Martes 19 de noviembre, 2019
  • 8 am

Un estado inteligente y eficiente que rinda cuentas

Pablo Mieres
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Pablo Mieres

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Pablo Mieres
Cada vez parece más obvio que el debate sobre el número de los funcionarios públicos está mal planteado y desvía la atención del gran tema de fondo. En efecto, la cuestión principal es la transformación del Estado para que sea un motor para el desarrollo del país, en vez de ser una pesada carga para el crecimiento de la economía y del trabajo.
Y la transformación del Estado implica su conversión en un Estado inteligente y eficiente que rinda cuentas sobre su propia gestión. Esta es nuestra propuesta con respecto a la reforma del Estado.
Para ello es indispensable reducir el gasto público en el sentido de la eliminación de los gastos excesivos, superfluos o prescindibles, eliminando los despilfarros que hay en cada oficina. Hay que crear un ámbito especializado en la OPP para analizar, a nivel de cada oficina y de cada unidad ejecutora, todos los gastos que no son necesarios, a efectos de redimensionar el Estado de una forma acorde con sus funciones esenciales.
En tal sentido, es fundamental avanzar en la reducción sustancial de los cargos de confianza. En estos años de los gobiernos del Frente Amplio se ha producido un incremento exponencial de este tipo de cargo que superan los dos mil. Es un verdadero escándalo que debe corregirse de manera muy contundente. No es que esta medida sea significativa con respecto a la entidad del gasto público, pero es parte importante de la construcción de un Estado inteligente y eficiente.
También, resulta fundamental aumentar los controles sobre la actividad del Estado y, para ello es necesario que, de una vez por todas, el Tribunal de Cuentas tenga poder de veto sobre aquellas decisiones de la Administración patrimonialmente relevantes que sean observadas. Por lo tanto, proponemos que esas observaciones tengan efecto suspensivo y obliguen a los jerarcas respectivos a corregir las irregularidades o ilicitudes sin poder reiterar el gasto como ocurre actualmente.
En el mismo sentido se debe otorgar los recursos humanos y financieros suficientes a la Junta Anticorrupción para que pueda cumplir con las competencias de control sobre el gobierno que se le han asignado por ley. De nada sirve asignar competencias de contralor si no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con esa tarea.
También es fundamental mejorar la coordinación entre los prestadores de servicios públicos de manera de evitar las superposiciones y la burocratización que actualmente se observa en las diferentes áreas del Estado.
Es necesario fortalecer las potestades de las auditorías internas y se debe montar un sistema de evaluación y control permanente sobre los diferentes proyectos y programas del Estado que, además, debe ser público y transparente.
El Estado debe desprenderse de áreas y funciones que no tiene por qué prestar, nos referimos a aquellas áreas vinculadas a ese gigantesco Estado paralelo que funciona bajo las reglas del derecho privado y que, en muchos casos, no cumple cabalmente con criterios de eficiencia y utilidad.
Todo un capítulo particularmente importante es el referido a la reforma de las empresas públicas. Es imprescindible que se profesionalice su gobierno y que se establezcan regulaciones independientes y efectivas sobre los mercados en los que actúan estas empresas. También proponemos que una parte de sus capitales accionarios se vuelquen al mercado de valores para incrementar los controles y la transparencia de sus decisiones. Esto implica, obviamente, que el gobierno nacional deje de utilizarlas como un resorte de carácter fiscal encubierto.
Estos son, a nuestro juicio, los temas centrales referidos al debate sobre el papel del Estado.
Por el contrario, el debate sobre los funcionarios públicos se ha encaminado de manera, a nuestro juicio, inapropiada, por cuanto se ha concentrado en el número y su eventual reducción. Es necesario incluir en el debate de la reforma del Estado la importancia de adecuar los funcionarios públicos a las funciones que cumple el Estado. Sin embargo, no parece una forma adecuada proponer la prohibición total de cubrir las vacantes, puesto que hay cargos que son necesarios y que deben cubrirse, particularmente en las áreas de la educación, la seguridad o la salud.
Por ello, lo sensato es salir de un debate parcial, ideológico e inconducente, e ingresar a la profundidad de una reforma del Estado que incluye múltiples dimensiones mucho más abarcativas que el número de funcionarios. Esta es nuestra posición de fondo sobre este tema.