Por Leonardo Vinci.
Un día como hoy, hace 4 años, la libertad de expresión en el Uruguay estuvo en peligro, ya que por el simple hecho de criticar al gobierno, las personas podían ser denunciadas ante la policía, debiendo comparecer en las comisarías a su requerimiento.
El entonces senador del Frente Amplio Leonardo De León fue el impulsor de una vergonzosa maniobra que finalmente terminó con su carrera política.
A raíz de la difusión en las redes sociales de una imagen donde se lo veía en un lujoso avión empresarial con una costosa botella de whisky, el legislador nos denunció penalmente ante la Unidad de delitos complejos de Interpol.
Manifestó en su denuncia que habíamos trucado esa fotografía y que su publicación formaba parte de una maniobra para someterlo al escarnio público.
Tuvimos que viajar mil kilómetros por su capricho en medio de la preocupación de seres queridos y muchos amigos para presentarnos en dependencias capitalinas del Ministerio del Interior.
Como era de esperar, tras su análisis por la policía científica, se llegó a la conclusión que era imposible determinar que la fotografía en cuestión fuera alterada.
A la hora de la verdad, al advertir que un fallo judicial desfavorable era inminente, se apresuró a retirar su denuncia mediante excusas infantiles.
De León mintió descaradamente.
Lo cierto es que, a la condena popular, se le sumó la de la JUTEP, ya que los usos abusivos que hizo con las tarjetas corporativas constituían «violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos».
La Junta de Transparencia y Ética Pública se pronunció, verificando «que el Sr. Leonardo de León ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa de ALUR en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones».
El organismo también señaló que se constató «la utilización reiterada de ese medio de pago en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos, sin que De León haya demostrado la existencia de situaciones que lo justificaran en más de 130 casos y por importes significativos».
Anteriormente, el dictamen del Fiscal que estudió estos asuntos estableció que «los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta» y que De León había «incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública» y en «una despreocupada administración de dineros (…) públicos».
Un manto de vergüenza cayó luego sobre el senador De León ante el lapidario fallo del Tribunal de Ética del Frente Amplio.
Habiendo sido investigado, argumentó que no era empleado del Estado cuando actuó en ALUR, sin embargo, el Tribunal entendió que ese hecho «…no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público.»
Su fuerza política encontró que «a juicio del Tribunal, los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del compañero De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de la empresa y del interés y patrimonio públicos.»
Así terminaron las andanzas de este individuo que vivió como un jeque árabe durante su gestión pública, llevando un principesco ritmo de vida… con la plata de los uruguayos.
Tuvo que abandonar la actividad política, marchándose por la puerta de atrás, vituperado y condenado.
