciones dispuso que el artículo 3 de la ley 11.907 quedara redactado de la siguiente manera: “La prestación del servicio de obras sanitarias, y los cometidos del Organismo, deberán hacerse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico.”
Lo justo sería entonces, que se equipararan tanto los derechos como los deberes de los usuarios del interior con los de los montevideanos.
Las abusivas tasas cobradas por la OSE deberían ser revisadas.
El cobro de impuestos al consumo del agua potable y al saneamiento no son de recibo en tiempos de normalidad financiera e institucional.
Debería tenerse en cuenta la Resolución 16/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada en abril del 2011, que reconoció el acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida y a la dignidad humana.
El mínimo vital de los primeros seis metros cúbicos de agua potable gratuitos por contador familiar tendría que ser implementado sin demora.