Jueves 21 de noviembre, 2019
  • 8 am

Talvi y su derecho a debatir

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
Hay actitudes de candidatos políticos que en verdad, dejan bastante que desear. Por ejemplo, es el caso del Ec. Ernesto Talvi, candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, que ha decepcionado a varios con algunas actitudes recientes que en verdad, le han quitado apoyo y seguramente votos.
Primero toleró las insólitas declaraciones de su asesor en seguridad Diego Sanjurjo, cuando declaró que el Ministro del Interior Eduardo Bonomi, ”ha estado entre los mejores Ministros que hemos tenido”, cuando en verdad, el propio Talvi afirmó que Bonomi “ha fracasado claramente si se mira por sus resultados”. ¿Cómo puede darse esta contradicción? En verdad; ¿qué opina el Partido Colorado como tal? Silencio total.
Luego expresó públicamente su opinión de que si gana las elecciones, procederá a rebajar en 50.000 el número de funcionarios públicos, como forma de disminuir el gasto del Estado. Una afirmación harto demagógica, desde el momento que no explica cómo lo va a hacer (con los funcionarios fallecidos y las vacantes no cubiertas no alcanza), pero que además, tal opinión demuestra que no ha analizado en profundidad un tema tan complicado, desde el punto de vista jurídico y político. Haciendo una simple consideración realista, tal vez se olvidó que tal reducción de funcionarios por la vía del Presupuesto Nacional, no abarcará jamás a las decenas de miles de funcionarios de los Gobiernos Departamentales, en virtud de que la autonomía constitucional de lo impide. Esto sin perjuicio de la autonomía que también tienen –aunque con jerarquía legal- los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, ambiente en que será muy difícil tocar. Por otra parte, no la veo fácil concretar una medida que desde el punto de vista político va contra la idiosincrasia de la política uruguaya y el clientelismo tradicional de todos (si, digo todos) los partidos políticos con posibilidades de llegar al gobierno. Respetuosamente, a Talvi le falta “mostrador”.
Ahora se ha mostrado muy molesto con el hecho de que en el debate acordado entre el presidenciable por el Partido Nacional Dr. Luis Lacalle Pou y el presidenciable por el Frente Amplio Ing. Daniel Martínez, se lo haya dejado de lado. Es más aún; realizó una conferencia de prensa en la cual reiteró su derecho a estar presente en el debate (ya no sería entre dos sino entre tres), realizando una serie de fundamentaciones en tal sentido.
Vale aclarar en primer lugar, que una cosa es el derecho a debatir que una ley puede disponer entre candidatos políticos, y que obviamente es un derecho legalmente y expresamente reconocido y reglamentado en los detalles de su cumplimiento; y otra cosa es el derecho político a solicitar la participación en un debate, pero que no tiene previsión ni sustento jurídico expreso, aunque esté basada en los principios del constitucionalismo democrático.
En el Uruguay, el único debate que tiene carácter obligatorio, es el que se debe realizar obligatoriamente entre los dos candidatos a la Presidencia cuando deben disputar el cargo mediante un balotaje, tal como surge de la Ley No. 19.827 de 18 de setiembre de 2019. Los demás debates entre candidatos políticos no tienen previsión legal expresa, y Talvi debe saberlo. Por lo tanto, hoy por hoy y en este momento, Talvi no puede exigir la participación en un debate, si otro presidenciable no lo acepta. A ojos vista está que Lacalle y Martinez acordaron entre sí debatir el próximo 1º de octubre, y ese debate se realizará entre esos dos precandidatos y no existe la más mínima posibilidad de que sea aceptado también Talvi. Ni ahora ni después.
Jamás olvidemos que el sistema democrático de gobierno tiene su base fundamental en el derecho de libertad. Este derecho es sagrado, está metido en la esencia misma de la democracia, por lo tanto su reglamentación, debe ser de excepción y no de principio, como también lo indica la Constitución; y esa excepción debe ser siempre con la intención de proteger la vigencia del sistema.
Después del 30 de octubre, si no hay una definición clara de un Presidente en primera vuelta, recién se sabrá quién fue el primero y el segundo en número de votos. Estos dos candidatos, solo en ese momento, tendrán la obligación (derecho-deber) de participar en el debate previsto y reglamentado por ley.