Domingo 7 de agosto, 2022
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Municipios: recursos propios

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
Por intermedio del Politólogo Adolfo Garcé, recibí una invitación para participar de un foro dentro del denominado proyecto “La Máquina de Aprender”, impulsado por la Fundación Konrad Adenauer, el pasado 25 de mayo en el Centro de Convenciones del Centro Comercial e Industrial de Florida. El tema estaba centrado en los Desafíos de los Gobiernos Departamentales y Locales, y aunque no pude concurrir, lo seguí en forma virtual. La mecánica del foro tuvo una parte académica y otra política, y en verdad fue todo un éxito. Lo tratado, lo analizado y sus conclusiones, serán publicados en un libro de pronta aparición.
En mi condición de ex docente encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local que se dicta en la Facultad de Derecho de Salto, y de mi experiencia personal como ex asesor de las Intendencias de Salto y Tacuarembó, me pareció un acierto el tema tratado, considerando que seguramente va a ser el punto de partida para la necesaria reforma y actualización que requiere nuestra legislación sobre los Municipios.
La ley No.19.272, de 18/9/2014, tiene a mi juicio muchos errores, demasiadas imprevisiones y algunas inconstitucionalidades. Es el momento de corregirlos, porque ahora tenemos la ventaja de la experiencia que surge del funcionamiento práctico de los Municipios desde su primera ley de creación en el año 2009.
Precisamente, una de esas imprevisiones, es que nuestros Municipios no tienen recursos propios y eso es inadmisible. El art. 19 de la ley No. 19.272, establece que los recursos de los Municipios, provendrán de lo que el Gobierno Departamental disponga en su presupuesto; de lo que el Presupuesto Nacional les asigne del Fondo de Incentivos para la Gestión de los Municipios con destino a los Programas Presupuestales Municipales; y de los recursos provenientes de las donaciones o legados. Esta norma, lesiona gravemente la pretendida descentralización municipal, que en verdad, no es tal.
Está claro que nuestro legislador ignoró el Derecho Comparado, pero sobre todo no tuvo en cuenta un antecedente de nuestro derecho interno, que está previsto en el art. 60, inc. 3º de la Ley N. 9.515 (Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales). Allí se había creado una forma de financiación de las Juntas Locales Autónomas (autoridad local de la época), pese a que en la realidad, no tenemos conocimiento de que se haya puesto en práctica. La disposición pone a cargo de los Intendentes, la facultad de “destinar el 70% de las rentas que se produzcan dentro de la jurisdicción de las Juntas Locales Autónomas para los servicios y necesidades de las localidades en que ellas actúan”. Habla de “rentas”, cuya amplísima determinación está detallada en el art. 46 de la misma ley, en veintinueve numerales y literales referidos al origen de las mismas, sin establecer limitación alguna en cuanto a su destino.
Este viejo artículo, tiene que ser un antecedente a considerar, si se lo actualiza para las realidades municipales actuales.
Algunos Gobiernos Departamentales, dictaron normas que tomaron como base el citado art. 60, y lo están aplicando sin inconvenientes. Por ejemplo, en Treinta y Tres a través del Decreto No. 9/2010, de 27/10/2010, art. 15; y en Cerro Largo a través del Decreto No. 41/2010 de 17/12/2010, art. 35, que concretamente estableció que la totalidad del impuesto de Contribución Inmobiliaria urbana de los inmuebles situados dentro de la jurisdicción territorial de los respectivos Municipios, sería destinado como fuente de su financiamiento. Por su parte. en Lavalleja, en el Decreto No. 2952, que es el Presupuesto del Gobierno Departamental Ejercicio 2011-2015, se previó: “Art. 67. Los municipios tendrán como fuente de recursos la Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana, y la Patente de Rodados generada por los vehículos empadronados en la localidad, y los demás impuestos y tasas que se recauden en el mismo art. 68. Autorizase a la Intendencia Departamental a otorgar partidas adicionales como forma de mantener el funcionamiento y los servicios básicos indispensables en los mismos”.
A mi juicio, iniciativas como las mencionadas, no pueden quedar sometidas a la voluntad política de cada Gobierno Departamental, sino que deben ser incluidos en una ley que comprenda a todos los Municipios en general, por tratarse de un tema realmente importante. Es aconsejable tenerlo en cuenta para una próxima reforma y actualización de nuestra legislación municipal.