El déficit habitacional en el país es de entre 60.000 y 70.000 viviendas y para el Ministerio de Vivienda es una cifra elevada y preocupante. Si bien en los nuevos planes se hará foco en Montevideo, Canelones, Maldonado y Salto, el MVOT considera que la emergencia habitacional se da en todo el país. Para lograr reducir estas cifras la cartera anunció el lanzamiento del reglamento para el registro de sistemas constructivos no tradicionales por declaración jurada. El objetivo es construir viviendas a menor costo sin perder calidad, avalando sistemas de construcción no tradicionales (SCNT) en un plazo de 90 días. Se trata de un instrumento que regula el otorgamiento, renovación, suspensión y retiro, así como el control y ejecución de obras que utilicen SCNT que cuenten con CIR.
NUEVA PUERTA
El registro presentado según la secretaría de Estado es «una puerta nueva» para cualquier sistema constructivo no tradicional que cuente con la certificación bajo la normativa europea, chilena, argentina y brasileña. Es un producto permite construir a menor valor y a un ritmo más rápido. Muchas empresas y personas que trabajan con sistemas no tradicionales en Uruguay han manifestado el interés de trabajar con los programas del MVOT. Además, los interesados pueden capacitarse en la utilización de estos sistemas generando así una potencial fuente laboral.
SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Mediante el proyecto de ley de presupuesto el gobierno estableció un mecanismo para «declarar la emergencia habitacional» y así hacer una intervención socio-habitacional en cualquier asentamiento irregular. Para ello, se deberá «delimitar su ubicación territorial», que deberá ser comunicada a la Asamblea General y al gobierno departamental correspondiente. La normativa establece que dicha intervención durará hasta dos años y se podrá prorrogar por uno más por una única vez. Para elevar antes de marzo una propuesta a Torre Ejecutiva de declaración de emergencia habitacional, que implica obras de infraestructura, mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra y acciones de integración de familias en asentamientos. Las intervenciones se concentrarán en los puntos con mayor cantidad de asentamientos, por lo que harán foco en Montevideo, Canelones, Maldonado y Salto. El instrumento fue introducido en la ley del Presupuesto para el quinquenio remitida por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado. Tal declaración requerirá de una comunicación a la Asamblea General y al gobierno departamental correspondiente, cuyas intendencias deberán dar la autorización. La acción del gobierno no podrá extenderse más de dos años, aunque podrá ser prorrogada una única vez por otros doce meses. La ley estipula que una vez declarada la emergencia habitacional, cada intervención va a contar con los beneficios tributarios previstos en la ley de Vivienda Promovida. En los proyectos a realizarse no van a regir normas de ordenamiento territorial para el cambio de categoría de suelo, como tampoco otras normativas legales sobre fraccionamientos, cesiones y edificaciones. Las fuentes indicaron que la cantidad de barrios a intervenir va a depender de los recursos que se obtenga con el fideicomiso previsto por el gobierno con la enajenación de propiedades del Estado declaradas prescindibles. De acuerdo a datos concretos en Salto hay un déficit de más de 30 mil viviendas.
