Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La decisión de los Ediles de la Junta Departamental de Canelones, pertenecientes a la coalición de gobierno nacional, que se negaron a votar la venia para autorizar al Intendente de ese departamento, Yamandú Orsi (perteneciente al Frente Amplio), a celebrar un fideicomiso con la finalidad de solventar los gastos de una serie de obras que tenia proyectada, tuvo una consecuencia inesperada. Porque los Ediles frenteamplistas de la Junta Departamental de Rocha, también se negaron a votar la venia para autorizar al Intendente de ese departamento, Alejo Umpiérrez (perteneciente al Partido Nacional), a celebrar un fideicomiso con igual finalidad; y algo similar ocurrió en Río Negro, cuando los Ediles del Frente Amplio, también se negaron a votar la venia que el Intendente de ese departamento Omar Laffluf (perteneciente al Partido Nacional), había solicitado para celebrar un fideicomiso con iguales objetivos.
Entones “ardió Troya”, porque el mediático Intendente de Canelones Yamandú Orsi (que de a poco prepara su candidatura a la presidencia en 2024), salió a la palestra pública a “despotricar” contra el gobierno nacional, denunciando que éste habría intervenido en estos hechos, presionado a los Ediles de la oposición canaria para que no avalaran el pedido de venia que Orsi había solicitado.
Jurídicamente la situación es muy clara: cada Gobierno Departamental tiene autonomía prevista y garantizada por la Constitución de la República en la materia que es de competencia departamental. Dentro de esa materia departamental, entre otras varias, está precisamente la tramitación de fideicomisos, para lo cual, dadas las características de esos fideicomisos, se requiere la venia o autorización de cada Junta Departamental.
En verdad no se puede saber si la acusación de Orsi es verdadera o no. Lo que sí está claro, es que si acusa de tal intromisión política en asuntos departamentales de Canelones al gobierno nacional, cualquiera puede decir que lo mismo ha pasado en Rocha, y por tanto la oposición frentista en la Junta Departamental de dicho departamento, no habría apoyado la solicitud del Intendente Umpiérrez, por presión de las jerarquías nacionales del Frente Amplio. Que tampoco se sabe si ocurrió o no.
En un ambiente político como el nuestro, los rumores, chismes y acusaciones destempladas y sin prueba evidente, están a la orden del día, y todo se desarrolla con una falta de ética elemental, donde parece que todo sirve para defender conductas y actitudes en la vida política nacional y departamental.
En medio de ese problema político, aparece el Intendente de Salto, Andrés Lima (que también busca un cargo nacional para 2024), anunciando que planteará ante el Congreso de Intendentes, la posibilidad de que el organismo actúe como “mediador” en este tipo de desencuentros. Jurídicamente la propuesta parece ser correcta, porque el art. 262 de la Constitución, dice que el fin del Congreso de Intendentes es “coordinar las políticas de los Gobiernos Departamentales”, y la amplitud de dicha frase, comprendería una decisión como la que Lima dice va a presentar. Y políticamente nada impide una conducta en tal sentido, aunque no parece muy ética..
Porque el tema no es fácil. Menos lo es cuando parece extraño que se condicionen los apoyos en un determinado sentido en un departamento, exigiendo a quienes están en una actitud contraria (que además ya la demostraron votando), que “paguen” el favor con una conducta similar en otro departamento. Casi que podemos decir que si eso pasa, la autonomía departamental “se va al carajo”. Y no va a ser la primera vez ni la última. Todo muy lamentable.
