Martes 28 de enero, 2020
  • 8 am

¡Auditorías ya!

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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El pasado lunes, se realizó la primera reunión entre el Presidente electo Dr. Luis Lacalle Pou y el Presidente de la República en ejercicio Dr. Tabaré Vázquez, con la finalidad de establecer una serie de pautas, con referencia a la transición de la situación del actual gobierno, hacia el gobierno que iniciará sus actividades el 1º de marzo de 2020. Es una obligación natural que obedece a la necesidad del futuro gobierno, de conocer a fondo la realidad general de todos y cada uno de los poderes del gobierno, entes autónomos, servicios descentralizados, y todos y cada uno de los organismos del Estado (de Derecho Público o de Derecho Privado) vinculados con cada uno de ellos. No mencionamos a los gobiernos departamentales porque gozan de autonomía constitucional, y va a depender de lo que cada una resuelva. Si señalamos que la información tiene que ser completa y total, esto es sin excepciones, comprendiendo incluso aquella información que con previsión legal, pueda considerarse secreta, reservada o confidencial.
Lo ideal sería que quien recibe la información, confiara plenamente que la misma es, precisamente, completa y total. Sin embargo, diversos sucesos políticos llevan a desconfiar de que ello sea así. Nadie puede desconocer el secretismos que el gobierno del Frente Amplio dispuso con temas vinculados por ejemplo a los acuerdos con UPM; las solicitudes de realizar investigaciones parlamentarias que los legisladores frentistas no votaron; las situaciones vinculadas con la regasificadora; con Aratirí, con el puerto de aguas profundas; los negocios vinculados con el gobierno de Venezuela; los problemas de Ancap (que culminó con la renuncia y procesamiento del Vicepresidente de la República); los problemas en Pluna que terminó en un remate mamarrachesco y un desastre financiero, con el procesamiento del Ministro de Economía y del Presidente del Banco Central; los préstamos a Fripur; a Envidrio y el Diputado del MPP Placeres que renunció a su banca; Mujica y el perdón a la deuda de Casal; Asse y los contratos con médicos propietarios de ambulancias; la compra del “avión presidencial”; la desastrosa política de “seguridad” en el Ministerio del Interior, para nombrar los más conocidos; y los cientos y cientos de pedidos de informes parlamentarios que el gobierno frentista jamás contestó, e incluso los pedidos de información pública que los organismos gubernamentales se negaron a dar (o lo dieron en forma incompleta) en base a circunstancias de confidencialidad, reservadas o consideradas secretas.
Entonces, ante ese panorama, es absolutamente lógico y comprensible que la coalición que triunfó en estas elecciones nacionales, tenga reparos en aceptar como ciertas e indubitables la información que va a recibir. Por eso se ha resuelto disponer auditorías en los organismos del Estado y privados de Derecho Público en los que el Estado es socio.
Una auditoría es una inspección o verificación de la contabilidad de los organismos del Estado, a cargo de un auditor o grupo de auditores con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dichos organismos en un determinado ejercicio, así como si se han cumplido con los procedimientos administrativos que correspondan. Es decir, en este caso, y en base a lo informado por el gobierno que se retira, se analizará si se acepta como ciertos los datos que se dan, o si se profundiza en forma y contenido sobre los mismos, para determinar si en verdad, esos datos se ajustan a la realidad, y si no fuere así, si corresponde realizar los procedimientos correspondientes –en vía administrativa o judicial- para determinar los responsables de tales irregularidades.
En síntesis, es una forma de conocer en forma cierta y clara, que país recibe el nuevo gobierno. Por tanto, estimamos que es una medida muy necesaria. Si no se hiciera así, no sería posible después, conocer los responsables de eventuales irregularidades.