Por Gustavo Varela
El gobierno departamental, en el año 2021, modificó, mediante un decreto que fue votado por la Junta Departamental la denominada Tasa de Alumbrado Público,
Dice el decreto que, “Serán contribuyentes de la tasa de alumbrado público quienes figuren como titulares de servicios de energía eléctrica suministrada por UTE en cada padrón urbano, rural o centro poblado del departamento. Y para el caso de que no se pueda vincular un servicio con una persona, por ejemplo, terreno baldío, el cobro se hará directamente en el recibo de Contribución Inmobiliaria.”
Digo modificación, pues en el pasado, se pagaba por el valor del inmueble que tenía el contador medidor de luz.
Y es importante establecer que es una tasa y no un Impuesto, que son cosas diferentes.
La diferencia entre tasas e impuestos es que los primeros se cobran como contraprestación directa de un servicio que recibe el ciudadano. Mientras en los impuestos no tiene porqué existir esa relación directa.
Pero además, lo que se cobra como contraprestación directa de un servicio en la tasa, debe tener una razonable equivalencia entre lo que se cobra y el servicio que recibe.
Hasta ahí todo bien, aunque no compartimos cobrar una suma fija que asciende entre 300 y 700 pesos, cuando puede ser muy injusto que dos viviendas que se encuentran linderas, con diferentes valores de mercado, paguen la misma cifra, pero bueno, así fue el mensaje que envió nuestro “marcopolense” Intendente.
Pero hete aquí que revisando el pago de la Contribución Inmobiliaria de un padrón ubicado en Arenitas Blancas, me encuentro con la sorpresa que le cobran un rubro llamado Tasa de Alumbrado Público por un monto aproximado a los $.1.800 por trimestre, o sea alrededor de $.600 por mes, y la bombita de luz de alumbrado más cercana está ubicada a 100 metros.
Literal, no tiene alumbrado en el frente del terreno, viven a la sombra de la oscuridad, pero la Intendencia le cobra dicha tasa.
¿Se podrá decir que no es un Barrio que padezca necesidades?
Sí, obvio.
Pero es territorio donde se debe de respetar la ley, por los ciudadanos, pero también por el gobierno departamental, aunque en el mundo del Intendente Lima, quizás no se haga.
Aparte de haber sido un fiscalazo la implementación de dicha Tasa, es de una enorme injusticia que propietarios de padrones cuyo servicio de alumbrado es inexistente, tengan que pagar igualmente dicha tasa.
¿Adónde queda aquello de la justicia social que pregona, pero no practica el Frente Amplio?
¿Cómo es posible que la Junta Departamental haya votado esa norma, que lo único que hace es ser recaudatoria-confiscatoria, perjudicando a miles de salteños que padeciendo vivir en lo oscuro, en forma directa en la contribución, o indirecta en el recibo de la luz, la obligan a pagar por un servicio que no recibe?
¿No piensan en la población los legisladores departamentales cuando levantan las manos en contra de los intereses reales de la gente?
Mientras tanto, nuestro Intendente sigue de paseo por el país.
