Téc. Univ. Gustavo Chiriff 1001- Frente Amplio
La LUC modificó diversos aspectos de la Ley N° 18437 (Ley General de Educación) sustituyendo más de 60 artículos de esta. Esto marca un hito sin precedentes ya que, en ningún momento de la historia de nuestra educación nacional, se observa un hecho legislativo similar en donde se realicen cambios programáticos tan significativos. Esta técnica legislativa se asocia con un objetivo de ajustes al texto legal mas no de reforma estructural.
La Sección III de la LUC refiere a la Educación y desde la Comisión Nacional Pro Referéndum se propone derogar 34 artículos de esta sección que refieren a diversas cuestiones y afectan varios aspectos de la comunidad educativa de nuestro país. Los artículos 148 y 156 de la LUC eliminan los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Secundaria y Educación Técnico Profesional, creando direcciones unipersonales para administrar un sistema de 700 mil estudiantes y 60.000 docentes. Anteriormente estos Consejos involucraban la participación de muchos actores y enriquecían la política educativa. Reducir la participación que ofrecían estos Consejos cambiando a direcciones unipersonales no solo vacía del aporte de muchos actores con conocimiento en el tema, sino que también sobrecarga a los funcionarios docentes y no docentes en la administración y gestión del sistema de estudiantes y docentes, la participación de cada uno de los actores, el trabajo colectivo, interdisciplinario e interinstitucional, ha venido contribuyendo a mejorar la educación nacional y pública, si bien se puede y se debe mejorar aún más. La participación es medio y fin de la educación y de la convivencia democrática.
Un aspecto subrayar en las modificaciones que introduce la LUC, es en la obligatoriedad:
Se elimina -en relación a la Ley General de Educación- la obligatoriedad de la educación media superior y el aseguramiento de la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. Se elimina la obligación de inscribirlos y observar su asistencia y aprendizaje. En su lugar, se habla de “contribuir a su cumplimiento”.
Se realizan modificaciones referidos a la redacción de la obligatoriedad de la educación inicial en dos aspectos; sustituyendo la enumeración de «los cuatro y cinco años de edad» por una más breve: “desde los cuatro años” y eliminando la referencia a «niños y niñas».
Se eliminan párrafos de la Ley General de Educación referidos a las obligaciones específicas del Estado referidas al tiempo pedagógico y la actividad curricular en educación primaria y media básica.
Se establece una diferencia significativa en la definición de la Educación Media Técnico-Profesional. Esta es definida en una versión más restrictiva por su duración y ya no por sus orientaciones o modalidades curriculares.
Se elimina totalmente la determinación de las obligaciones familiares y expresamente deja en la indeterminación cuál sería el comportamiento consistente con la obligatoriedad. La falta de inscripción y la falta de asistencia, pilares del paradigma vareliano, han sido retirados del texto legal desarmando uno de los principales andamiajes fiscalizadores que tuvieron el Estado y el magisterio para hacer cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza.
La LUC instaura un cambio desde una educación como derecho humano, que habilite a los seres humanos para «ser, conocer, hacer y convivir», con los «otros», hacia una educación que se proponga adquirir determinadas competencias y certificados, con una perspectiva exclusivamente económica. En esta redacción, la LUC representa un retroceso en la medida que no solo hizo ajustes de técnica legislativa, sino que introdujo aspectos básicos de una filosofía política liberal consistentes con un tipo de bienestar donde el Estado juega un papel residual.
Esta ley no es el camino correcto para hacer los cambios que son necesarios en educación. Estas modificaciones no resuelven los problemas y desafíos que se tiene en materia educativa, pero además, los cambios que propone la LUC imponen riesgos para el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes, docentes, funcionarios no docentes, familias y comunidad educativa toda.
