Miércoles 6 de julio, 2022
  • 8 am

La seguridad jurídica

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
El resultado final del referendo del pasado domingo 27 de marzo, laudó definitivamente una duda sobre la vigencia de 135 artículos de la LUC que habían sido cuestionados por la izquierda vernácula a través del instrumento jurídico denominado referéndum o referendo: ganó el gobierno y perdió la oposición de izquierda. Como era previsible, los “opinólogos” de siempre, hicieron conocer las posiciones más diversas sobre este acontecimiento electoral de ejercicio de la democracia directa, justificando las buenas y malas consecuencias, para uno u otro bando, que se pueden producir como consecuencia de dicho resultado electoral. Algunas verdaderamente ridículas.
No voy a analizar ninguna de ellas porque son harto conocidas, porque no vale la pena, y en definitiva nos llevan a llover sobre mojado.
Sí quiero hacer una serie de consideraciones sobre la consecuencia jurídica del resultado del referendo: le dio a la LUC certeza jurídica, y como consecuencia, tenemos que decir con orgullo que nuestro sistema democrático funcionó a la perfección.
La necesidad de que tengamos certeza jurídica en nuestra normativa, es una consecuencia del respeto del principio de seguridad jurídica, que a su vez, es uno de los valores fundamentales de un Estado de derecho. La seguridad jurídica tiene un componente objetivo basado en la certeza de la positividad del Derecho y su observancia, pero también tiene un componente subjetivo que es la confianza puesta por la persona en el comportamiento correcto de quienes deben aplicarlo. Esto es fundamental en un Estado de Derecho como el nuestro..
Justino Jiménez de Aréchaga, tal vez nuestro máximo constitucionalista, sostuvo en su obra La Constitución Nacional, que «El derecho a la protección de la seguridad es un concepto muy amplio, que abarca el derecho a ser amparado por todas las normas de garantía relativas a los demás derechos constitucionalmente consagrados, y por las disposiciones legales que se dicten con la misma finalidad, en ejecución de los mandatos del constituyente». Fue lo que acaba de pasar en nuestro país. El gobierno propuso y obtuvo la aprobación de la LUC por nuestro Parlamento. Ejerció un legítimo derecho que incluso fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia cuando un interesado interpuso un recurso de inconstitucionalidad. La oposición de izquierda (sindicatos reunidos en el PIT CNT, el Frente Amplio y otras instituciones sociales), interpusieron ante la Corte Electoral el recurso de referendo (la Constitución dice referéndum) contra dicha ley para lograr la derogación de 135 de sus artículos. Se siguió todo un largo procedimiento que se establece en una ley reglamentaria y se culminó el pasado 27 de marzo, con una consulta a nuestra ciudadanía. Es decir, durante más de un año y medio, esos 135 artículos estaban vigentes, pero pendía sobre ellos una “espada de Damocles”, cual era la posibilidad que la ciudadanía lograra derogarlos, si llegaba en cantidad de votos al mínimo indispensable: un voto más que la mitad de los votos válidos. Durante todos esos meses, quienes conocemos de Derecho, tuvimos realizando un análisis profundo sobre las consecuencias del referendo si era aprobado, porque esas consecuencias no están precisadas en nuestra legislación. Es decir: ¿los artículos quedarían derogados o anulados? O dicho de otra forma: ¿perdían vigencia a partir del acto electoral del pasado 27 de marzo, o esa vigencia se anulaba desde que se aprobó la LUC? En definitiva, la no aceptación del referendo tuvo como consecuencia ratificar la vigencia de todos esos artículos, y el eventual problema no se planteó.
Entonces, la LUC, toda la LUC, incluyendo los 135 artículos cuestionados, hoy está perfectamente vigente y sin duda alguna en cuanto a esa vigencia. Tenemos entonces, seguridad jurídica. Por eso dije: nuestro sistema democrático funcionó, y funcionó a la perfección. El gobierno ganó, y la oposición de izquierda perdió. Así de simple.