Domingo 7 de agosto, 2022
  • 8 am

Los Alcaldes y el juicio político

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La condena penal contra el Alcalde del Municipio de Florencio Sánchez (Colonia), Alfredo Sánchez, a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años; y la petición realizada por la Junta Departamental de Colonia a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores, para que fuera sometido a juicio político, derivó en una discusión jurídica sobre la procedencia de tal petición.
La pregunta es: ¿Es procedente hacer juicio político a un Alcalde?
Los profesores Martín Risso, Ruben Correa Freitas y Pablo Schiavi han manifestado que el juicio político no está previsto para los alcaldes. Solo está previsto a nivel departamental, para los Intendentes y los miembros de las Juntas Departamentales. En consecuencia, no comprende a los titulares del cargo de Alcalde de un Municipio.
Otra opinión entiende que el artículo 18 de la ley No. 19.272 estipuló que “la Junta Departamental tendrá sobre los Municipios los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia”, y que en esos casos, entonces, será aplicable lo previsto en el artículo 296 de la Constitución, esto es: el juicio político.
Eso no es correcto por las siguientes razones. En primer lugar, existe un principio de jerarquía de las normas jurídicas que establece que toda norma superior jamás puede ser modificada por una norma inferior. La norma superior en nuestro derecho, es la Constitución, por lo tanto solo puede ser modificada por otra norma constitucional. Por tanto, una ley no puede ir contra la Constitución, y si lo hace es inconstitucional. En mi opinión, cualquier tema o materia prevista en la Constitución, pasa a ser “materia constitucional”, y su regulación solo podrá ser hecha por normas constitucionales.
En segundo lugar, una ley inconstitucional estará siempre vigente, salvo que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional, y si lo hace, la ley pierde su vigencia para el caso concreto pero sigue vigente para los demás casos. .
En tercer lugar, la Constitución prevé el juicio político y regula su procedimiento, como una forma de juzgar la conducta política y penal de determinados titulares de cargos de gobierno, con la finalidad de separarlos de sus cargos. Ellos son: Presidente y Vice de la República, Ministros de Estado, miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Intendentes y miembros de las Juntas Departamentales. No se menciona a los Alcaldes, porque cuando se aprobó la primera ley de Municipios en 2009, el art. 296 de la Constitución ya estaba vigente desde la reforma de 1934.
En consecuencia, a mi juicio, los Alcaldes no son sujetos pasivos del juicio político, y por tanto no pueden ser juzgados por dicho procedimiento.
No obstante, aclaro: el art. 18 de la Ley No. 19.272, es inconstitucional, pues agrega a los sujetos pasivos del juicio político previstos en la Constitución (art. 93), a dos sujetos pasivos nuevos: los Alcaldes y los Concejales, a través de una interpretación extensiva que en definitiva modificaría la Constitución. Afirmo por tanto que el error cometido por el legislador de 2009 y reiterado por el legislador de 2014 es imperdonable, pues han creado un problema jurídico por no haber analizado con detenimiento lo que estaban redactando. No obstante, como lo señalé anteriormente, una ley inconstitucional tiene vigencia hasta tanto no sea declarada como tal por la Suprema Corte de Justicia, y en caso de serlo, será solo para quien lo reclama. Por otra parte, dicho procedimiento solo podrá ser iniciado por “todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo” (art.258). Mientras tanto, el error jurídico creado por la irresponsabilidad legislativa, se mantendrá vigente.