Por Andrés Torterola.
En el mes de setiembre del año 2014 el gobierno reglamentó los estándares de atención de calidad en los establecimientos que ofrecen servicios de cuidados a adultos mayores. Reseña las competencias del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud Pública en la materia y las obligaciones, derechos y deberes para poder funcionar de los centros, con o sin fines de lucro, ya sean de larga estadía, diurnos, refugios nocturnos o para inserción familiar.
200 PERSONAS VINCULADAS A LOS RESIDENCIALES
La Directora Departamental de Salud Dra. Rosa Blanco dijo a CAMBIO que en Salto hay 26 residenciales de adultos mayores, 2 completaron la habilitación total, 15 residenciales están en un proceso franco de habilitación, muchos están cerca de concretar el objetivo ya que sus propietarios se están haciendo cargo de solucionar las objeciones planteadas y tienen determinado tiempo para ir regularizando. Nueve residenciales están en seguimiento es decir que tienen un código de ingreso que fue importante para efectuar la vacunación a los residentes, además se las inspecciona habitualmente y se hace un seguimiento, pero solo tienen un código de registro no han empezado aún el proceso de habilitación. Existe aproximadamente 200 personas vinculadas a los residenciales entre funcionarios, dueños y aproximadamente 500 residentes.
PROCESADA CON PRISIÓN
Un residencial de adultos mayores en Artigas fue cerrado de forma cautelar por el Ministerio de Salud Pública, debido a las malas condiciones en las que operaba. No contaba con habilitación ni con un médico responsable. La dueña del establecimiento fue detenida y la Fiscalía solicitará su imputación en las próximas horas por el delito de abandono. En el lugar residían en condiciones vulnerables 20 ancianos, de los cuales el 80% no tiene vínculos familiares. El 22 de junio Fiscalía recibió una denuncia de uno de los residentes, por lo que solicitó a la Dirección Departamental de Salud que inspeccionara el lugar, donde se detectaron las malas condiciones de habitabilidad. A su vez, las autoridades sanitarias locales alertaron al Ministerio de Salud Pública, que tiene la potestad de clausurar locales privados. «La situación edilicia es deplorable, la gente estaba en malas condiciones. Los cuartos no tenían privacidad, no tenían puertas, los techos algunos son de zinc y tenían orificios por los cuales entraba agua; rajaduras en la pared, una instalación eléctrica precaria y que no está de acuerdo con las normativas de UTE», relató el fiscal de la causa en rueda de prensa. La subdirectora de la Dirección General de Salud, María Giudice, viajó a Artigas el miércoles y constató las malas condiciones edilicias e higiénicas. Los residentes fueron realojados en el refugio Mónica Gabriela, que funciona en el predio del Hospital de Artigas, y en otros residenciales.
