Los institutos que conforman la llamada «institucionalidad agropecuaria» como decía el ex Ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, cuentan con aportes provenientes del sector privado a través de impuestos previstos en la ley de creación de las diferentes instituciones.
Por ejemplo un impuesto a las exportaciones cárnicas y animales en pie, 0,6% del valor FOB neto, y el 0,7% de la carne comercializada al mercado interno, está previsto se destine al Instituto Nacional de Carnes (INAC). En el caso del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) el artículo 16 de la ley de creación de la institución establece un adicional del cuatro por mil al impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios y un aporte del Poder Ejecutivo, «al menos equivalente» al aporte de los privados a través de dicho adicional al impuesto.
En una carta remitida al Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, con copia al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech, la Federación Rural solicita que las autoridades competentes tomen «las medidas necesarias para solucionar la delicada situación económica de INIA».
En este sentido señalan que de acuerdo al «acta del Instituto del 19 de noviembre 2019», se vislumbra un «incumplimiento por parte del organismo competente que no vierte en tiempo lo recaudado por el adicional de IMEBA». La gremial de productores señala que dichos atrasos generan dificultades en el funcionamiento del organismo y «pone en riesgo estudios e investigaciones en marcha».
El acta Nº 1054 del 19 de noviembre de 2019, invocada en la carta de la Federación Rural, se indica que la Cra. Victoria Genta, presentó los diferentes escenarios posibles del presupuesto operativo anual 2020 de la institución, el cual se basa en los fondos provenientes del adicional del IMEBA y la contraparte asignada por el Poder Ejecutivo.
En este sentido el Ing. Agr. Alberto Bozzo, representante de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) en la junta de INAC, solicitó «acelerar las gestiones ante el MEF y MGAP en relación a los atrasos en cuanto a los aportes del adicional del IMEBA y de la respectiva contrapartida como establece la ley». La solicitud del directivo fue acompañada por los restantes integrantes de la junta.
De acuerdo a la información obtenida por CAMBIO, durante la crisis del año 2000, en la época del gobierno Dr. Jorge Batlle, se generó un atraso importante que se comenzó a formalizar en el último año de gobierno de dicha administración y se continuó durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.
La fuente consultada al respecto dijo que en 2009 comenzó a disminuir la contraparte del Estado, generándose una deuda con la institución, situación que comienza a agravarse a partir del año 2012 cuando comienzan a registrarse atrasos en los aportes del adicional del IMEBA, aportado por el sector privado a través de dicho impuesto.
En este sentido en la página 26 del Informe de Estado Contable de INIA, al 31 de diciembre de 2018, se establece que «el atraso de la deuda de Rentas Generales obedece a la brecha que existió en determinados períodos entre el monto producido por el impuesto y la partida fijada quinquenalmente en pesos uruguayos, otorgada por la Ley de Presupuesto correspondiente». En ese momento dicha deuda ascendía a $ 1.216.516.418 (un billón, doscientos dieciséis millones, quinientos dieciséis mil, cuatrocientos dieciocho pesos uruguayos). Si bien aún no ha sido divulgado el balance de 2019, teniendo en cuenta los valores alcanzados por los productos agropecuarios, principalmente los productos cárnicos, se estima que dicha cifra crecerá fuertemente.
