jueves 18 de julio, 2024
  • 8 am

“Decretazo”… y “beneficio a los malla oro”

Cecilia Eguiluz
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Cecilia Eguiluz

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Por Cecilia Eguiluz
Mucho se ha hablado por años de la renovación de la matriz energética a partir de fuentes renovables, son ejemplo de ellos los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas.
En este período de gobierno, Cabildo Abierto tiene un representante en el Directorio de UTE, el Dr. Enrique Pées Boz, quién ha tenido una participación activa y muy crítica sobre los contratos denominados PPA.
Estos contratos aún seguirán vigentes por unos 10 y hasta 20 años más y obligan al Estado a seguir pagando sobreprecios y excedentes a sus proveedores. Para tener una idea, hoy por esos contratos, en energía fotovoltaica UTE paga a los proveedores privados USD120 el megawatt cuando el costo es de USD30.
Por la energía eólica hoy paga USD95 el megawatt mientras que el costo es de USD40 y está a la baja. La estimación de UTE es que ambas energías van a tener un costo de USD30 el megawatt en los próximos años, pero el Estado uruguayo sigue obligado a pagar el precio convenido mientras estén vigentes los contratos.
La cuantificación de la pérdida contractual futura es de unos 3.500 millones de dólares.
Lo cierto es que UTE, no paga ese sobreprecio y se queda con la pérdida, sino que esa pérdida es trasladada a los usuarios, que somos 1.600.000 en todo el país.
Con estos números se entiende porque tenemos las tarifas más caras de la región. Pero la situación de esta privatización tan nefasta sigue.
Lamentablemente, el 17 de mayo se firmó un Decreto Presidencial, con la anuencia del MIEM, MEF y MA, que privatiza aún más la generación de energía.
A través de este “decretazo” se autorizó a los privados a vender directamente energía a los “grandes consumidores” de UTE, que son el 20% del consumo de energía del ente estatal, unos 400 consumidores.
Así que esos “grandes consumidores” podrán comprar directo a los privados, más barato que lo que le compran a UTE, situación que de darse acarreará una pérdida de 280 millones de dólares anuales.
UTE debe seguir funcionando y dando energía a sus usuarios y a su vez pagar 10 o 20 años que restan de esos contratos que implican el 43% del presupuesto operativo de la empresa.
¡Solamente durante el año 2023 representan una erogación de USD580 millones!
Está claro que la empresa pública UTE no va a asumir las pérdidas, nunca lo hace. Es altamente probable que lo traslade a las tarifas, redundando en un aumento que ronde entre 10% y 15%.
La generación de energía de nuestro país comenzó a privatizarse durante los gobiernos del FA y lamentablemente sigue en éste gobierno. Ya el 50% de la energía que provee UTE es de privados con contratos PPA, u otro ejemplo que es UPM2 al cual el Estado está obligado a comprar 250 megawatt hora a 72 dólares. Esos privados son rentistas, no empresarios, o sea no asumen riesgos, al riesgo lo asume UTE, porque está obligado a pagar los excedentes.
Este tipo de despilfarros hechos por contratos o decretos no pasan por el Parlamento y solo benefician a unos pocos. Esto ya ha pasado, con las zonas francas, las exoneraciones, la concesión del puerto de Montevideo y otros beneficios a empresas que comprometen a varias administraciones para adelante.
Cabildo Abierto considera que hay que defender a las familias antes que nada. El Senador Guido Manini Ríos sigue insistiendo en el proyecto de ley presentado por CA para que todos los contratos y concesiones que trascienden un periodo de gobierno obligatoriamente pasen por el Senado de la República. Que se revisen antes de firmar, que requieran “Venia” y que tomen estado público para que la gente sepa y forme opinión.