Domingo 15 de diciembre, 2019
  • 8 am

Billetera y gobierno: dos formas de trampear la veda publicitaria electoral

Pablo Mieres
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Pablo Mieres

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Pablo Mieres
La ley de financiamiento de partidos políticos vigente estableció que no se podrá hacer publicidad electoral en medios fuera de ciertos períodos expresamente establecidos.
En efecto, el artículo 1 de la ley N° 17.045 en la redacción dada por la ley N° 17.818 del año 2004 estableció con claridad, que la publicidad electoral “en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita” se permitirá sólo en los treinta días previos a las elecciones internas, en los treinta días previos a las elecciones nacionales, en los quince días previos a la segunda vuelta presidencial y en los treinta días previos a las elecciones departamentales.
Desde entonces hasta ahora, con muy pocas excepciones puntuales, todos los partidos y candidatos hemos dado cumplimiento a esta normativa que tiene, como fundamento, la limitación del bombardeo publicitario a los ciudadanos y, también, evitar una multiplicación de recursos financieros que encarecelas campañas electorales.
Pues bien, en esta campaña electoral la normativa que establece estas limitaciones ha sido totalmente burlada y violada de manera contundente. Basta observar cualquier medio de comunicación para confirmar que ha habido un cambio completo en el que la norma ha sido dejada de lado por parte de varios candidatos.
En efecto, los candidatos que operan con una abultada disponibilidad financiera propia, Edgardo Novick y Juan Sartori, comenzaron a hacer publicidad en enero de este año, bien lejos de los plazos establecidos por la norma vigente. La Corte Electoral expresó con rapidez y justicia que estas prácticas violaban la ley vigente y llamó al orden a estos candidatos.
Sin embargo, ambos resolvieron seguir haciendo trampa y, para ello, se acogieron al artículo 2 de la ley que establece como excepción a esta prohibición “la difusión de información sobre actos políticos y actividades habituales de funcionamiento de los partidos”.
Entonces, comenzamos a ver piezas publicitarias electorales de ambos candidatos que culminaban con una mención brevísima a todo tipo de supuestas actividades o actos políticos. La forma de burlar la ley es grotesca.
Hemos visto referencias a “charlas de Facebook on line” o encuentros de cualquier tipo, en donde se desnaturaliza la norma puesto que el objetivo no es la convocatoria a un acto sino que se trata de una excusa para hacer publicidad de manera indebida.
En los últimos días hemos visto cómo otros candidatos, suponemos que presionados por las urgencias de la competencia, también han recurrido a este camino de burlar las reglas de juego.
Es una situación muy grave.
La normativa, lamentablemente dejó una puerta abierta. Sin embargo, esa puerta abierta fue utilizada con sensatez y buena fe por los partidos y candidatos durante todos estos años, puesto que se realizaba publicidad sólo para actos de lanzamiento de campaña u otros eventos públicos relevantes. Porque no hay duda de que el sentido y el espíritu de la norma es evitar que se adelante el bombardeo publicitario electoral y que esté restringido a un período breve y común para todos los candidatos.
Sin embargo, la violación sustancial y flagrante de la norma por parte de los dos candidatos mencionados se ha convertido en una afectación directa de la ley que debe ser la regla de juego en un Estado de Derecho.
¿Qué puede esperarse de candidatos que no tienen ningún prurito en trampear la ley amparados en una interpretación engañosa de la norma para su propio beneficio? Así como han violado esta norma, ¿qué no harán en el ejercicio del gobierno? Esta es una reflexión que deberían hacer los ciudadanos.
Pero también debemos señalar que desde el gobierno se afecta el espíritu de la norma que prohíbe la publicidad electoral a los plazos indicados.
Históricamente ello se ha hecho a través de las empresas públicas que en plena campaña electoral gastaban enormes cantidades de dinero para “dar bombo” de la gestión de gobierno incurriendo en una forma de “doble publicidad simultánea”. Publicitando supuestos éxitos de esas empresas a favor del partido de gobierno.
Hay que recordar que, la ya en ese momento fundida ANCAP, gastó diez millones de dólares en el año 2014 para promover los “logros” del candidato a la Vicepresidencia por el Frente Amplio. Un año y medio después tuvimos que poner ochocientos millones de dólares todos los uruguayos para enfrentar el “agujero” de esa empresa.
¡Cómo sería la cosa y cuán escandaloso fue la fiesta publicitaria de las empresas públicas en 2014 que el propio Presidente Mujica salió a pedir moderación en el gasto publicitario!
Pero este año tenemos una cosa mucho peor.
En efecto, al amparo del artículo 95 de la ley de medios, el Poder Ejecutivo difunde en forma gratuita y con una frecuencia atronadora, un conjunto de mensajes publicitarios que no son otra cosa que el “autobombo” de la gestión del gobierno en plena campaña electoral. Con el agravante de que lo hace en forma gratuita.
Los candidatos de billetera abultada y el gobierno, en su afán de sumar votos a favor de su partido, están distorsionando de manera vergonzosa la calidad de la campaña electoral y el juego limpio.
Lo que se afecta es la calidad de la democracia y se incrementan, por un lado la concepción plutocrática en la disputa electoral favoreciendo a los candidatos ricos y, por otro lado el abuso del poder gubernamental para promover la continuidad de su partido en el gobierno.
Es realmente paradójico que hace muy pocos días todos los partidos, incluidos los candidatos de billetera abultada y el partido de gobierno, firmamos un compromiso ético contra la difusión de las noticias falsas.
Mientras tanto, se trampea la norma vigente utilizando mecanismos que afectan la transparencia de la competencia electoral. Así están las cosas en esta compleja campaña electoral.