Dr. Fulvio Gutiérrez
La decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de cesar a Pablo Bartol y designar en su lugar al diputado Martín Lema como Ministro de Desarrollo Social, no solo sacudió el ambiente político general, sino que originó una serie de reacciones desmedidas en la oposición. La izquierda vernácula vio la inesperada oportunidad que se le presentó, y en cuestión de horas y en forma intempestiva, se preparó para atacar con artillería pesada al gobierno de coalición, cuestionando jurídica y políticamente la decisión tomada por el Presidente.
Chismografía barata mediante, y sin leer la Constitución (cosa que le es habitual), la oposición dio a conocer que el Ministro designado, era yerno del Subsecretario del Ministerio, Armando Castaingdebat, y que por tal razón, se estaba violando la ley No. 19.823, que en cuanto a los funcionarios públicos, prohíbe que parientes por afinidad de primer grado puedan ocupar cargos en la misma oficina o repartición. En principio, la situación planteada era la relación de yerno a suegro, por lo cual estaría prohibida. He aquí la duda. En casos anteriores, la Junta de Transparencia y Ética Pública ya había afirmado que los Ministros son jerarcas de los Subsecretarios. Agregando que «la prohibición apunta a evitar implicancias y eventuales conflictos de intereses y ello se produce cuando hay relación de dependencia, supervisión y control, más allá de las figuras y estructuras administrativas». Pese a que el tema es discutible como todo tema jurídico, me inclino por la aplicación lisa y llana de la ley citada, cosa que además así lo entendió y lo dijo públicamente el propio Armando Castaingdebat, al renunciar a su cargo de Subsecretario. Renuncia que, a mi juicio no era necesaria pues al removerse al Ministro, automáticamente se remueve al Subsecretario como lo dice claramente el art. 182 de la Constitución. Por tanto, el problema se zanjó en dos días y en la Subsecretaria del MIDES fue designada Andrea Brugman.
Claro, a la oposición se le frustró la “fiesta” porque en definitiva su objetivo era “pegarle” al gobierno a como diere lugar y de cualquier forma, aprovechando el cambio de las jerarquías del MIDES. Escuchamos y leímos las opiniones y argumentos más absurdos y ridículos de parte de personeros de la izquierda como Mónica Xavier, Alejandro “Pacha” Sánchez, Daniel Olesker y Ana Olivera, que prácticamente auguraban el desmantelamiento y la hecatombe de toda la política social en contra de los pobres de este país, cual si fuera un Apocalipsis bíblico provocado por el Presidente de la República. La “guerra” que pretendió la izquierda duró menos de 48 horas. Se quedaron vestidos y sin visita. Y eso por una obvia razón: el Presidente decidió aplicar la norma jurídica correspondiente, entendiendo que el Derecho –más allá de las diversas interpretaciones- siempre está por encima de la política. Tema liquidado.
No obstante, me acordé de la perdiz, esa ave pequeña de nuestra campaña, que tiene la particularidad de volar muy poco, y cuando lo hace, vuela escasos metros casi a ras del suelo, con una torpeza que causa risa. Porque eso hizo la izquierda; vio un problema jurídico donde no lo hubo, y un problema político que en definitiva, no fue tal. Es que así actúa esta oposición incoherente, tambaleante, de corto y torpe vuelo. Por eso lo del título.
