Por Joaquín Forrisi
Estudio Signorelli&Altamiranda
En el inicio de un año muy particular en lo económico y social, caracterizado por recesión económica, deterioro del mercado laboral y sectores claves de la economía, cómo el turismo, profundamente deprimidos.
Desde el Gobierno han existido políticas para mantener los motores de la economía prendidos desde el sector privado. En particular hay 2 políticas de a destacar: la promoción del empleo mediante la inversión y el acceso a garantías para el financiamiento bancario.
El Poder Ejecutivo promulgó un decreto en el que amplía los beneficios de exoneración de Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas. Estos decretos se amparan en la Ley de Inversiones y reglamentan, en función a las condiciones de inversión y empleo que quien determina las políticas públicas espera estimular, cuáles son los indicadores y condiciones mediante los cuáles una inversión puede beneficiarse de exoneraciones tributarias.
En la última reglamentación se incentiva más la inversión y la generación de empleo que su anterior versión del año 2018. Por ejemplo, el beneficio mínimo en función a las paramétricas de COMAP asciende a un 30% de la inversión mientras que, en el régimen anterior, el puntaje mínimo equivalía a un 20% de exoneración. Además, se amplía el cronograma para ejecutar inversiones desde 5 años a 10 años.
La Ley de Inversiones también faculta al Poder Ejecutivo a fomentar determinados sectores de actividad, tal es el caso de una reciente reglamentación en donde se otorgan beneficios adicionales a las inversiones realizadas en el sector de atención a la salud del adulto mayor. Las inversiones ejecutadas entre 1 de abril 2020 y el 31 de marzo de 2021 en este sector serán se computarán por un 150% más que el monto efectivamente invertido, potenciando el beneficio impositivo otorgado.
El segundo instrumento utilizado por el Gobierno para mantener la cadena de pagos y la salud financiera las empresas en el sector bancario formal, es el Sistema Nacional de Garantías -SIGA-, en donde se amplio desde el SIGA Pyme a SIGA Emergencia, SIGA Turismo y SIGA Plus. Este instrumento muestra ventajas respecto a otros potenciales canales para apalancar la economía y el principal es que a priori no tiene costo fiscal elevado.
SIGA Turismo está dirigido a empresas del sector turístico (hoteles, restoranes, transporte), que hayan tenido un cumplimiento aceptable en el sistema financiero hasta febrero 2020 -categoría 2B-. Es un instrumento que garantiza préstamos para capital de trabajo por hasta el 70% del crédito, con un máximo aproximado de garantía de U$S 200.000. En cuanto a SIGA Plus, garantiza hasta el 50% de créditos para capital de trabajo o para inversión de activo fijo con un monto máximo de garantía de U$S 200.000.
Bajo estas modalidades, el Gobierno garantizó 17.000 operaciones de SIGA Emergencia, 56 de SIGA Turismo y 86 de SIGA Plus. Estas operaciones han representado garantías por U$S 690 millones. En Salto se garantizaron 660 créditos por un monto de U$S 17,8 millones.
